Los jubilados financiarán con menores haberes el acuerdo nacional de Macri

Desde la victoria de Cambiemos en las elecciones legislativas del 22 de octubre, el presidente Mauricio Macri se tomó tres semanas para blanquearles a los 24 gobernadores los costos políticos que deberán afrontar, en conjunto, para reducir el déficit fiscal en los próximos dos años.
Para reordenar los fondos coparticipables, en el Ministerio de Hacienda diseñan la creación de asignaciones específicas del Tesoro nacional y una ingeniería financiera cuya pieza más delicada, y polémica, es el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria que apuntaría a reducir el incremento de los haberes previsionales y que daría la base monetaria para el acuerdo entre Macri y los gobernadores.

Para justificar una política semejante, el Presidente afirmó ante los jefes provinciales en la reunión del jueves último: «La ANSES está al borde de la quiebra».

«La reforma previsional es clave porque uno de los factores más importantes son los ingresos para la ANSES, que están atados a los impuestos: redujimos el dinero de Ganancias y lo reemplazamos con el reordenamiento del Impuesto al Cheque», se justificó un funcionario de la jefatura de Gabinete ante las consultas de este diario. El problema es que las cuentas no cierran (ver aparte). O, mejor dicho, sólo cierran con una caída en los ingresos de los jubilados –se menciona del orden de los 100 mil millones de pesos anuales– y con una fuerte reducción de los ingresos de ANSES, calculada en torno de 180 mil millones de pesos anuales.

Entre las argumentaciones que esgrimió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a los gobernadores, hay un decálogo de comparaciones y críticas al actual sistema de movilidad jubilatoria. El gobierno sostiene que en la base de reparto previsional hay tres criterios distintos para distribuir 1,001 billón de pesos anuales (millón de millones), con una fórmula poco clara, poco transparente y discrecional, con agravantes –de acuerdo con esa opinión– como la adecuación excajas jubilatorias provinciales y la última moratoria.

Azuzándolos con el palo de la inexorable quiebra de ANSES, se le presentaría al gobierno un escenario previo, en el marco de la reforma laboral en diseño, para impulsar la implantación de un sistema jubilatorio mixto, con un componente de reparto, como el actual y la reexperimentación de un sistema privado, como el que funciona en Chile.

«Van a echar mano a la ANSES porque con lo que le quitan con Ganancias no lo reponen con el Cheque, entonces eso va al desfinanciamiento de la ANSES como una etapa previa a la reforma previsional que buscará el gobierno para crear un sistema privado de jubilación», dijo ayer el economista Rubén Lo Vuolo en declaraciones radiales, primer impulsor de la Asignación Universal por Hijo y exasesor económico de Elisa «Lilita» Carrió. En su opinión, hay similitudes con la experiencia de los años ’90, cuando hubo una rebaja de aportes patronales que llevaron al desbalance del sistema previsional y su posterior crisis. «No es lo mismo, pero algo se incuba», agregó.

Los argumentos que deslizan en el gobierno no desmienten al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien aseguró que las actualizaciones jubilatorias serán de acuerdo a la inflación, pero la ingeniería que tienen en sus escritorios incluye un juego de varias piezas clave: la firma de un pacto fiscal (que está en plena negociación con los gobernadores), el envío de una ley de reforma impositiva, que podría ser girada al Congreso mañana, y una reforma de impuestos provinciales, con especial énfasis en los Ingresos Brutos. La cuarta pieza, tan importante como las otras, es «el paquete de leyes» que prepara el Ejecutivo en materia previsional, con eje en la movilidad jubilatoria.

«El presidente lo dijo claro en la reunión (con los gobernadores), acá todos tenemos que ceder un poco, y en esta negociación todos perdemos un poco: la Nación, las provincias y los municipios», contó el vocero de un gobernador de Cambiemos a este diario. La frase es la ilustración gráfica del movimiento fiscal que negocia el gobierno con los mandatarios provinciales. El objetivo, según insistió Macri, es «lograr el equilibrio fiscal lo más pronto posible y bajar la inflación para crear más empleo», aunque eso implique generar cambios drásticos en un sistema jubilatorio que, desde la última moratoria, alcanza casi a la totalidad de las personas en edad de hacerlo.

