Las temperaturas extremas de esta semana en toda la zona agrícola nacional han profundizado los temores sobre la situación hídrica de los cultivos de soja y maíz. Entre los productores reina la preocupación, que ahora se trasladó al gobierno que este martes anunció medidas de emergencia para paliar la crisis climática.
La soja y el maíz se siembran desde noviembre hasta enero, y se cosecha entre marzo y mayo. Los cultivos se encuentran en pleno proceso de desarrollo, cuando precisan mucha agua. Por caso, después de su siembra, una semilla de maíz absorberá aproximadamente del 30 al 35% de su peso en agua.
Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en el caso de la soja, los productores ya sembraron 14,35 millones de hectáreas, lo que representa el 87% de las 16,5 millones de hectáreas proyectadas con esta oleaginosa para esta campaña. “La ausencia de lluvias, junto a las altas temperaturas registradas a lo largo de los últimos siete días, demora el avance de las sembradoras, siendo el NOA, NEA y el Sudeste de Buenos Aires las regiones más comprometidas. Mientras que sobre el extremo norte la ventana de siembra se extiende hasta finales del presente mes, el sur de Buenos Aires depende de lluvias durante la próxima semana para cumplir con los planes de siembra”.
Los mismos problemas –elevadas temperaturas y falta de agua afectan los sembradíos de maíz. Según el mismo informe (el Panorama Agrícola Semanal) se sembraron hasta ahora 5,6 millones de hectáreas con maíz, equivalentes al 77% de la proyección de siembra total (7,3 millones de hectáreas), pero el retraso por la falta de lluvias crece: para esta misma época del año pasado ya se había sembrado el 86%.
También crece la cantidad de hectáreas sembradas que se encuentran en estado de sequía o con falta de agua. En el caso de la soja, ya se encuentra en esa situación el 41% de los cultivos (dos semanas atrás era el 10%). En el caso del maíz, la falta de agua afecta al 42% del total de las hectáreas sembradas.
Hay otras visiones más pesimistas. Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario de fines del año 2021 indicó que el 70% de la región núcleo está afectada por la falta de agua. La región núcleo es el centro productor agrícola de la Argentina.
Este mismo martes, desde la Oficina de Riesgo Agropecuario, que sigue la evolución de riesgos climáticos, señalaron que “el maíz evidencia un importante impacto debido al déficit hídrico que fue aumentando en área a lo largo de diciembre y enero”.
Ampliación del fondo de emergencia
Este cuadro de situación motivó un encuentro entre el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para poner en marcha una ampliación de un fondo de emergencia para ayudar a productores afectados.
En un comunicado de Agricultura, Domínguez dijo: «Estamos en un monitoreo permanente, en contacto con los ministros de las provincias, haciendo una evaluación y un diagnóstico de la situación y del impacto del cambio climático sobre los distintos cultivos».
El texto agregó que Agricultura sigue “con preocupación” la evolución de la zona núcleo, especialmente en lo que respecta al maíz de primera (el que se siembra en primavera), la soja, y la falta de disponibilidad de forraje o pasto para la ganadería en algunos lugares.
Domínguez adelantó que espera tener una evaluación del “impacto” de la sequía en la semana próxima. “Coincidimos en poner operativo el fondo de emergencia nacional para asistir y acompañar a los productores en este momento de dificultades», agregó.
El fondo de emergencia realiza aportes de dinero tanto a organismos públicos como a privados para ayudar a superar la sequía y ayudar a recuperar la producción. Según algunas fuentes, tiene un presupuesto de $ 500 millones anuales, una cifra evidentemente baja.
Para tener una dimensión del problema, en la última sequía que afectó a la Argentina, entre diciembre de 2017 y abril de 2018, la cosecha de soja fue un 35% menor a la esperada, al caer desde los 54 millones de toneladas previstos a poco más de 36 millones efectivamente recolectados. En total, fueron 30 millones de toneladas perdidos entre todos los productores, por un valor superior a los U$S 7000 millones.
