Casi desde el momento mismo de su rúbrica, en junio de 2018, desde muchos sectores se dijo que el acuerdo stand by entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional estaba flojo de papeles. La decisión del presidente Alberto Fernández, formulada en el inicio de las sesiones legislativas, de presentar una “querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra” es un paso concreto para determinar si hubo delito en la negociación y firma de ese convenio.

La novedad trajo cruces mediáticos en Twitter entre defensores y críticos de aquella negociación. Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, la justificó diciendo que “el préstamo se usó casi todo para pagar vencimientos de otras deudas”. Matías Kulfas, actual ministro de Desarrollo Productivo, lo rebatió: “El crédito del FMI otorgado a la Argentina durante 2018 y 2019, cancela, en gran medida, deuda intra sector público, que tiene mayor probabilidad de refinanciación”.

En particular, el gobierno quiere que los jueces esclarezcan tres preguntas claves: cómo, por qué y para qué se negoció ese préstamo. Y sospechan que las respuestas a esos interrogantes dejarán en claro la naturaleza del acuerdo.

El cómo remite a la falta de debate y la ligereza con que se tomó una deuda que iba a impactar por años en la economía del país y en la calidad de vida de sus habitantes. “Se incumplieron las normas formales. No hubo acto administrativo de otorgamiento del crédito” dijo Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en un hilo en el que expuso ese y otros tantos cabos sueltos del stand by.

En cuanto al por qué, en la Rosada aseguran que fue un intento de sostener políticamente a Mauricio Macri para que lograra su reelección. Para demostrarlo muestran la estructura del préstamo: de los 57 mil millones de dólares acordados, el 90% iba a llegar antes de los comicios (la última cuota, a pagar en julio de 2019, fue suspendida por los incumplimientos por parte del gobierno de Cambiemos).

Para reforzar esa tesis, remiten a las declaraciones del presidente del BID, Mauricio Claver Carone, quien siguió de cerca la negociación desde su cargo de asesor de la Secretaría del Tesoro estadounidense en tiempos de Donald Trump. ”Yo estaba en el Fondo Monetario, y el programa más grande en la historia lo ocupamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado la elección, es una cuestión”, reconoció Claver en una videoconferencia organizada por el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, según cuenta Infobae. El mismo portal señala que en una minuta entregada a los organizadores antes del evento, el abogado ratificó que el objetivo del préstamo era apuntalar la reelección de Mauricio Macri para evitar el regreso del peronismo.

El para qué está vinculado a la fuga de capitales. Un informe del Banco Central revela que desde mayo de 2018, inicio de la corrida bancaria, hasta el fin del gobierno de Mauricio Macri, salieron del sistema financiero U$S 45.100 millones, suma casi idéntica a los U$S 44 mil millones que prestó el FMI. El Central destaca que, como si fuese una maniobra bien orquestada, “la fuga de capitales presenta una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por U$S 24.679 millones”.

De este último punto se desprende, como mínimo, una displicencia del Fondo para hacer cumplir su propio estatuto: el artículo VI establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. Por esa razón, entre otras, el organismo realiza dos investigaciones paralelas, una a cargo de su Oficina de Evaluación Independiente y otra del propio staff técnico que en 2018 había dado luz verde al acuerdo.