Entre quienes dibujan la ecuación que revisa el entorno presidencial, sobre textos que aún no han sido enviados al Congreso, hay cierto arrepentimiento por el pago y financiamiento por la aplicación de la «ley de reparación histórica», que apuntó a evitar los juicios entablados por jubilados contra el Estado por el reajuste de sus haberes. Aunque se trata de una iniciativa oficial, que le generó un altísimo rédito electoral al gobierno, la erogación no fue mencionada por el presidente como una de las razones sobre la presunta quiebra de la ANSES. Tampoco aparece en los gráficos y estadísticas que Hacienda les entregó a los gobernadores.

Plata para La Plata

El ajuste sobre la ANSES y las jubilaciones se da en el marco de un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia presentado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para recuperar 50 mil millones de pesos anuales del Fondo del Conurbano Bonaerense. Macri arrancó la reunión del jueves último con los gobernadores con una certeza: el desenlace de las peleas de cada provincia con la Nación por la coparticipación federal depende, en gran parte, de reordenar el sistema impositivo y previsional.

La punta de ese iceberg surge de la oferta que le hizo Macri a Vidal para que retire la demanda ante la Corte, cuyo desenlace podría beneficiar a Buenos Aires, con la anulación del tope de los $ 650 millones que recibe actualmente, pero con consecuencias políticas negativas para el resto de los estados provinciales.

La tormenta judicial, en rigor, aparece promovida por el mismo oficialismo que ahora busca resolverla, pero dentro de la Casa Rosada contestan que la administración bonaerense puso ante el máximo tribunal un reclamo de relativa victoria que las gestiones anteriores, como la de Daniel Scioli, no quisieron presentar desde que la caja millonaria del Fondo del Conurbano tuvo un techo de 650 millones, impuesto en la Ley del Impuesto a las Ganancias, que Vidal ahora quiere impugnar judicialmente.

A cambio de sacar ese reclamo de la Justicia, el gobierno nacional propuso una restitución del monto reclamado, en cuotas, financiado en parte por el Estado federal, pero a partir del cambio clave en el sistema de financiamiento de las jubilaciones. Según la oferta, Vidal recibirá 20 mil millones de pesos este año, 40 mil millones el año que viene y 65 mil millones en 2019, un desembolso que, según confiaron desde el gobierno provincial, no sólo será destinado a obras de infraestructura, sino también a financiar gastos corrientes y el pago de la creciente deuda pública bonaerense.

En La Plata, para iniciar la negociación, advirtieron que no levantarán el reclamo ante la Corte hasta que el cambio propuesto se transforme en ley y les garantice la «consecutividad» de esa caja, que sería financiada a partir de la ecuación que puso Macri en la mesa con los gobernadores, y que incluye una reforma impositiva, un acuerdo fiscal y la eliminación del artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, para redistribuir esa caja. A los 20 mil millones que recibirá tras esa eliminación, se le sumarán otros 20 mil millones de asignación específica del Tesoro. Vidal quiere que, a partir de entonces, los fondos que reciba la Provincia se indexen por la inflación, un punto que forma parte de la negociación.

A diferencia de lo que dicen cerca de Vidal, el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, aclaró que los fondos extra que recibirá Buenos Aires ya están contemplados en la letra del Presupuesto 2018, que la Legislatura bonaerense buscará aprobar el próximo martes, y que «serán íntegramente volcados a obras hidráulicas para evitar inundaciones, de agua y cloacas y rutas, que son los tres ejes de la obra pública de la Provincia».

Disputas bajo control

El primer desenlace, pero no el último, de gran parte de esas tensiones podría ocurrir el jueves que viene, cuando Macri vuelva a reunirse con los gobernadores. En esa mesa de redistribución de las cuentas públicas más grandes del Presupuesto nacional, el presidente también se comprometió a reducir los subsidios al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), para equipararlo con los que se aplican en el interior, con provincias, cómo Córdoba donde el boleto en colectivo cuesta 12,55 pesos.

