La Provincia defenderá ante la Corte el bloqueo a Farmacity

Con su presidente en el banco de suplentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá definir un caso plagado de suspicacias políticas. El miércoles próximo se desarrollará la segunda parte de la audiencia pública que busca resolver el caso que la empresa Farmacity impulsa contra el fisco de la provincia de Buenos Aires.

El miércoles último se llevó a cabo la primera parte, en la que 15 amicus curiae (amigos del tribunal) dieron sus puntos de vista ante la Corte. De estos, nueve hablaron en defensa de la ley provincial vigente (la número 10.606) y el resto abogó por la empresa fundada por el ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

La causa, que ya tiene sentencia de la  Suprema Corte de Buenos Aires de junio de 2016, revivió un año después, luego de la llegada de Quintana al poder de la mano del presidente Mauricio Macri. Además, el flamante presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, debió excusarse por sus vínculos con la empresa y con el macrismo (ver aparte).

El miércoles próximo, será la presentación de las partes. Comenzará Farmacity, seguirá el fiscal de Estado provincial, Hernán Gómez, y cerrará el tercero coadyuvante, el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires.

La presidenta del Colegio, Isabel Reinoso, planteó a Tiempo que la influencia de Rosenkrantz continúa vigente: «Uno de los amicus que hablaron a favor de Farmacity fue Lucas Grosman, rector de la Universidad de San Andrés, cargo que ocupaba Rosenkrantz antes de asumir en la Corte. Es la voz de Rosenkrantz en la audiencia. Excusado y todo, puso su voz ahí», disparó.

Según pudo saber Tiempo, el fiscal de Estado se va a centrar en defender la autonomía de la Provincia en materia de legislación sanitaria. Gómez reeditaría argumentos esgrimidos en instancias anteriores que le dieron muy buenos resultados. Por un lado, ratificaría que «el poder de policía de seguridad, salubridad y moralidad corresponde como principio general a las provincias, toda vez que es una facultad que se han reservado y por lo tanto su ejercicio no puede ser invalidado». En tanto, también abogaría por «el sentido sanitarista que posee la legislación vigente, evitando introducir, en aspectos tan importantes para la salud de todos los bonaerenses, un criterio mercantilista puro que desnaturalice el fin de la norma».

Por parte del Colegio de Farmacéuticos, que cuenta con 7800 matriculados, expondrá Reinoso, con el fin de «poder ilustrar a los jueces por qué es tan importante que la propiedad de la farmacia esté en manos de un farmacéutico; que no sea un subordinado dependiente de las decisiones de la empresa y cómo se traduce esa independencia en la calidad del servicio», según le adelantó a Tiempo. «Vamos a ir con un equipo de abogados, con nuestro patrocinante en la causa que es Daniel Sabsay», agregó.

Desde el Colegio, además, tienen plena confianza en la defensa que pueda hacer el fiscal de Estado. «Defendió todas las instancias y fue quien pidió a la Corte que el Colegio sea tercero coadyuvante. Tienen mucha experiencia», resumió Reinoso. «La ley tiene 79 artículos y tiene un claro espíritu sanitarista. Ellos (por Farmacity) se centran en dos artículos. Pero 122 distritos bonaerenses, de un total de 135, sacaron resoluciones de apoyo y amenazas de bloqueo, en respaldo de la actual ley sanitaria. No es un detalle», finalizó.

Farmacity mantiene los argumentos que la llevaron a esta instancia. Según la firma, la Ley 10.606 «no prohíbe taxativamente a las sociedades anónimas –máxime cuando la normativa nacional las autoriza– y es violatoria de los derechos constitucionales de propiedad, derecho a la igualdad, el derecho de comerciar y ejercer industria lícita y el principio de razonabilidad», según una comunicación que mantuvo la empresa con este medio en su momento.

Cada orador tendrá 20 minutos para exponer y luego los jueces pueden realizar preguntas. Sin embargo, si se toman en cuenta las últimas audiencias (Situación de emergencia de la laguna La Picasa; Grupo Clarín contra la Ley de Medios; Religión en escuelas públicas de Salta), en la práctica las exposiciones duran alrededor de cinco minutos, tras los cuales los jueces comienzan con el interrogatorio.

«Sólo intervendrán tres jueces

La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió en agosto de 2017 revisar el caso Farmacity. Las suspicacias se despertaron en torno al juez Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte desde el 1 de octubre último y uno de los nombrados por decreto para integrar ese cuerpo por el presidente Mauricio Macri. Farmacity es representada por el estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados. Es decir, la demanda inicial (2012) lleva la firma de Rosenkrantz y también de Mario Quintana, presidente en ese entonces de la cadena, de la que formalmente se desvinculó cuando asumió como vicejefe de Gabinete, cargo al que renunció hace unos meses. Ante dos recusaciones, Rosenkrantz se excusó.
También hubo dudas sobre Horacio Rosatti (el otro juez de la Corte nombrado por decreto por Macri): cuando fue ministro de Justicia, su asesora era Andrea Gualde, hoy directora de asuntos jurídicos de Farmacity. Rosatti, al cabo, también se excusó.
Así las cosas, el caso Farmacity será resuelto por sólo tres jueces: Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.