A apenas 72 horas de que el gobierno hubiera dado a conocer los lineamientos del programa de fortalecimiento a la actividad económica y los ingresos que incluye una suma fija de $60 mil en dos cuotas para los trabajadores registrados, las cámaras que agrupan a diferentes sectores patronales intensificaron su diatriba contra el pago de esa suma dispuesta. Para eso han lanzado al unísono una campaña en “defensa de las discusión paritarias” como mecanismo para la actualización salarial.
A los comunicados que emitieran la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en forma particular, ahora se le suman los de las cámaras que agrupan a los empresarios de la construcción CAMARCO y FAEC.
Pero además, a pesar de que la UIA junto con sus críticas había incluido su compromiso de acatar lo dispuesto por el gobierno, el miércoles, su presidente Daniel Funes de Rioja compartió un panel de debate con los titulares de la CAME, Alfredo González, de la Cámara de Comercio y Servicios, Mario Grinman y la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino en el que, nuevamente, la emprendieron contra la decisión oficial.
La embestida se da en momentos en los que el gobierno demora la publicación del DNU que dispone el pago de la suma fija que, en la medida en que no se integra al salario en forma automática, en realidad, es un bono por única vez pagadero en dos cuotas. Se trata entonces de una campaña que busca condicionar la redacción final del decreto.
En el panel titulado “Argentina en el largo plazo, la visión de los empresarios” realizado en la Expo EFI 2023, los dirigentes patronales insistieron en señalar que “el ámbito natural para la discusión salarial son las paritarias y no una imposición estatal”.
El propio González de la CAME, señaló “la paritaria es la herramienta que tenemos los privados para tratar de hacer frente a la inflación” e insistió en recordar que la CAME cerró con la CAC la paritaria mercantil, a la vez que la Sociedad Rural Argentina hizo lo propio con la UATRE. Sin embargo, omitió señalar que la fuerte devaluación de la moneda que dispuso el gobierno se produjo posteriormente a la firma de esos acuerdos y que, el Programa de Fortalecimiento pretende paliar al menos parcialmente el efecto de esa decisión.
El titular de CAME, además, sugirió que, algunas empresas no pagarán el bono que dispuso el gobierno: “las ventas minoristas vienen bajando desde hace un año. Esto afecta a las empresas pymes porque más del 75% de lo que se produce es para el consumo interno”.
En la misma línea, Funes de Rioja señaló que “hay que ser muy cuidadosos porque no todos pueden cumplir” y, a pesar de su recurrente intención de avanzar contra los convenios colectivos, la ultractividad y posicionarse en favor de una nueva reforma laboral, señaló que “nosotros creemos en las paritarias. Hace un año y medio que venimos conversando con el Gobierno para que no interfieran en ellas”.
Por su parte, el titular de la CAC, Mario Grinman señaló que “los trabajadores son inteligentes y saben que si al empleador no le va bien tienen que sentarse a dialogar” y coincidió en que “el Gobierno no debe inmiscuirse en las relaciones entre privados porque genera distorsiones. No es lo mismo un comerciante en Santa Fe y Callao, donde circulan personas cada minuto, que uno de La Quiaca”, ejemplificó.
Más duro, el titular de la Sociedad Rural Argentina Nicolás Pino señaló que “desde la Sociedad Rural no podemos afrontar, como sector, el pago de ese dinero, más allá de la situación individual de cada productor”. Para Pino el gobierno “desconoce la realidad. Un funcionario que pretende imponer una medida como esta del bono desconoce la atomización que hay en la actividad agropecuaria”.
Sin que hubieran participado del mismo foro pero casi al mismo tiempo, las cámaras que agrupan al sector de la Construcción emitieron un comunicado del mismo tenor pero que, al no dar por definido el diferendo, da cuenta de la demora del gobierno por publicar el decreto que dispone el pago de la suma fija.
All, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) “solicitan al gobierno nacional respetar los acuerdos paritarios como forma de negociación colectiva para las discusiones salariales”.
Es que, para las empresas del sector “ninguna circunstancia debe relativizar el papel de las negociaciones paritarias como único camino adecuado para cualquier recomposición del salario del sector, cuyas características los paritarios conocen mejor que nadie”.
En el texto que difundieron señalan, en potencial, que “la aparición de otros mecanismos generaría complejidad operativa, pues no se adecuan a contratos para obras disímiles, pactados a largo plazo. Además, distorsionarían por largo tiempo las remuneraciones de las distintas categorías”. De ese modo, el comunicado busca influir en el texto final del DNU o, incluso, instar al gobierno a retroceder en la medida al menos para el sector que representan.
Con ese propósito llegan incluso deslizar una sutil amenaza de despidos: “la actual situación afecta al trabajador y a la continuidad del empleo, por lo que debe ser enfrentada -con urgencia- con los mecanismos de diálogo y consenso probados en nuestro sector”.
La ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos anunció que las empresas que no acataran lo dispuestos por el gobierno estarán sujetas a ser multadas por el organismo aunque por el momento no detalló ni los montos ni el tratamiento institucional que tendrían las mismas.
El presidente Alberto Fernández, por su parte, desde Catamarca, la emprendió contra los empresarios que mostraron fastidio: “no se quejen” dijo el mandatario y redobló: “les digo a esos empresarios que se llenaron de plata en los dos últimos años que la Argentina creció 16%, que se llenaron de plata en los años de pandemia, que ha llegado la hora de distribuir”. Con todo, el decreto que dispone el pago a 72 horas de su anuncio todavía no ha visto la luz.
