En julio de 2018, Laboratorios Craveri presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis, acompañado por un plan de retiros voluntarios. Luego, despidieron a 47 empleados. Allí, comenzó el conflicto que incluyó la detención de los delegados gremiales, represión, manifestaciones, un acampe de 7 meses y una batalla judicial que aún continúa.
El 29 de agosto último, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 27 dictó una cautelar que ordenaba el reintegro de 5 trabajadores despedidos hace seis meses, por considerar a las desvinculaciones inconstitucionales. A partir de ese día, la empresa tenía 5 días para hacer efectiva la medida.
Sin embargo, al último día de octubre, no lo ha hecho. “La empresa no da ninguna respuesta, excepto a través de los abogados, que intentan deslegitimar la cautelar con mentiras. Pero lo contundente del fallo hace que sea indiscutible”, aseguró a Tiempo el delegado de Creveri Horacio Wasserman.
“La cautelar se tiene que materializar. Reclamamos que el juzgado aumente las multas por incumplimiento y derive el caso al fuero penal. Hay intransigencia de la patronal”, apuntó Wasserman y agregó: “Calculamos que en estos días se va a definir”.
“Sabemos que Craveri no está en crisis. Viene de invertir 3 millones de dólares en su planta de Caballito y de ganar 6 licitaciones a través de varios laboratorios testaferros por 9 millones de dólares”, finalizó.
