Por Carlos Heller, diputado nacional, Partido Solidario
En el acumulado de 2016 que recoge el Estimador Mensual Industrial (EMI), todos los bloques evidenciaron mermas en la producción. Tampoco es posible observar una recuperación en diciembre, como sostienen algunos funcionarios y analistas. El EMI marcó para ese mes (comparado con igual período del año anterior) solo cuatro bloques con aumentos, entre los que se destacan el alimenticio (1,9%) y el automotor (31,4%), este último con condiciones excepcionales en dicho mes. Las caídas productivas abundan y son pronunciadas, destacándose la industria textil con una merma en diciembre del 45,7% para los hilados de algodón y del 23,3% para los tejidos, además de una caída del 34,8% para las fibras sintéticas y artificiales.
Reforzando estos datos, en la semana se conocieron las estadísticas de utilización de la capacidad instalada en la industria para todo 2016 (64,5%), el valor más bajo desde 2002, es decir, la mayor capacidad ociosa en 14 años, evidenciando una verdadera crisis. La «herencia recibida» había dejado en 2014 (año de amesetamiento económico) un nivel de capacidad instalada del 70,8%, mientras que el último dato conocido para 2015, el del mes de septiembre, llegó al 73,6% (el nuevo Indec no publicó los datos del último trimestre de 2015).
Si medimos la utilización de capacidad instalada en diciembre de 2016, arrojó el 63,6%, un nivel más bajo aún que el promedio, indicando un deterioro en el último mes del año, con una merma significativa para el sector textil hasta el 48,9% (luego de promediar el 76% en 2014).
En el caso del sector textil, a la retracción del consumo se sumó la importación de ropa de tejido de punto y de tejido plano, que aumentaron el 91% y el 60% interanual el mes pasado respectivamente, explicando los malos datos productivos del sector.
El salario mínimo perdió en 2016 el 29% de capacidad de compra de la canasta básica de alimentos, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El informe detalla que mientras que en 2015 con el salario mínimo se podían adquirir 7,6 canastas de alimentos, en 2016 la cifra descendió a 4,4 cestas.
El consumo también recibió el impacto del menor poder de compra. La venta de alimentos, bebidas y productos de higiene y tocador en los hipermercados, supermercados, almacenes y autoservicios cayó 4,7% en 2016 según un informe de la consultora CCR.
Para Kantar Worldpanel, la caída en el consumo fue del 4% para todo el 2016, pero de un 6% en el último trimestre del año, indicando un empeoramiento, y echando por tierra las predicciones de recuperación que se intentan instalar desde el gobierno. Para el director comercial de Kantar, «el año terminó con un fuerte ajuste en los hábitos de compra del hogar: en el primer semestre (los consumidores) resignaron marcas de todos los sectores de consumo y buscaron canales más económicos; en el segundo, además, achicaron el tamaño de compra por primera vez en 12 años».
Estos datos, que evidencian los resultados de una profunda recesión, tienen un efecto concreto sobre el trabajo. En el primer mes del año la destrucción de puestos de trabajo y suspensiones alcanzó a 3617 personas, concentrados en el sector industrial que fue responsable del 70% de esta merma. Según datos del CEPA, el total de desempleados ascendió a 241.774 desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Los despidos totales del sector privado acumulan 131.072 puestos y las suspensiones suman 39.739 trabajadores.
En definitiva, un suceso lleva al otro y se retroalimentan, dado que no hay políticas específicas para regular y estimular la economía sino todo lo contrario: así, el menor poder de compra de los salarios afecta el consumo, este a la producción, y por esta vía se destruyen puestos de trabajo. Un círculo vicioso que es fortalecido por la importación indiscriminada de productos.
En este aspecto, el índice de precios del Indec para enero de 2017 marcó un aumento del 1,3% (muy por debajo de las estimaciones privadas de consultoras y gremios). Resulta preocupante, puesto que aparece como un efecto derivado de la recesión imperante. De hecho, el rubro de indumentaria indicó una baja del 2,2%, y más allá del adelantamiento de las ofertas, no podría descartarse que esta baja de precios esté vinculada con la fuerte importación de productos desde países con salarios de hambre. Una muestra de lo que significa la «competitividad» con total apertura comercial.
Más allá de algunos matices, es la misma evolución que se observa en Brasil. De hecho, en 2016 esa economía se habría encogido un 3,5%, sumándose al 3,8% de 2015, un encadenamiento no visto desde la década de 1930. El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, se mostró entusiasmado con su magra proyección de suba de 1% para 2017, el doble de la esperada por los mercados. No es para menos: la inflación de enero mostró la menor tasa mensual desde 1979, lo que llevaría al gobierno del vecino país a cumplir con la meta este año. Pero no hay que perder de vista el desempleo, que llegó a un nuevo récord en 2016 (12%), el otro componente de la típica receta neoliberal.
Conflictos de intereses
Según la canciller Susana Malcorra, Macri busca una reunión con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, «lo antes posible». El encandilamiento con la política estadounidense sigue siendo una constante del gobierno macrista.
Mientras tanto, Trump ha tuiteado: «mi hija Ivanka ha recibido un trato tan injusto de Nordstrom
Terrible». Es una crítica a la cadena Nordstrom por retirar de la venta en sus locales la marca de Ivanka Trump, supuestamente como reacción ante el boicot de sus clientes. Sin duda Trump cruzó una línea ética, y la sociedad norteamericana deberá lidiar con estos temas. Pero pareciera que sus procederes son acompañados en estas latitudes.
Dos noticias importantes hubo aquí en la semana. La justicia rechazó el amparo por el decreto de Macri sobre la inclusión de familiares de los funcionarios en el blanqueo de capitales, una norma que varios políticos indican como hecha a la medida de Franco Macri. El decreto vulnera la voluntad de los legisladores, muchos de los cuales votaron la ley a condición de que estuvieran exceptuados los familiares de funcionarios.
También en la semana se conoció el acuerdo firmado en junio pasado entre el gobierno y la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri. La fiscal Gabriela Boquín denunció que dicho acuerdo implica una quita del 98,82% sobre la deuda original. Funcionarios del gobierno sostuvieron que «no se le perdonó un mango, ni siguiera los intereses». De la deuda original de 2001 por $ 296 millones (en ese entonces equivalente a la misma cantidad de dólares) el acuerdo propone pagar a partir de 2018 $ 296 millones en 15 años y con un interés del 6% anual. Las cifras son elocuentes y el conflicto de intereses es por demás evidente.
La resolución de estos temas define claramente la calidad institucional de la gestión Macri. «
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