Los bonos que otorgó el gobierno no conforman y asoman conflictos en varios frentes

El gobierno anunció el miércoles dos medidas con las que pretende paliar parcialmente la caída del poder adquisitivo de parte de los trabajadores del país. En una conferencia de prensa conjunta, las ministras de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y de Trabajo Kelly Olmos anunciaron el otorgamiento de un bono para los beneficiarios del Potenciar Trabajo por el equivalente a la mitad de la percepción mensual y una asignación de $24 mil para los trabajadores registrados privados.

El pago para los Potenciar Trabajo se producirá en dos veces. La primera cuota de $6750 se depositará el 21 de diciembre de 2022 y la segunda el 6 de enero del año entrante. Se trata de una erogación adicional de poco más de $17.500 millones que, de esa forma, podrían ser imputados la mitad en el ejercicio de este año y, la otra mitad, para el próximo.

El anuncio, sin embargo, no logró satisfacer los reclamos de las organizaciones sociales y piqueteras. Por el contrario, tanto aquellas que forman parte del gobierno como las no alineadas salieron a rechazar tajantemente la decisión y anunciaron medidas de fuerza. La UTEP emitió un comunicado en el que asegura que “el bono navideño rompió la paz del gobierno nacional con los movimientos populares que lo integran”. La UTEP realizó una protesta el mismo viernes en el Ministerio de Economía y anunció movilizaciones a los hipermercados el martes 20 de diciembre y bloqueos en todo el país al día siguiente.

La Unidad Piquetera integrada por 40 organizaciones no alineadas, por su parte, anunció un acampe por tiempo indeterminado en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social y en varios puntos del interior. Para las organizaciones más combativas el bono resulta “una verdadera burla”. La intención de la UTEP es presentar un petitorio a los hipermercadistas y, a la vez, forzar una reunión con las autoridades de Desarrollo Social para exigir la duplicación del monto otorgado. La Unidad Piquetera, por su parte, llevará adelante sus reclamos históricos además del rechazo tajante al desacople del Potenciar Trabajo con relación al salario mínimo vital y móvil como lo pretende imponer el ejecutivo a partir del decreto 728 que impuso, además, un congelamiento de altas.

En diálogo con Tiempo, Esteban “Gringo” Castro, secretario general de la UTEP señaló que el bono “No conformó para nada. Es la mitad de lo que pedimos, parece una cargada. Hablamos con todo el mundo y dicen que no hay plata. Tiene que haber alguna negociación que compense y nos saque de este conflicto”.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, por su parte, señaló que “es una ajuste brutal para pagarle al FMI. No lo vamos a admitir. El bono parece una burla, los $6750 son menos que lo que gasta la ministra en un pan dulce. Pero además dieron 20.400 bajas en forma arbitraria en el peor mes del año, en diciembre y en medio de la expectativa por el  Mundial esperando que pase desapercibido».

Para Belliboni, “el ajuste cuenta con el aval de Alberto y de Cristina y está yendo tan a fondo que hasta las organizaciones oficialistas, como la UTEP, han salido a la calle a denunciarlo. Los llamamos a unificar acciones y a coordinar un plan de lucha común”.

En la misma conferencia, además, la titular de Trabajo adelantó la disposición de una asignación no remunerativa de carácter obligatorio por un monto de $24 mil que se oficializó el sábado. Allí se establece que el beneficio alcanzará a todos los trabajadores que perciban un haber neto de hasta $185.859 incluyendo esa asignación. El gobierno auxiliará a las Pymes con el pago de hasta la mitad de ese monto sobre la base de adelanto de ganancias. El beneficio podría alcanzar a cerca de 4 millones de trabajadores registrados que podrán reducirse sensiblemente en virtud de los acuerdos paritarios que ya hubieran estipulado un bono y explicitado su absorción por un eventual decreto de esta naturaleza. Según datos del Censo Nacional Económico, el 44% de los empleos se explican por grandes empresas. De ese modo, una estimación general indica que el gobierno afrontará un subsidio bajo la forma de gasto tributario por un monto de $27 mil millones que impactará sobre el ejercicio presupuestario 2023.

Con todo, la decisión generó el rechazo de entidades empresarias como la UIA y Camarco (Construcción) que salieron raudamente a rechazar la supuesta intromisión del gobierno. La UIA señaló en un comunicado que “la metodología dispuesta por el Gobierno afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios, generando distorsiones e imprevisibilidad al funcionamiento de uno de los activos más importantes que trabajadores y empresarios industriales acuñamos durante años: las paritarias”. En la misma línea, la cámara de la Construcción sostuvo que “la definición del ajuste en las remuneraciones y la consecuente recomposición del poder adquisitivo debe ser en el marco de las negociaciones paritarias”.

Kelly Olmos reconoció que “el bono es obligatorio, pero de haber alguna dificultad siempre está la posibilidad del acuerdo entre las partes». La actitud de las entidades empresarias presagia una sucesión de conflictos puntuales para determinar su cumplimiento. La CGT, por su parte, no emitió comunicado alguno sobre la medida ni en relación a la reacción empresaria. «