Tras el anuncio del acuerdo con los acreedores privados por los bonos bajo legislación extranjera, el gobierno se prepara para renegociar su deuda con el Fondo Monetario Internacional. El organismo prestó al país U$S 44 mil millones en virtud del programa celebrado en 2018, prontamente renegociado y luego suspendido por los reiterados incumplimientos de la administración macrista. El monto (por el que Argentina paga U$S 300 millones de intereses cada trimestre) debe ser devuelto a partir de septiembre de 2021, según el cronograma vigente.

“Argentina no tiene la capacidad de pagarle al FMI en los tiempos previstos en el anterior programa”, dijo hace pocos días el ministro de Economía, Martín Guzmán. También anticipó que encarará la negociación de una manera diferente a la que se hizo durante la gestión de Cambiemos. “Las políticas las fijaremos nosotros. No hay estabilización posible sin recuperación económica. Esto significa que no hay lugar para un esquema de política monetaria contractiva en un contexto de recesión, como ocurrió con el programa stand by del año 2018”, adelantó.

Guzmán y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aceitaron su relación a comienzos de año cuando tuvieron una serie de encuentros en los que el ministro adelantó su intención de reordenar los compromisos del país en el frente externo. Georgieva dio un par de guiños: empujó a los técnicos del organismo a declarar la deuda “no sostenible”, argumento que el gobierno blandió en la discusión con los acreedores privados, y dio a entender que la entidad podría aceptar una postergación de tres años en los pagos de capital.

En los últimos meses, el Fondo se mantuvo prescindente de las negociaciones entre el gobierno y los bonistas, aun cuando (a pedido del Ministerio de Economía) aportó su diagnóstico sobre la sustentabilidad de la deuda argentina: opinó que el país debía reducir su flujo de pagos en por lo menos U$S 50 mil millones por los próximos años y que los nuevos títulos ofrecidos en canje no deberían superar el 49% de valor presente neto. La negociación terminó con un alivio de U$S 33 mil millones y un VPN de 54,8%, bastante por encima de lo recomendado por el organismo. Se espera que en las próximas horas el Fondo emita una declaración formal sobre el acuerdo alcanzado.

La crisis del COVID-19 aportó un condimento interesante a la relación del Fondo con Argentina. A contramano de su énfasis en cuidar el equilibrio presupuestario, el organismo declaró que “respaldamos firmemente las medidas fiscales extraordinarias que ya han tomado muchos países para dar apoyo a los sistemas sanitarios y a los trabajadores y empresas afectados” y avisó que está dispuesto a “trabajar estrechamente con los países miembros”. En ese sentido, se descuenta que el FMI será más flexible con el fuerte déficit que tendrá este año el gobierno como consecuencia de los programas desplegados para sostener a las empresas, los trabajadores y los sectores de empleo informal.