En cinco años murieron cinco operarios en los talleres del subterráneo. David Alfonzo (2011), Diego Martínez (2012), Antonio Villares (2013), Sergio Reyes (2013) y Matías Kruger. Todas las muertes fueron resultado de una fuerte descarga eléctrica.
Durante ese período, los trabajadores no se quedaron de brazos cruzados. Con la iniciativa de los delegados de la AGTSyP del taller San José de la línea C comenzaron a constituir comisiones de seguridad e higiene que fueron detectando desperfectos y conquistando triunfos parciales. En paralelo elaboraron un protocolo de seguridad para evitar futuros accidentes que ya rige en ese taller en particular.
Metrovías y los organismos estatales buscaron dilatar la firma del protocolo, ya que implicaría fuertes inversiones. Para su cumplimentación y la garantía de otros procedimientos de seguridad, según fuentes sindicales, sería necesario incorporar 200 operarios más a los 700 que trabajan en los talleres de material rodante y, entre otras medidas, adquirir al menos cinco seccionadores automáticos de 1500 volts por un valor de hasta U$S 30 mil cada uno.
En 2014, Metrovías recibió subsidios por 1000 millones de pesos, en 2015 por 1500 y durante este año podrían llegar a 1900 millones de pesos que, a la luz de los resultados, no han sido destinados a satisfacer ese reclamo de los delegados.
Hace poco más de dos meses los trabajadores lograron que la Secretaría de Trabajo porteña resolviera una inspección efectiva sobre todos los talleres. En paralelo se produjo el descarrilamiento de una formación en el taller Constitución y el despido de Cristian Pérez, gerente de Seguridad e Higiene,de Metrovías. Además, la Cámara Nacional de Apelaciones anuló el sobreseimiento al personal jerárquico y directivos de Metrovías dictado en noviembre de 2013 por la muerte del operario Diego Martínez e imputó a seis directivos de Metrovías por homicidio.
La concesión de Metrovías fue extendida mediante un decreto hasta diciembre de 2017 cuando caduca la «emergencia» que otorga a Sbase facultades para concesionar y realizar contrataciones . Entonces deberá ser tratada por la Legislatura porteña.
Un día antes del accidente fatal de Kruger, ocurrido en el taller Colonia de la línea H, se realizó una audiencia en la Subsecretaria de Trabajo porteña, cuyo propósito era el de evaluar el extenso informe compuesto por 43 actas de inspección a los talleres de mantenimiento del Subterráneo de Buenos Aires. En las casi 60 fojas a las que tuvo acceso Tiempo, la palabra que más se repite es «falta».
En prácticamente todas las actas, la Policía del Trabajo detecta insuficiencias y potenciales riesgos para la seguridad de operarios y usuarios. En particular, el acta 20394-16 que inspeccionó el taller Colonia donde falleció Kruger requiere la presentación de documentación relativa al «plan anual de capacitación del personal». En los restantes 38 talleres que componen la red de mantenimiento se consignan «riesgos emergentes para el público que concurre» (acta 16534-16 del 28/9/16). En acta 20.364-16 se constata «falta de procedimiento de trabajo seguro». En acta 19154-16 del 26/10/16 «se intima a poner a disposición bajo apercibimiento», entre otros documentos, el «protoclo de resistencia de puesta a tierra» y las «pruebas de disyuntores». El acta 16583-16 del taller de Emilio Mitre 530, de la línea A consigna 12 faltantes de instrumentos de seguridad entre ellos «falta adecuar conexión de cañerías de gas», «falta adecuar ventilador sin puesta a tierra», «falta adecuar chapas por filtración de agua», «falta adecuar reflujo de caldera», «falta computar iluminación de emergencia» y, entre otros requerimientos, señala «las normas y procedimientos para trabajos con tensión y trabajos en vías». Así sigue la lista en las otras actas en las que se identifican fallas y ausencias de instructivos de uso de matafuegos, adecuaciones de luces de emergencia, iluminación en general, ropa de trabajo, filtraciones de napas y techos, exige cambios en los seleccionadores en falla por automáticos de 1500 watts, filtraciones que caen en tableros de luz y ausencias reiteradas del protocolo de medición de resistencia de puesta a tierra en la línea H.
El informe muestra que, tanto el Estado como la empresa, disponían y disponen de las herramientas para evitar más muertes bajo tierra. Para eso, claro, hay que invertir. «
Con aval de la CGT el Senado trata la polémica reforma de ley de ART
El próximo miércoles 14 el Senado dará tratamiento al proyecto de reforma de la ley de ART elaborado por el Ejecutivo.
En una conferencia de prensa realizada el 30 de noviembre junto con el ministro de Trabajo Jorge Triaca, uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, manifestó que la central «no tiene inconvenientes» en dejar que el proyecto de reforma «siga su curso».
Por su parte el ministro de Trabajo se mostró entusiasta para que los senadores den curso a la inciativa parlamentaria. El núcleo del proyecto apunta a disminuir la judicialización de los accidentes laborales a través de la creación de un nuevo requisito: que toda acción legal esté sujeta al agotamiento de la instancia administrativa que imponen las denominadas comisiones médicas.
Además se propone la modificación de las instancias de apelación de los dictámenes de las comisiones médicas a los tribunales correspondientes a su localización y no de la empresa donde ocurrió el accidente o el domicilio legal de la ART que mayormente se ubican en la CABA y habilitan la intervención de la Justicia Nacional del Trabajo que ostenta la jurisprudencia más favorable al trabajador.
En realidad, la reforma de la ley surge del fracaso de la última reforma de 2012 en su propósito fundamental que era el de disminuir la llamada industria del juicio eliminando la «doble vía». Ahora buscan poner una suerte de dique de contención para desestimular definitivamente la vía judicial. Más allá del impacto sobre la reparación monetaria al trabajador accidentado, al reducir el riesgo de un juicio y, por lo tanto, los montos generales de las indemnizaciones, podría desestimular la inversión en seguridad laboral, incrementando los accidentes de trabajo: una reforma que va a contramano de las necesidad de comisiones de seguridad e higiene con poder de veto en los lugares de trabajo. Medidas que también pudieran haber evitado la muerte de Matías Kruger.