Las acciones de la petrolera perdieron un 25% en un mes. En los próximos días, los acreedores analizarán la nueva propuesta para reestructurar U$S 6600 millones postergando el pago de intereses por dos años.
En los últimos días, la compañía reformuló la propuesta de canje de sus bonos. A pedido de sus acreedores, aceptó mayores intereses en los nuevos papeles, que vencerían en 2026, 2029 y 2033, y puso como garantía el 50% de su controlada YPF Luz, que se dedica a la generación de energía eléctrica. Además, accedió a elevar el quórum necesario para cerrar la operación.
La asamblea de tenedores de deuda debatirá estos cambios el 11 de febrero. En ella aparecen actores protagónicos de otro canje resonante, el que el gobierno nacional concretó en septiembre. Por ejemplo, fondos de inversión como BlackRock, Fidelity, Ashmore y Oaktree, entre otros. Algunos son representados por el estudio neoyorquino White&Case, que también fue intermediario aquella vez, y otros por un abogado argentino, Marcelo Etchebarne, socio nada menos que de un exembajador de Estados Unidos en el país, Noah Mamet.
En juego hay alrededor de U$S 6600 millones, sobre los cuales la petrolera pretende no pagar ni siquiera intereses por los próximos dos años. El objetivo es volcar ese dinero a la inversión para cumplir con las metas pactadas con el gobierno al ingresar en el Plan Gas: las entregas del fluido prometidas a la Secretaría de Energía le reportarán una facturación bruta de U$S 2700 millones hasta 2024.
Como todo lo que tenga que ver con el giro de dólares al exterior, la operación es seguida de cerca por el Estado. Es que YPF es un leading case para las empresas que tienen compromisos con el exterior: apenas el Banco Central las obligó a buscarse divisas por su cuenta (sólo les habilita a comprar en el mercado oficial el 40% del total), la empresa salió a refinanciar sus obligaciones más urgentes.
También por eso el ministro de Economía, Martín Guzmán, respaldó la estrategia: “Se está buscando poner orden a una empresa que fue dañada”, dijo en su reciente visita a La Pampa. El dardo fue para el macrismo, bajo cuya gestión la compañía redujo la inversión a la mitad y resignó participación en el mercado.
Números en rojo
En realidad, los números de YPF, el mayor productor de petróleo crudo y gas del país, son muy malos. Según el último informe a los inversores, en el tercer trimestre de 2020 perdió U$S 482 millones de dólares. Tanto el EBITDA (el margen de ganancia bruto antes de pagar impuestos, intereses y amortizaciones) como las inversiones de capital cayeron el último año en U$S 1500 millones y la producción descendió 10 por ciento. La deuda total fue valuada en U$S 8207 millones, de los cuales un 25% vence entre este año y el próximo.
En el horizonte está Vaca Muerta, el yacimiento que pasó de ser sinónimo de riqueza a volverse inviable cuando el brote de coronavirus derrumbó los precios del petróleo. Ahora, con el barril de Brent otra vez a 55 dólares, posicionarse allí vuelve a ser rentable. Para dar ese paso, la compañía admite que “las perspectivas de crecimiento para 2021 requerirán nuevo financiamiento” y que espera tener “una visión de mediano plazo antes de anunciar nuestro plan estratégico plurianual”.
Está claro que los fondos frescos necesarios para las inversiones no saldrán de las estaciones de servicio. CECHA, la cámara que agrupa a las empresas que comercian hidrocarburos, estimó que en 2020 las ventas de combustibles cayeron 19,7% a causa de la pandemia. El precio de la nafta en el surtidor aumentó 34% en el último semestre (sólo en el último mes se aplicaron dos subas), pero el gobierno es reacio a nuevos ajustes que puedan exacerbar la inflación.
Puerta de salida
En medio de estos bretes, Guillermo Nielsen dejará la presidencia de YPF. Su destino será una embajada en Arabia Saudita. “Hasta que se concrete mi salida seguiré gestionando activamente el mejor acuerdo en el proceso de refinanciación de las deudas en curso”, dijo el propio Nielsen.
En los pasillos de la Casa Rosada recuerdan cuando el hombre, a quien muchos le calzaron el traje de ministro de Economía antes de que apareciera Guzmán, anunció por las suyas una suba de las naftas apenas 20 días después de asumir su puesto. Un llamado telefónico del presidente Alberto Fernández desactivó el aumento y dejó al exsecretario de Finanzas fuera de juego. Su poder se fue perdiendo de a jirones. En abril llegó un nuevo CEO, Sergio Affronti (quien había secundado a Miguel Galuccio cuando lideró la empresa entre 2012 y 2015), y de su mano otro gerente financiero, Alejandro Lew, quien se cargó al hombro el arreglo de la deuda. Nielsen se termina yendo en medio de la indiferencia, casi por decantación.
En su lugar llega el diputado santacruceño Pablo González, un pingüino sin mayores antecedentes técnicos, pero más alineado con el secretario de Energia, Darío Martínez, y con los funcionarios del área que responden al cristinismo duro. Se supone que de su mano habrá mayor exploración en su provincia y una mayor descentralización operativa. Al fin y al cabo, ese era el sello de Galuccio, a quien la vicepresidenta Cristina Fernández no deja de extrañar. «
La curiosa opinión de Aranguren
Un sugerente artículo publicado por el diario Clarín, con duras críticas a la actual situación de YPF, sirvió para el retorno al debate público de Juan José Aranguren.
Como ministro de Energía de la gestión de Cambiemos, Aranguren fue responsable de fijar la estrategia de la petrolera estatal, la misma contra la que compitió durante sus 38 años en Shell, empresa a la que ingresó en 1977 y que comandó hasta su ingreso a la función pública (y de la que conservó acciones cuando era ministro, en una clara incompatibilidad).
“La compañía necesita generar caja para invertir más en producción de gas y petróleo. Si no puede trasladar el incremento de sus costos al precio de los combustibles, se le genera un problema serio”, opinó Aranguren, durante cuya gestión el valor del litro de nafta se duplicó de $13 a 26 pesos.
Según el portal especializado en el sector petrolero Econojournal, en ese período, las inversiones de YPF, que el exfuncionario ahora reclama como prioritarias, bajaron de U$S 6600 millones anuales a solo U$S 3400 millones.
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