El gasto con destino a la seguridad social cayó en términos reales a lo largo del último año. Las medidas extraordinarias dispuestas por el gobierno, como los bonos especiales para jubilados y pensionados otorgados por la Anses y el programa Alimentar, cuya implementación corre por cuenta del Ministerio de Desarrollo Social, no lograron equiparar la inflación del período.
Las conclusiones se desprenden de sendos estudios realizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). Ambos coinciden en situar esa reducción en un marco mucho más amplio, de recorte de los gastos corrientes de la Administración Pública que oscila entre 4,9% y 6,4%, según la manera en que se mida.
De acuerdo a la OPC, los pagos por jubilaciones y pensiones insumieron en los cinco primeros meses del año un total de $ 3,741 billones, con una caída en términos reales de 5,3%. La merma se debe a la diferencia entre la actualización de los haberes por aplicación de la ley de movilidad, que sumó 77,1% a lo largo del año, con la inflación del período. Esto se explica porque la fórmula de actualización, que toma en partes iguales la variación de los salarios de trabajadores activos y la recaudación de la Anses, tiene un rezago de tres meses que demora en reflejar el impacto de las mejoras paritarias, las que no siempre logran igualar el avance de los precios.
«Los bonos extraordinarios otorgados a los jubilados de menores ingresos ($ 10.000 en enero y febrero, $ 15.000 en marzo, abril y mayo), con un gasto asociado de $ 255.045 millones, no llegaron a compensar la caída. El agregado de las erogaciones de Anses se ubicó en $ 3.405.535 millones, con una caída real de 6,5%», señalaron en la OPC.
Actualmente la jubilación mínima se ubica en $ 70.938. La cifra no llega a la mitad de los casi $ 147.000 que necesita una pareja de jubilados para cubrir sus necesidades básicas, según el cálculo elaborado por el Cesyac (Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria). Esa suma aumentó en mayo un 8,97%, bastante por encima de la inflación del mes (7,8%).
Para cubrir esa diferencia, la Anses viene otorgando desde mediados del año pasado bonos extraordinarios para los que cobran la jubilación mínima, que arrancaron en 7 mil pesos por mes y que llegarán a los 20 mil pesos en agosto venidero. Su alcance es reducido, pero sin embargo alcanzó para que en el caso puntual de las pensiones no contributivas la evolución interanual del período haya sido favorable en 5,4%, ya que «por tratarse de prestaciones con valores inferiores a la jubilación mínima, el impacto de los bonos compensatorios es mayor», según puntualizó la OPC.
La AUH sale perdiendo
En cuanto a otras prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la baja del gasto devengado en el primer trimestre del año alcanzó el 9,2% interanual, según el cálculo de la ASAP. También se redujo en términos constantes la efectividad del Programa Alimentar, que cayó 4,2%.
De acuerdo a esa entidad, si bien el gasto en seguridad social se redujo un 2,1% en moneda constante con relación al primer trimestre del año pasado, no alcanza para cubrir el descalce de $ 433.000 millones con los ingresos del sistema (aportes y contribuciones más tributos con afectación específica). Esa diferencia equivale a un 15,8% del gasto en esos rubros. «El resultado (negativo) de la Seguridad Social muestra la necesidad de financiamiento adicional que hubo de realizar el Tesoro Nacional para asegurar el pago de las prestaciones y otros gastos asociados», explica la ASAP.
Recorte generalizado
La reducción en las partidas destinadas a la seguridad social es sólo una parte del recorte generalizado en los gastos de la Administración Pública. Según la OPC, en el acumulado enero-mayo cayeron 6,4% con relación al mismo período de 2022. El tijeretazo está vinculado no sólo a la necesidad de poner en caja el déficit primario (estimaciones preliminares lo sitúan en 1,7% del PBI para el primer semestre del año), sino en los menores ingresos vinculados al derrumbe de los derechos de exportación, que sólo en el primer trimestre dejaron de aportar unos $ 488.000 millones, según calculó la ASAP. Esa tónica, se cree, se mantendría a lo largo del año. «
