Los complicados números de la deuda que se esconden detrás del maquillaje oficial

Mientras el gobierno sostiene la idea de que el calendario de pagos de la deuda para 2019 está controlado, lo que sucederá a partir del año que viene se ha convertido en un punto clave de los debates económicos preelectorales. La discusión se genera a partir de la alta concentración de vencimientos para los años venideros. En el medio se coló el permiso que logró el Banco Central para contener el dólar con divisas que el Fondo Monetario Internacional envió con el fin de pagar deuda, lo que abre incógnitas sobre cómo reemplazará esos recursos.

Roberto Lavagna, un potencial candidato presidencial, puso el debate sobre la mesa. «Del diálogo político, lo más urgente que puede salir es la posibilidad de extender los vencimientos de deuda pública con el Fondo Monetario, porque es muy pesada y cae toda sobre el próximo gobierno», sostuvo ayer el exministro de Hacienda en una entrevista con Radio Mitre. Otros exponentes de la oposición, como Axel Kicillof y Sergio Massa, se manifestaron en términos similares.

El FMI no se hace cargo de la inquietud. «No se está discutiendo la posibilidad de cambiar el calendario de pagos. El organismo ya fue flexible y pragmático al hacer ajustes al programa», dijo esta semana su vocero Gerry Rice.

Este cobra, este no cobra

La gravedad de la situación varía según quién la pinte. En el programa financiero que presentó para este año y el que viene, el Ministerio de Hacienda sostiene que alcanzará con renovar el 40% de las letras (Letes y Lecap) que vencen hasta diciembre para cubrir las obligaciones de 2019, que según la versión oficial suman U$S 43 mil millones. Algunas ya se saldaron en los últimos días (cancelación de Bonar 2020 y 2024). Si ese umbral llegase al 67%, también se eliminarían las necesidades de financiamiento para 2020, año en que hay que responder por U$S 42 mil millones.

El documento hace una salvedad: «El programa financiero 2019 no contempla financiamiento neto intrasector público». Dicho en otras palabras, no se planea devolver los adelantos de utilidades girados por el Banco Central, ni los bonos suscriptos por la Anses, por citar los dos organismos estatales que más aportaron.

Eso explica la diferencia abismal entre los informes oficiales del propio gobierno. La Secretaría de Finanzas (que también depende de Hacienda) estima que de los U$S 332.192 millones de deuda pública relevados a diciembre del año pasado, más de un tercio (U$S 126.188 millones) fueron préstamos de agencias estatales. Por eso ubica los vencimientos de capital para el año que viene en U$S 27.758 millones, mientras que el gobierno sólo planea pagar bonos y créditos de entes internacionales por U$S 16.700 millones.

Esa forma de financiarse a bajo o ningún costo (los «papelitos de colores», como los llamaba el PRO hasta 2015 para criticar al kirchnerismo, sin avisar que una vez en el poder repetiría esa práctica) ya había merecido una advertencia del FMI. En junio del año pasado, en oportunidad del primer acuerdo stand-by, el organismo exigió que el gobierno devolviera gradualmente los U$S 25 mil millones en letras intransferibles colocados en el Banco Central, cuya situación patrimonial era muy débil. En la renegociación de septiembre esa cláusula quedó de lado.

Reservas bajas

La reciente habilitación al Central para que utilice sus reservas con el fin de evitar otra disparada del dólar es un arma más efectista que efectiva. La mayor parte de los U$S 68.111 millones en su poder son encajes indisponibles, swaps con el Banco de la República Popular de China y giros del FMI destinados a recapitalizar la entidad. Según la consultora Macroview, al 26 de abril las reservas libres de uso eran sólo de U$S 17.200 millones. Parece mucho, pero las dos corridas cambiarias del año pasado le costaron U$S 28 mil millones.

Si ese límite se supera, el Central podría apelar a los giros del FMI. El costo sería desfinanciar el programa oficial para estos dos años, que prevé utilizar U$S 28.400 millones de ese organismo para cubrir vencimientos. Es el «síndrome de la frazada corta»: habrá que elegir entre pagar la deuda o sostener el peso.

Las urgencias no se acaban en 2020. Según Finanzas, en el trienio siguiente (ya sin ayuda del FMI y devolviendo el stand-by) esperan compromisos por U$S 95 mil millones. Es parte del problema que Mauricio Macri deberá manejar, si logra la reelección, o de la pesada herencia que dejará a su sucesor. «

Llegó otra auditoría del FMI

Una nueva misión del Fondo Monetario Internacional llegó al país. Su objetivo es evaluar in situ el estado de las cuentas y elaborar un informe para el directorio del organismo. Si los técnicos evalúan que las metas comprometidas al 31 de marzo fueron cumplidas, se habilitará el desembolso de una nueva cuota por U$S 5400 millones, la quinta del extenso cronograma que comprende remesas por U$S 57 mil millones hasta junio de 2021.

Además de los aspectos contables, la delegación vendrá a constatar el marco social y político en que se desarrolla el plan de estabilización del dólar y de déficit cero que encaró el gobierno. Por eso, además de los encuentros que ya tuvieron lugar con funcionarios de segunda línea, mañana habrá una reunión con la CGT (ver página 14). Antes de partir, hacia el fin de la semana, los enviados se verán con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, responsables formales del acuerdo con el organismo.

Las dificultades para encarrilar la situación en Argentina complicaron la situación interna del Fondo. Muchos estamentos técnicos quedaron sorprendidos por la virtual anulación de la zona de no intervención y el visto bueno de los directores para que el Central implementara un sistema de flotación sucia del dólar a través del uso de reservas, algo que va en contra de los lineamientos del FMI. La posición de Estados Unidos, el país de mayor peso en el organismo, fue vital para sortear cualquier objeción. El miércoles, en la misma dirección, el presidente Donald Trump llamó por teléfono a Mauricio Macri para expresarle su respaldo a las últimas medidas económicas.

Quizás como reflejo de estas tensiones en el seno de la entidad, junto con Roberto Cardarelli, el habitual jefe de estas misiones, también viajó Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental. «