Llega al país misión del FMI para respaldar los planes del gobierno

Es calvo, no muy alto, de contextura mediana y nunca se saca sus lentes de grueso armazón. A esta altura, el italiano Roberto Cardarelli ya es un conocido del gobierno argentino. El año pasado realizó dos visitas oficiales a Buenos Aires, en su carácter de jefe de la división América del Sur II en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Y como tal volverá a recorrer los despachos oficiales y de reconocidos banqueros y analistas de la City en las próximas dos semanas, al frente de una nueva misión que auditará las cuentas argentinas.

La delegación hará una revisión rutinaria en el marco del artículo IV de la carta constitutiva del Fondo Monetario Internacional, que estipula que los países miembros (Argentina lo es) deben facilitar la información básica sobre sus políticas económicas. Entre otros, Cardarelli se entrevistará con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para preguntarle sobre los esfuerzos del gobierno con vistas a la reducción del déficit fiscal; con el de Finanzas; Luis Caputo, a quien consultará sobre los planes para tomar deuda en los próximos meses; con los de Transporte, Guillermo Dietrich, e Interior, Rogelio Frigerio, quienes motorizan la obra pública a través de los planes viales y de vivienda; y con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, responsable de la política monetaria. Además, contrastará sus testimonios con los que le brinden representantes del sector privado y de consultoras económicas.

La misión no se encontrará con sorpresas. En su visita de septiembre de 2016 (la primera en una década, ya que el kirchnerismo se había peleado con el Fondo y no aceptaba revisiones) el gobierno le había mostrado su hoja de ruta y los primeros pasos que había dado: liberación del tipo de cambio, arreglo con los bonistas, eliminación de barreras comerciales, fuerte reducción de subsidios y fijación de metas decrecientes de inflación. Complacidos, los directores del FMI «elogiaron las ambiciosas reformas emprendidas por el nuevo gobierno» y, además, «recalcaron la importancia de una estrecha interacción entre las autoridades y el personal técnico de cara al futuro».

A partir de mañana, cuando empiecen las entrevistas, los técnicos llegados de Estados Unidos encontrarán que las buenas señales recogidas en su visita anterior ya se han transformado en hechos concretos. Además de las medidas tomadas, el gobierno mostrará la agenda que esta misma semana pondrá en el centro de la negociación con gobernadores y gremialistas, que contempla reformas laborales e impositivas y reduce el margen de acción de las administraciones provinciales, entre otros temas (ver páginas 4 a 7). En la discusión, encontrará interlocutores debilitados sensiblemente después de los resultados electorales del domingo 22 y de las recientes detenciones de sindicalistas y políticos opositores.

Demasiadas coincidencias

Se trata de una agenda que bien podría haber sido presentada por el directorio del FMI, ya que coincide en mucho con sus preceptos. Una muestra es su documento «Perspectivas de la Economía Mundial», publicado a comienzos de mes, en el que los párrafos referidos a la Argentina parecen ser un resumen de los planteos del gobierno argentino, más que la opinión de los economistas del Fondo. «El reequilibrio fiscal tendría que basarse en nuevos recortes de los subsidios generosos y mal focalizados de la energía y en una racionalización del gasto en muchos otros ámbitos, como salarios, bienes y servicios y transferencias discrecionales al sector privado y a las provincias», expone el paper. Pareciera referirse a las audiencias ya convocadas para convalidar nuevos aumentos en los servicios públicos, las limitaciones que se pretende imponer a los gastos provinciales o las filtraciones sobre la intención del gobierno bonaerense de otorgar sólo 10% de aumento salarial para 2018.

El mismo trabajo, que se puede consultar en la web oficial del organismo (www.imf.org), plantea que «para afianzar la inversión privada y la productividad también será necesario seguir realizando esfuerzos para impulsar el programa de reformas estructurales, lo cual comprendería dotar de mayor flexibilidad a los mercados laborales y reducir la informalidad». En ese sentido, el Ministerio de Trabajo ya anticipó su decisión de continuar convocando a gremios y empresarios para modificar convenios sectoriales y adecuarlos a las necesidades patronales, sin pasar por el Congreso. A juzgar por la similitud de lo escrito y de lo que se está haciendo, no cabe duda de que ese modus operandi, ya utilizado en casos como el de trabajadores petroleros, lecheros, algunas ramas de metalúrgicos y de servicios agrícolas, cuenta con la bendición de Washington.

El Fondo también ratifica el discurso oficial de que «las prioridades de política son reducir la inflación y el déficit fiscal», aunque marca una discrepancia en cuanto a los tiempos y no se conforma con el gradualismo del que se jacta el gobierno: «Sería crítico cumplir con el objetivo anunciado de recortar el déficit fiscal federal primario en 2 puntos porcentuales en 2018–19. Una reducción aún más veloz podría ayudar a reducir las tasas de interés reales, manteniendo a la vez la coherencia con el proceso de desinflación, y aliviaría las presiones sobre el tipo de cambio, que aún parece estar algo sobrevaluado en términos reales».

