Mientras el de Argentina podría ser del 9% este año, el de EE UU lo duplicaría. El propio Fondo recomienda emplear recursos estatales para enfrentar los efectos del Covid-19.
La reprogramación de esa deuda es el gran objetivo del ministro de Economía, Martín Guzmán, para los próximos meses. Con el acuerdo encaminado para canjear los bonos en dólares bajo legislación extranjera y la aprobación del Congreso para hacer lo mismo con los títulos emitidos bajo ley local, la discusión con el FMI es el paso que viene en la búsqueda de un nuevo orden en el endeudamiento público argentino.
El aplazamiento de esos pagos se impone por peso propio. El cronograma vigente exige abonar U$S 4908 millones el año que viene, U$S 18.318 millones en 2022, otros U$S 18.559 millones en 2023 y un remanente de U$S 4677 millones en 2024. Las sumas pueden variar levemente ya que la deuda está expresada en Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del FMI. Tamaña concentración explica la decisión oficial: sin la reprogramación, el alivio de corto plazo obtenido tras la tensa y trabajosa negociación con los fondos internacionales perdería efecto.
En el Palacio de Hacienda avizoran una negociación lenta y difícil, donde las tensiones internas del organismo pueden complicar aún más el acuerdo. «Llevará meses, no semanas. Es probable que sólo lleguemos a un entendimiento a principios del próximo año», anticipó Guzmán en una entrevista concedida esta semana al diario brasileño Folha do Sao Paulo.
Los tiempos coinciden con la tensión preelectoral en Estados Unidos, país de peso decisivo en el directorio del Fondo (tiene el 17% de los votos) y con cuyas actuales autoridades la gestión de Alberto Fernández tiene varias diferencias. La mayor, por estos tiempos, es el intento de Donald Trump de quedarse con la presidencia del BID, para la que Argentina fogonea a su propio candidato, Gustavo Beliz. Las eventuales resistencias dentro del FMI pueden recortar el margen de maniobra de Kristalina Georgieva. La directora gerente tuvo varias reuniones con Guzmán a comienzos de año (cuando el coronavirus no se había colado en la agenda económica internacional) y dio señales de que una postergación de los pagos por tres años sería factible. Claro que habrá que ver cuáles son los requisitos.
¿Un programa?
En ese sentido, la pandemia y sus terribles consecuencias podrían jugar a favor de la Argentina. El FMI relajó sus convicciones a medida que la crisis mundial se agravaba y aceptó recetas como los salvatajes a empresas con fondos fiscales y una emisión monetaria a mansalva. