Las seis mentiras del gobierno para imponer la reforma laboral

En las últimas semanas recrudecieron los reclamos empresariales en favor de una reforma laboral. El reclamo está en sintonía con un renovado esfuerzo del gobierno por machacar con la idea de que la reforma laboral es una necesidad histórica. En ese sentido, incluyó en la campaña electoral la propuesta de hacer aprobar la ley de reforma laboral que no pudo hacer avanzar en esta administración.

De hecho, «la creación de empleo formal a través de una legislación laboral moderna» es el quinto de los diez puntos que el gobierno presentó a las cámaras patronales, los gremios y la oposición política como parte de una propuesta de «compromiso» para el próximo mandato, cuyo punto de partida es el reconocimiento y el pago de la deuda con el FMI.

Sin embargo, al empresariado local no le alcanzan las promesas que ofrece el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y ha desatado una verdadera campaña en favor de la aprobación de la reforma o, por lo menos, lograr el compromiso de los candidatos a alentar su sanción en el Congreso. El titular de la Cámara de la Construcción, Julio Crivelli, reclamó «una legislación que permita despedir sin causa a empleados en todas las industrias y comercios». El abogado laboralista Héctor Recalde llegó a denunciar que el gobierno pretende implementar la reforma a través de un decreto de necesidad y urgencia.

La intención del gobierno de Maurico Macri, de cualquier forma, es dar señales firmes a las patronales de que, en caso de lograr la reelección, la reforma laboral será una prioridad. A la hora de la defensa de la nueva normativa, los mentores de la «modernización» aseguran que la flexibilización de los ambientes laborales será el vehículo más adecuado para generar empleo genuino y reactivar la economía. Mismos argumentos fueron esgrimidos por Carlos Menem en los ’90 para avanzar con las leyes de flexibilidad. Y por su sucesor, Fernando de la Rúa, para aprobar la célebre «ley Banelco». La realidad, sin embargo, terminó mostrando que, al cierre de ese ciclo y con la nueva legislación, el desempleo trepó hasta el 19,7 por ciento.

Las mentiras

Como entonces, los mentores de la reforma insisten con argumentos que, sin embargo, chocan con el análisis empírico. Un informe elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda sirve para poner de manifiesto algunas de las mentiras que difunden el gobierno y los empresarios para forzar su aprobación.

-«La caída del salario real genera empleo».

No es necesario ir muy lejos para demostrar la falsedad de semejante afirmación. Según el Observatorio de la UNDAV, desde diciembre de 2017 hasta abril de 2019, el salario real del sector privado formal cayó en un 13,5 por ciento. Sin embargo, en el mismo período, el empleo, en lugar de crecer –según el criterio del gobierno– se redujo un 2,5%, equivalente a 150 mil puestos de trabajo. Una línea de tiempo indica una correlación exactamente inversa: cuando baja el salario real también baja el empleo y, de fondo, lo que determina ambas variables es el nivel de actividad. Esta misma relación se verifica también en otros países de la región que han aplicado una reforma laboral.

-«La flexibilidad asegura la creación de empleo».

El estudio mencionado recorre las experiencias de aquellos países que han reformado sus legislaciones laborales desde el año 2008, tanto en la región como en Europa. En todos los casos analizados, nuevamente, la correlación entre una y otra variable no se verifica y sí lo hace el empleo con el nivel de actividad. En el caso de Brasil, un modelo para la reforma que se quiere aplicar en la Argentina, su aprobación en 2017 se dio en un contexto recesivo y con niveles de desempleo del 12,8 por ciento. La nueva legislación no generó una reducción inmediata de la desocupación; un año después, la caída fue de apenas 0,3 puntos. Según el estudio, al observar la serie surge que el desempleo escaló desde el 6,7% existente en 2014 hasta esos niveles en correlación con la profunda recesión de 2015 y 2016 cuando la economía cayó un 3,5% y un 3,3% respectivamente. La caída en el desempleo, marginal por cierto, resulta de la leve recuperación que experimentó la economía de Brasil en 2017 (+1,1%) y 2018 (+1,1%) y que comenzó antes de que se aprobara la Ley de Reforma Laboral.

En 2012, tanto España como Portugal aprobaron modificaciones regresivas en sus legislaciones laborales. En el primer caso, la crisis de 2009, con una caída del PBI del 3,9%, produjo una escalada en el desempleo que llegó hasta un 26% en el año 2013. Pero «la reforma aprobada un año antes no sirvió para amortiguar el crecimiento del desempleo en ese año», señala la UNDAV y concluye que «al igual que en el caso brasileño, la recuperación del empleo vino de la mano de la recuperación económica que comenzó en 2014 con tasas superiores al 3  por ciento. Fue durante ese período de crecimiento que el desempleo cayó sistemáticamente hasta el actual 15 por ciento. El informe señala que «la efectividad de la flexibilización laboral se pone en duda cuando la baja (subida) del desempleo parece estar correlacionada con el crecimiento (estancamiento) económico».

El mismo fenómeno se verifica en Portugal, que sólo pudo reducir su desempleo –por encima del 16%– a partir de cinco años consecutivos de crecimiento.

UNDAV asegura que «no se presenta evidencia empírica de que el mercado laboral se dinamice tras las reformas tanto en Brasil, en España y Portugal. Más bien pareciera que el aumento o descenso del desempleo y de las condiciones laborales está relacionado con el crecimiento económico más allá de la legislación laboral imperante o del rol de los sindicatos».

-«La reforma laboral promueve el trabajo registrado».

