Los caminos que analiza el gobierno para impulsar la «guerra contra la inflación»

El dato de inflación del mes de febrero encendió todas las alarmas del gobierno. Mientras la negociación con el FMI ocupaba la cima de la agenda cotidiana, ni los dirigentes políticos del oficialismo y la oposición ni las encuestadoras que habitualmente se dedican a estas tareas vieron venir la suba de 4,7% en precios al consumidor que anunció el Indec el martes; tampoco el 7,5% en que se encarecieron los alimentos.

Por estas horas en el Ejecutivo hay una sucesión de reuniones tratando de definir cursos de acción que el presidente Alberto Fernández pueda anunciar a la brevedad. El mandatario dijo que “el viernes comienza la guerra contra la inflación en la Argentina” y si bien ese par de días puede dar un respiro para diseñar alguna estrategia firme, será tiempo también en el que la remarcación tendrá vía libre.

Inercia inflacionaria

Mientras tanto, la inercia inflacionaria sigue haciendo de las suyas. Un informe reservado de la Secretaría de Comercio Interior, reproducido por el portal BAE, señala que la canasta básica relevada en supermercados subió en la primera quincena de marzo 2,3%, seis décimas porcentuales por encima de lo que había sucedido en febrero. En harinas, derivados y cereales, en particular, la cifra es todavía más alta.

El recurso que el gobierno considera más viable, tal como lo adelantó Tiempo el martes, es el fortalecimiento de los fideicomisos en vigencia, o la creación de algunos nuevos, en el que los exportadores de algunas materias primas básicas aporten las ganancias extraordinarias que están obteniendo por el alza de los precios internacionales para subsidiar el mercado local. Ya está sucediendo con el aceite y la intención de las autoridades es replicarlo en el caso del trigo. Incluso se especuló con que el Estado compre por su cuenta grandes volúmenes del grano y los distribuya a precios económicos al sector molinero. Esto permitiría frenar la suba de la harina, el pan y todos sus derivados.

Otra alternativa bajo estudio es el incremento en los derechos de exportación. El propósito de esta herramienta, que fogonea el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, es desenganchar los precios que perciben los exportadores de la suba global causada por la guerra entre Rusia y Ucrania: el trigo, por caso, aumentó 40% en los últimos 30 días. Pero la idea choca con las dificultades del gobierno para imponer esa estrategia; el ministro de Agricultura, Julián Domínguez (que llegó al cargo justamente para recomponer la tirante relación con los dirigentes del campo) y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, no están de acuerdo con ese camino.

Además, esa medida no abarcaría a las verduras y otros productos frescos, que fueron los que mayor suba experimentaron en febrero. De acuerdo al desglose del Indec, la lechuga aumentó 72,7%, el tomate 40,8% y la cebolla 30,8%.

Mayor control regulador y debilidad política

Algunos sectores del oficialismo propugnan imponer un mayor control regulador. El diputado Carlos Heller, habitual vocero económico del Frente de Todos, sostuvo la necesidad de ir más allá de la góndola, “intervenir en las cadenas de valor” y conocer “todos los valores de la cadena de intermediaciones” para evaluar los márgenes de ganancia de cada sector que participa en el proceso.

Esa es la teoría que sostienen los supermercadistas, que sólo se consideran el eslabón final de la cadena. El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Servicios (FASA), Víctor Palpacelli, sostuvo que “en febrero se vieron muchos cambios, la gran mayoría de las empresas lo hizo, modificaciones importantes en departamentos como lácteos, bebidas, la misma carne que sostuvo precios muy firmes».

Pero la debilidad política de las autoridades se observa ya no en las dificultades para imponer controles de precios, sino incluso para consensuar acuerdos. El consorcio ABC, que reúne a los exportadores de carne, anunció que dejará de aportar la cuota de mercadería convenida en el plan Cortes Cuidados, que busca asegurar precios más bajos para la tira de asado, el vacío, el matambre, la falda y otros cortes populares.

Por su parte, Julián Domínguez anunció, tras una reunión con la entidad que «quienes no cumplan con los compromisos asumidos con las y los argentinos, no podrán continuar exportando carne». Como contexto, argumentó que la decisión surge «en el marco del conflicto bélico que impulsó subas a nivel global en el precio de los alimentos, situación que se suma a la crisis que atraviesa nuestra ganadería por la sequía, los incendios en Corrientes y el faltante de 1 millón y medio de cabezas.

También las empresas que participan del programa Precios Cuidados dejaron traslucir que pedirán un ajuste del 12% (el doble de lo que habían pactado en enero) para renovar el programa que vence en los primeros días de abril.

A todo ese cuadro de situación se le suma el futuro inmediato. En los próximos días comenzará a sentirse el efecto del incremento de los combustibles de entre 10% y 12% que se puso en marcha el lunes pasado. Los fletes y el transporte de cargas son el factor de transmisión al resto de los productos. Además, en abril se desarrollará la audiencia pública para tratar los nuevos valores del gas y la electricidad, en línea con el esquema que armó el gobierno para reducir los subsidios estatales. El recorte, está claro, generará aumentos en el costo de producción de muchos bienes, que por lógica también se trasladarán a los precios, fogoneando todavía más el proceso inflacionario.