El 26 de abril el ministro de Economía Sergio Massa se reunión con la cúpula de la CGT y los movimientos sociales oficialistas. Allí, en el marco de la corrida cambiaria, propuso la convocatoria a una Mesa de Trabajo con empresarios para establecer consensos tendientes estabilizar la economía. La convocatoria buscaría pautar un acuerdo de precios y salarios por un período de 90 días. La iniciativa logró el beneplácito de los dirigentes cegetistas pero no generó el mismo entusiasmo por el lado empresario y, por el momento, no avanzó, al menos, en términos institucionales.
Este martes, sin embargo, a partir de la convocatoria del Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad (OEI), el titular del Palacio de Haciendo tuvo la oportunidad de exponer ante una treintena de dirigentes entre empresarios y sindicalistas a quienes convocó a avanzar en un consenso ya no de 90 días sino en un “largo plazo” que situó entre “diez a veinte años”.
Allí estuvieron, entre otros, Héctor Daer, Carlos Acuña, Gerardo Martínez, Jorge Sola y Andrés Rodríguez por la CGT y, entre númerosos empresarios José Urtubey (Celulosa Argentina), Gustavo Idígoras (Cámara Aceitera y exportadora de granos), Rodrigo Pérez Graziano, (Peugeot), Jorge Brito (Banco Macro), Sebastián Eskenazi (Banco San Juan) y Javier Madanes Quintanilla (Aluar-Fate).
La iniciativa, claro, no contó con la palabra de los invitados que se limitaron a escuchar al ministro acompañado de sus más estrechos colaboradores como el vice ministro Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcun y Jorge Neme, además del secretario de Producción e histórico dirigente de la UIA José Ignacio de Mendiguren. Tanto los empresarios como los dirigentes sindicales acordaron participar sin intervenciones propias ni declaraciones posteriores a los medios.
En su discurso Sergio Massa insistió en la “consolidación de ámbitos y de construcción de consensos” capaces de “forzar a la política” a ejecutarlos con el propósito de “definir un proceso de desarrollo económico y de desarrollo social de la Argentina”.
El ministro detalló que el impacto de la sequía implicará la pérdida de unas 17 millones de toneladas en exportaciones de granos sobre una planificación previa de 43 millones. Por ese motivo, explicó, “vuelve a aparecer la inestabilidad y nos obliga a volver a tomar decisiones, en algún caso antipáticas, audaces y creativas para compensar los problemas que tendremos que enfrentar a lo largo de los próximos siete u ocho meses”.
En ese marco defendió la decisión de impulsar una nueva versión del dólar soja, activar el swap para financiar el comercio con China que permitirá reemplazar el uso de 5 billones de dólares así como adelantar la importación de gas licuado en febrero de este año que, según precisó, aportó a un ahorro en importación de energía de prácticamente 2 billones de dólares con relación a lo pautado en el presupuesto para atravesar el invierno. El ministro insistió a la vez en el impacto de la inminente activación del gasoducto Néstor Kirchner que permitirá acceder a las reservas energéticas del yacimiento de Vaca Muerta y, como mínimo, reducir la importación de ese recurso vital.
Además, adelantó el anuncio de una medida inminente cuyos detalles prefirió omitir orientada al sector automotriz tendiente a minimizar la demanda de dólares del sector a través del uso de otras monedas.
Por eso, intentó restar dramatismo a la escasez crónica de dólares que sufre la economía argentina. Massa señaló que “si Argentina tiene niveles de producción altos en estos sectores (por energía, minería y agroindustria) el proceso de acumulación de reservas, aún con los niveles de endeudamiento que tiene la Argentina, están claramente garantizados a lo largo de los próximos años”.
La CGT, que en su documento del 1° de mayo planteó la necesidad de un «gran acuerdo político, económico y social» está esperando una convocatoria de orden institucional que, del lado de los empresarios no parece tener eco, al menos de parte de un gobierno que, evalúan, atraviesa los últimos meses de gestión.