En el análisis del caso español, el informe de la UNDAV asegura que, «lo que sí aumentó tras la reforma en España fue el empleo de contrato temporal como porcentaje del empleo total cuya relación se encuentra entre las más altas de la Unión Europea». En este punto, el informe destaca también el caso chileno, donde la legislación laboral es marcadamente más flexible que la de la Argentina. Allí, el empleo vulnerable se ubica en un 24% del empleo total, mientras que, en la Argentina es de entre un 19% y un 21 por ciento. Para la UNDAV, la «mayor explotación de la fuerza de trabajo no asegura mayores tasas de crecimiento económico».

El informe demuestra que la mayoría de los países que implementaron procesos de flexibilización laboral vieron reducidos sus niveles de empleo formal. El caso más resonante es el de Grecia, que retrocedió un 5,2% en cinco años. México retrocedió un 2,7% y la misma suerte corrieron República Checa (-2,3%), Estonia (-1,9%), Italia (-1,7%), Portugal (-1,4%), Hungría (-1,2%), Eslovenia (0,9%), España (-0,8%), Nueva Zelanda (-0,6%) y Francia (-0,3 por ciento). Las excepciones, aunque con crecimientos marginales, fueron Holanda (0,1%) y Reino Unido (0,6 por ciento).

-«En la Argentina los costos de despedir son demasiado altos».

El exsecretario de Empleo del Gabinete de Jorge Triaca cuando era ministro de Trabajo, Miguel Ponte, a la hora de fundamentar el proyecto de reforma laboral que promovía una baja en las indemnizaciones por despido y la creación de un Fondo de Cese Laboral, formuló una polémica frase: «Contratar y despedir debería ser natural como comer y descomer». El costo de las indemnizaciones por despido eran lo antinatural. Sin embargo, es falso que esos costos son en la Argentina superiores a los de la mayoría de los países. La legislación vigente sostiene que se trata de un salario o cuatro semanas de sueldo por año trabajado. Lo mismo sucede en Bolivia, Uruguay y Australia. En Chile son 4,3 semanas. Sólo en Brasil el nivel se redujo a partir de la última reforma y quedó en 0,7 sueldo por año trabajado. México es el otro extremo: el costo del despido equivale 14,6 semanas por año trabajado. En Lituania, Grecia y República Checa, es de 8,7 semanas. Mientras que en Israel, Turquía, Corea, Letonia, Polonia y Estonia, es de 4,3 semanas. Argentina se encuentra bien abajo en el ránking.

Cabe destacar que el costo de despedir opera como un amortiguador en la preservación del empleo en momentos de recesión económica.

-«En Argentina los impuestos al trabajo son demasiado altos».

Gran parte del reclamo de las patronales pasa por disminuir la carga impositiva sobre los salarios. Sin embargo, ese tributo equivale al 39,1% del salario promedio, lo que ubica a la Argentina en el puesto 17 del ranking elaborado por la UNDAV. En Bélgica, la carga tributaria sobre los salarios alcanza al 52,7%, en Alemania al 49,5%, en Italia un 47,9% y en Grecia, el 40,9 por ciento.

-«El Fondo de Cese Laboral es una garantía para el trabajador».

La reforma que impulsan el gobierno y las empresas apunta a crear un sistema de indemnizaciones inspirado en el que rige en el sector de la construcción. Se trata de un mecanismo por el cual la empresa deposita un porcentaje del sueldo en un fondo que, una vez disuelta la relación laboral, es percibido por el trabajador como indemnización o fondo de desempleo. En el caso de la construcción, y según el análisis realizado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic), lo percibido equivale a un 40% de lo que deberían cobrar según el sistema de indemnizaciones de la Ley de Contratos de Trabajo.

Lo dicen los números. La reforma laboral no garantiza creación de empleo ni crecimiento económico. Sólo genera las condiciones para domesticar a un movimiento obrero que se ha mostrado históricamente rebelde a los dictados de las empresas.

Un poco de historia reciente

El nuevo impulso reformista surge tras un largo recorrido fallido. Luego del triunfo en las elecciones de medio término, en octubre de 2017, el gobierno creyó que tenía el camino allanado para avanzar con los proyectos de ley sobre las «reformas estructurales»: previsional, impositiva y laboral. Sin embargo, las protestas de diciembre de ese año le pusieron un límite al gobierno, que se vio obligado a congelar el proyecto de reforma laboral y acelerar su estrategia de ir sector por sector por medio de la reforma de los convenios colectivos.

La versión original había tomado estado público a fines de noviembre de 2017 y constituye el plan de máxima al que aspiran el gobierno y el empresariado. Luego, como parte de las negociaciones con la cúpula de la CGT se eliminaron algunos de los párrafos y artículos más polémicos con el propósito de viabilizarlo en el Congreso. El creciente descontento popular obligó a la cúpula cegetista a cambiar de planes y desairar al gobierno.

De aquel tiempo a esta parte, además, «pasaron cosas». Las sucesivas corridas cambiarias condujeron al gobierno al acuerdo con el FMI para ofrecer garantías al pago de la deuda y llevaron el valor del dólar a los $43 actuales.

Ante el nuevo escenario, el gobierno optó por dejar de lado su política monetaria y financiera de metas de inflación, para poner un límite taxativo en la emisión y fijar tasas de interés para las Leliq que superaron el 70 por ciento. La nueva política generó un cuadro recesivo que afectó el poder adquisitivo de los asalariados y la capacidad de financiamiento de los sectores productivos. Ante esta situación, los empresarios, a pesar de la caída del salario privado registrado promedio en dólares de un 39% en tres años, ahora reclaman fervientemente mejorar su competitividad sobre la base de reducir el costo laboral. Esto es, insistir con la reforma laboral. «