Como en los viejos tiempos

Con tantas coincidencias, no caben dudas de que el informe que la misión del FMI brindará a sus superiores será positivo. Si eso ocurriera, al gobierno se le despejaría el camino para conseguir un crédito del FMI, mecanismo al que Argentina renunció explícitamente en 2005, cuando el kirchnerismo decidió devolver por adelantado y al contado los casi U$S 10 mil millones que debía al organismo.

La aprobación de la revisión del artículo IV sería suficiente para conseguir alguna de esas líneas de financiamiento (ver aparte). Desde la crisis financiera de 2008, el Fondo abarató notablemente las tasas. Por ejemplo, el año pasado Ecuador logró U$S 364 millones a un módico 1,1% anual. Es lo que propuso el economista Guillermo Calvo, quien trabajó en el FMI y el BID, en una entrevista con el portal Infobae: «Es más barata la línea contingente que ofrece el Fondo, se paga mucho menos».

Si así no fuera, por lo menos permitiría conseguir un aval para que las próximas emisiones de deuda sean menos onerosas. Las últimas colocaciones argentinas orillaron el 7% de interés anual. Un reconocimiento explícito del organismo ayudaría para que calificadoras internacionales, como Morgan Stanley, que en junio evitó darle el carácter de «mercado emergente» a la Argentina hasta ver si el oficialismo salía airoso de las elecciones legislativas, recomienden a sus clientes invertir en títulos argentinos.

Esas herramientas vendrían como anillo al dedo para una gestión que este año ya emitió bonos por U$S 36 mil millones para cubrir el bache que le dejan el déficit primario y los intereses de los préstamos ya tomados. Tanto el endeudamiento desenfrenado como recurrir al Fondo Monetario son recursos que, a lo largo de la historia argentina, nunca arrojaron resultados positivos. Pero el lunes, apenas consumado el triunfo en los comicios legislativos, el presidente Mauricio Macri volvió a marcar el camino: «Mientras la Argentina tenga déficit fiscal, va a seguir teniendo que tomar deuda». Con esa premisa, el gobierno necesita hacer buena letra con el FMI. Como en los viejos tiempos.

Tras las reformas previsional e impositiva

La hoja de ruta de las reformas que propone el gobierno nacional cuentan con el aval del Fondo Monetario. Además de la laboral (ver página 5), entre las principales se encuentran la reforma jubilatoria y la tributaria.

Respecto de la primera, el gobierno ha dejado trascender algunos ejes, los cuales ya fueron señalados por el FMI. Ese es el caso de la suba de la edad jubilatoria, que el FMI impulsó en su informe de noviembre de 2016. En ese texto, escrito después de la inspección que realizó la misión del Fondo, también se impulsa un cambio del método de cálculo de la actualización de haberes, con vistas a lograr subas cada vez menores. Otro de los ejes propuestos por el organismo multilateral es la eliminación de las cajas provinciales y la equiparación de los haberes, en general a la baja.

El FMI también ha recomendado una reforma tributaria, que la considera vital para reducir el déficit fiscal y mejorar la competitividad de las empresas que operan en la Argentina. El gobierno opina lo mismo y las modificaciones apuntan a una reducción sustancial de Ingresos Brutos en las provincias, subas en los tributos que pagan las personas, como ABL en la Capital Federal y el Inmobiliario en la provincia de Buenos Aires. La reforma se suma a las iniciativas que ya tomó la administración Macri antes: quita de retenciones, derogación de Ganancias a los dividendos, cómputo del pago del Impuesto al Cheque a cuenta de Ganancias, etcétera.

Líneas de crédito para los que cumplen 

Si la Argentina vuelve a pedir prestado al Fondo Monetario tendrá a su disposición un abanico de alternativas. Las más cercanas son la Línea de Crédito Flexible (LCF), la Línea de Precaución y Liquidez (LPL) y opciones de carácter precautorio bajo el Acuerdo de Derecho de Giro y el Servicio de Crédito Stand-by (SCS).

El FMI tenía una línea de crédito contingente que dejó de usar en 2003. Tras la crisis financiera de 2007, el organismo lanzó nuevas líneas con vistas a prevenir fuertes desequilibrios en las cuentas fiscales de los países que salieron al rescate de sus bancos.

La LCF, introducida en 2009, permite un acceso rápido y sin topes a recursos en situaciones de crisis, sin condicionalidades posteriores.

Para recibir esta línea, el FMI exige el cumplimiento de criterios subjetivos, como la «solidez» de la política económica (a pesar de que el déficit fiscal podría haberse disparado) y la fortaleza política en la que se encuentra el gobierno que pide la línea de préstamo. Cambiemos viene de ganar las Legislativas. «