El posible aumento en el transporte en el AMBA es sólo una parte de un toma y daca que incluye otro punto muy resistido por los gobernadores: la reducción de los impuestos que en la Casa Rosada consideran distorsivos, como los Ingresos Brutos y Sellos, además de algunas gabelas municipales, que en muchos casos representan el 70% de los ingresos de las provincias más grandes del país.

Esos mismos territorios afrontan la letra fina para limar impuestos a las economías regionales, dentro de un juego por el que resignarían coparticipación federal a cambio de supuestas mejoras en algunos impuestos que subirían, según el reciente anuncio del gobierno de Cambiemos. Una muestra es la altisonante pelea por el impuesto al vino que protagonizó el gobernador mendocino Alfredo Cornejo con Macri, aunque la disputa controlada se dio en el marco de Cambiemos, el mismo marco de la disputa entre Vidal y la Nación, por la pieza más importante de su entramado: el Fondo del Conurbano. «

La devolución del 15% de ANSES y la nueva coparticipación

El reciente viaje presidencial a Nueva York fue la ocasión que aprovechó Mauricio Macri para desatar uno de los nudos centrales de su relación con los gobernadores. Macri subió a Juan Schiaretti (Córdoba), Miguel Lifschitz (Santa Fe), Gustavo Bordet (Entre Rìos) y Omar Gutiérrez (Neuquén). Con ellos, pero en especial con los dos primeros, habría discutido una de las piezas menos advertidas de la mesa de negociación con los mandatarios provinciales: la devolución de los fondos retenidos hasta 2006 y destinados a la ANSES y que ya cuenta con sentencia favorable de la Corte Suprema. Aunque el Estado ya no les retiene ese porcentaje a Córdoba, Santa Fe y San Luis, aún no acordaron cómo será la devolución del total retenido. Con una resolución en su bolsillo, el presidente encabezó el primer round con todos los caciques provinciales.

Las provincias mantienen 56 litigios ante la Corte por 340 mil millones de pesos, que trepan a 740 mil millones si se suma el reclamo bonaerense por el Fondo del Conurbano, que entre retroactivos y ajustes exige 400 mil millones. El gobierno les propuso a los mandatarios provinciales desistir de todas esas causas en el marco de la negociación abierta la semana pasada, donde la centralidad de los fondos jubilatorios también está determinada por el fallo de la Corte del 24 de noviembre de 2015, un día después del balotaje y la primera decisión que recibió Macri por parte del máximo tribunal, 15 días antes de asumir la presidencia. Esa sentencia le dio la razón a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis y declaro «inconstitucional la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables» que realizaba hasta entonces el Estado Nacional, «sin el acuerdo de las provincias, para financiar la ANSES». La orden de la Corte cambió el financiamiento del organismo previsional y advirtió que «han transcurrido casi 20 años desde la fecha fijada por la Constitución Nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación federal». Ante el cimbronazo que en esos días sufrió el estreno de Cambiemos en el poder, el gobierno resolvió proponerles en 2016 a todos los gobernadores un acuerdo de devolución en cuotas del 15% retenido a las 21 provincias que no se presentaron ante la Corte. Ocho meses después, la Corte firmó una acordada en la que les pidió a las provincias que le informen si abandonaban la vía del reclamo judicial por el acuerdo con la Nación, pero los gobernadores contestaron que no desestimaban litigar. Ese punto también es parte del mapa de conflictos que la Nación busca destrabar.

Dentro de la Casa Rosada aseguran que Macri busca cumplir con la orden de la Corte de firmar un acuerdo de coparticipación federal como establece la Constitución desde su reforma en 1994. En esa ambiciosa maniobra, los fondos de los jubilados juegan una centralidad determinante, que Cambiemos utilizará en una minuciosa negociación que, por ahora, cuenta con el consenso de los gobernadores oficialistas y opositores.