Los empresarios se muestran esquivos al planteo de Massa de cerrar un acuerdo por 90 días

Por: Martín Ferreyra

Tras la salvaje suba de precios con la excusa del dólar blue, aseguran que no fueron convocados por el ministro. Por lo bajo, admiten tener escaso interés en la propuesta oficial.

El ministro de Economía, Sergio Massa, envió esta semana un mensaje a las empresas que participan de la formación de los precios minoristas con la intención de tratar un posible acuerdo sobre precios y salarios.

Al cierre de esta nota la respuesta de las compañías era prácticamente nula, si bien en la dependencia oficial dijeron a Tiempo que «el fin de semana se podrían dar contactos».

Hacienda busca algún tipo de compromiso del sector privado que se traduzca en un freno de la escalada inflacionaria que, tras un primer trimestre histórico, se agravó la última semana como consecuencia de la disparada del dólar blue.

Pero del otro lado de la mesa prevalecía un silencio de radio, apenas interrumpido por algunos jugadores del mercado que recordaron que está vigente el programa Precios Justos en el que las empresas ya participan.

La idea se conoció el miércoles. El ministro recibió a referentes de la CGT y de algunos movimientos sociales, con quienes analizó los precios minoristas y su impacto en los bolsillos de la población a la par de la constante desvalorización del salario.

Ese día, en plena curva ascendente del dólar informal, Massa denunció «trampas» y «avivadas» que impactaron en la confianza de los consumidores y llamó a una nueva instancia de diálogo, esta vez con presencia empresarial, para «establecer un sendero para los próximos 90 días».

Con un optimismo que contrastaba con el marco general, el funcionario aseguró a los presentes que «de acá al viernes seguiremos trabajando para estabilizar los mercados y el funcionamiento macroeconómico, para convocar el fin de semana a los empresarios para trabajar juntos».

En el cierre de la semana era claro que, si las gestiones del gobierno estaban dando buenos resultados, los dirigentes empresarios convocados se estaban manejando con un altísimo nivel de reserva.

Informalmente, Tiempo pudo recoger algunos testimonios de referentes industriales y mercantiles que iban en sentido contrario al entusiasmo del Palacio de Hacienda.

En primer lugar, coincidieron en que no habían sido llamados formalmente. Tampoco sabían si se convocaría a gremiales empresarias o a empresas en forma particular.

En segunda instancia, manifestaban poco interés. Una multinacional alimenticia defendió su presencia actual en los programas de precios de referencia, donde argumentó que mantiene más del 90% de sus productos a precios congelados.

Por el lado del gobierno, llamó la atención que desde el primer momento se minimizó la participación de la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, aun cuando es la dependencia competente en precios, importaciones, exportaciones, defensa de la competencia, defensa del consumidor y otros de interés para cualquier mesa de precios y salarios.

La secretaría también es la que mantiene reuniones permanentes con los formadores de precios en las que presuntamente se tratan las estructuras de costos de las empresas y su incidencia en los precios al consumidor.

Al timón de la convocatoria está Sergio Massa, pero dos días después, el entorno del ministro aseguraba que la agenda «por ahora» no tenía definidas reuniones en el sentido de un posible acuerdo de precios y salarios, si bien tampoco descartaba la posibilidad de que todo comenzara a encaminarse de un momento a otro.

Sanciones

En la antesala de una posible cumbre con empresarios del comercio masivo, se conocieron multas de la Secretaría de Comercio a Coca Cola y Danone por vender al segmento de cercanía con precios hasta un 32,8% superiores a los que se permiten en Precios Justos.

También se informó que están bajo análisis por razones similares Cervecería Quilmes, Aguas de Origen, Molinos Río de la Plata, Pepsico Argentina, Arcor y Mastellone, todas empresas que se sientan a la mesa de las más determinantes a la hora de la formación de los precios que luego pagan los consumidores en góndolas y mostradores.

Los casos atribuidos a Coca Cola y Danone se comprobaron en fiscalizaciones realizadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las empresas recibieron multas por $ 40 millones y $ 45 millones respectivamente.

La información describió que «a través de operativos de fiscalización en estos comercios, se les solicitó las facturas de compras de múltiples proveedores a los fines de verificar si los precios de venta de esas empresas respetaban los aumentos de precios estipulados en Precios Justos. Luego de comprobar que las empresas aplicaban aumentos por fuera de la pauta del 3,2% acordada, se multó a Coca Cola y a Danone».  «

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