Las empresas ganarán $ 200 mil millones por la baja de contribuciones

El nuevo esquema de contribuciones patronales que diseñó el gobierno supone para las empresas un beneficio extra de alrededor de $ 200 mil millones por año. Esa suma se alcanzará al final del plan de rebajas, que se aplicará de manera gradual hasta tener vigencia plena en 2022.

El objetivo del programa, que integra el plan de «reformismo permanente» que anunció el presidente Mauricio Macri una semana después del triunfo oficialista en las elecciones legislativas es liberar recursos para que el sector privado encare un plan de inversión y al mismo tiempo pueda generar empleo, ya que la contratación de la mano de obra será mucho más barata.

Con esa finalidad el gobierno incluyó en el proyecto de ley que entrará esta semana al Congreso la figura del mínimo no imponible para los salarios. Se trata de una parte de la remuneración de los trabajadores sobre la cual las empresas no deberán realizar aportes. Ese mínimo no imponible arrancará en $ 2400 a partir del año que viene y se irá incrementando hasta llegar a 2022 en $ 12 mil. En la práctica, la alícuota de la contribución patronal (que se unificará en 19,5%, dando fin a la actual dispersión) se aplicará únicamente sobre la fracción del salario que exceda ese valor, que por otra parte se irá actualizando al ritmo del índice de precios al consumidor del Indec.

Según el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que lidera el economista Claudio Lozano, esa rebaja derivará en un desfinanciamiento del sistema previsional que se irá agudizando año a año hasta superar los $ 200 mil millones dentro de un lustro (ver el cuadro adjunto). Para llegar a esa cuenta, Lozano tomó los datos oficiales sobre trabajadores registrados en el sector privado, salario medio y aportes previsionales que figuran en el Boletín de Estadística de la Seguridad Social que edita el Ministerio de Trabajo. Asimismo, reparó en que, si bien el porcentaje de contribución patronal sobre las remuneraciones oscila entre 17% y 21%, según la actividad, y que irá convergiendo paulatinamente, la cifra en la práctica disminuye al 15,6% como producto de las exenciones para pymes, microempresas y zonas geográficas desfavorables. Con ese panorama, al cabo de cinco años el efecto final de la reforma significará una diferencia de $ 180.281 millones, si se cumple la alícuota del 19,5%. En cambio, con la tasa efectiva de aportes que se verifica en la actualidad, la merma dentro de cinco años será de $ 208.484 millones.

Esa masa de dinero, que hasta ahora iba a la caja del Anses para pagar jubilaciones y pensiones (razón por la cual fue necesario cambiar la fórmula de la movilidad consagrada en 2009 para asegurar que pueda seguir abonando esos haberes), quedará en manos de las empresas, sin la obligación de rendir cuentas sobre su uso. Aunque la intención oficial es que se vuelquen a la inversión, el informe del IPyPP lo pone en duda, ya que describe «el carácter estructural de un modelo económico altamente concentrado, que obtiene rentas extraordinarias sin necesidad de inversión ni contrapartida en el empleo». El estudio, además, recuerda los antecedentes recientes de otras iniciativas de este tipo, como el recorte a la mitad de las contribuciones incorporado en la reforma previsional de 1994, la rebaja de 2009 originada en la crisis financiera internacional y la que se impulsó en 2014 para promover el empleo registrado. Ninguna de ellas, señala el texto, tuvo efectos virtuosos sobre el empleo.

La mayor rentabilidad empresaria que se desprenderá de la puesta en marcha de este plan se refleja en otro detalle: al cabo de cinco años, la tasa de contribución caerá un 65%, de los $ 322.697 millones mensuales actuales a los $ 114.213 estimados. «La injusticia tributaria queda expuesta en un esquema contributivo de exagerada regresividad, que grava más a los trabajadores que a las empresas», señala Lozano. En términos globales, los trabajadores destinarán un 14% de su salario bruto a la seguridad social, mientras que las empresas aportarán alrededor del 6 por ciento.

En la práctica, además, el mínimo no imponible servirá como un virtual tope para las nuevas contrataciones, sobre todo en los rubros de menor calificación. La tentación de conseguir nuevos empleados sin pagar aportes patronales hará que difícilmente una firma ofrezca un salario por encima de $ 12 mil. Se trata de otra vía indirecta para abaratar la mano de obra. Resta ver si el sector privado destinará todos esos recursos a la inversión, como desea el gobierno. 

Apuran el nuevo régimen de Ganancias

La baja en la alícuota del Impuesto a las Ganancias será más veloz de lo que el gobierno había anunciado. El proyecto de ley presentado el miércoles en la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados establece que la tasa del 35% que se aplicaba hasta ahora pasará a ser del 30% a partir del 1 de enero de 2018 y del 25% desde el 1 de enero de 2020. De esta manera, los plazos originales se adelantaron un año, ya que en el discurso en que el presidente Mauricio Macri anunció las reformas y en la presentación posterior del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se había puntualizado que las rebajas regirían desde 2019 y 2021, respectivamente. En los hechos, si el Congreso lo aprueba, el nuevo esquema tomará vigencia dentro de poco más de un mes. En la norma también se detalla que las empresas que repartan utilidades deberán pagar un adicional del 7% desde 2018 y del 13% a partir de 2020, por lo que en la práctica no gozarán de la rebaja. «