No distorsionar la realidad

En un caso fue el exfuncionario de Cambiemos, Alfonso Prat-Gay, quien señaló que “para frenar esa curva (la del Covid-19), hemos destrozado la economía”. Acto seguido dijo: “si no resuelven este tema (el de la deuda) es porque no quieren resolverlo. Si vamos a un default es un fracaso del que no supo negociar”.

Por su lado, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), sacó una declaración pidiendo por una vuelta “ordenada al trabajo y la producción” y planteó además que es fundamental evitar el default. Ambas posturas reflejan un mismo pensamiento de fondo: subordinar los intereses de la Nación a los de los grandes grupos económicos.

AEA también expresa que “el acceso al crédito internacional mejorará las perspectivas económicas, generará más empleo privado y favorecerá la realización de inversiones productivas en el país”. Una reminiscencia de la falsa “lluvia de inversiones”, que además parece desconocer que muchas cosas han cambiado, no sólo a nivel local. Nos encontramos ante un mundo que atraviesa una recesión de grandes dimensiones y una potencial crisis de endeudamiento a escala global, que ya se estaba acumulando desde mucho tiempo antes. Alberto Fernández fue claro al afirmar, en referencia al reclamo de los empresarios para flexibilizar la cuarentena que “Entre todos los argentinos están pagando los sueldos de sus empleados para mantener en pie el sistema productivo, así que no se abusen. Pareciera que aprovechan al Gobierno y a su vez castigan al que trabaja. Las dos cosas no se pueden hacer. El Gobierno está haciendo todo este esfuerzo para que la gente no padezca”. Y yo agregaría:para que la producción sufra menos.

Si se lee entre líneas, vemos que se intenta dar a entender que el gobierno hubiera tenido una opción más sensata que la que ha elegido, que hubiera una forma de evitar la caída en el nivel de actividad, y que incluso podría hacerse sin que se incrementara sustancialmente el número de contagios y de fallecidos. Una opción falsa, peligrosa, y escasa de ética. Creo que son cuestiones que no deben pasarse por alto y que encuentran en última instancia un denominador común: la pretensión de que el Estado se sujete a las reglas del “libremercado”, es decir, a las de los conglomerados empresarios concentrados.

No hace falta imaginar cuál sería el resultado en materia sanitaria de haberse seguido la lógica del Estado canchero, que no planifica sino que sólo arregla el terreno. En cambio, tenemos un gobierno que elabora planes para

tratar de solucionar las urgencias y además lo hace sin perder de vista el futuro.

En materia de deuda, hay un plan en marcha incluso desde antes de que se desatara la pandemia. Por ejemplo, se fijó el cronograma para la renegociación, que se ha venido cumpliendo con bastante precisión, algo que es mucho más destacable en el contexto actual. La falta de avances concretos tiene más que ver con la resistencia de una porción poderosa de acreedores que no se resigna a dejar de cobrar tasas de usura.

La reciente carta firmada por más de un centenar de economistas y premios Nobel del exterior, además de sumar un apoyo importante en la negociación, es un aspecto que aporta a la discusión local. Allí se valida la estrategia que sostiene el gobierno. Una estrategia que apunta a cerrar un acuerdo sin resignar soberanía ni recursos, lo opuesto a lo que se acordó con los bonistas litigantes en 2016.

En alguno de los pasajes más contundentes de la carta, se dice que “Argentina dio comienzo a su proceso de reestructuración de la deuda pública en forma constructiva, de buena fe y con el apoyo de todos los sectores políticos locales (…). Desde 2016 los acreedores extranjeros apostaron al comprar deuda con cupones (intereses) elevados, pero solo compatible con tasas de crecimiento extremadamente altas, que no se materializaron. En febrero, antes de que la crisis de la COVID-19 fuera grave, el FMI llegó a la conclusión de que la deuda pública argentina es «insostenible». Hay consenso en que la deuda es prohibitiva, ya que se duplicó la incidencia del pago de intereses sobre los ingresos fiscales. Para ser francos, el costo del refinanciamiento se tornó excesivamente alto”. Y son contundentes: “Argentina presentó a sus acreedores privados una oferta responsable, que refleja adecuadamente la capacidad de pago del país”.

Complementariamente, estamos en un mundo de bajas tasas y seguiremos estándolo por largo tiempo. La propuesta deja a los acreedores con un cupón de bonos promedio del 2,33 por ciento, en comparación con su promedio actual de algo más del 7 por ciento, que no es bajo, considerando el entorno actual de tasas de interés.

El viernes se cerró una etapa, ya que, como expresó el ministro de Economía: “Argentina permanece abierta al diálogo. Hicimos una oferta sostenible de buena fe y apreciamos que parte de nuestros acreedores ya la hayan aceptado”. Según Martín Guzmán, “seguimos siendo flexibles, se considerará cualquier combinación de intereses o reducción de capital, período de gracia y extensión de vencimientos que esté alineada con los análisis de sostenibilidad de la deuda del Gobierno de Argentina y del FMI. Estamos listos para escuchar”. Al cierre de esta nota, Alberto Fernández estaba discutiendo el tema con Guzmán; antes de la reunión, el Presidente se expresó en la misma dirección que los dichos del ministro de Economía.

Por eso llegar a un acuerdo es esencial para enfocarse en resolver las necesidades de la crisis por el coronavirus, pero también para empezar a proyectar un sendero de mediano y largo plazo para cuando termine la pandemia.

Es cierto que los últimos datos dan cuenta de una caída sustancial de la actividad, y que hay números bajos en términos de recaudación fiscal. Todo esto era esperable. La pregunta gira alrededor de cuáles son las alternativas. Desde mi punto de vista el gobierno eligió, dentro de los caminos posibles, el que mejor permite balancear la ecuación, con la finalidad de proteger la salud de la gente.

A la luz de toda la información disponible, se puede decir que hasta el momento a la Argentina no le ha ido mal, en un contexto donde no hay muchas certezas, pero sí una convicción profunda: cuidar la vida es la prioridad. Algunas consultoras ya proyectan que en Brasil y en México la postura de ignorar la gravedad de la pandemia podría elevar los costos sanitarios, financieros y sociales. En el caso de EE UU, el desempleo está superando las 33 millones de personas (la tasa más alta desde la Gran Depresión) y está en franco aumento. “La Unión Europea ha entrado en la recesión más profunda de su historia”, sostuvo el comisario de Economía del grupo, Paolo Gentiloni, ya que “la actividad económica cayó un tercio de la noche a la mañana” y se espera una reducción del PIB del 7,7% en 2020.

Debemos valorar el esfuerzo que venimos haciendo como sociedad. No es lo mismo empezar a flexibilizar de a poco ciertas actividades con el sistema sanitario mejor preparado, que si se hubieran mantenido abiertas desde el inicio de la cuarentena. Hubo un aprendizaje colectivo acerca de cuestiones sanitarias, sobre el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado de manos, que nos sitúan en una posición mejor de cara a lo que viene. Eso permite ir hacia un esquema gradual con cuidado, como está planteado desde el Gobierno nacional, teniendo en cuenta las distintas realidades locales.

Los desafíos siguen siendo inmensos y también se vinculan a realidades muy complejas, ya que la mayor vulnerabilidad es la que se da en los barrios más humildes, en los geriátricos y en las cárceles. No hay que mirar para otro lado. Es un reflejo de las grandes falencias estructurales de arranque, que como sociedad debemos empezar a abordar cuanto antes.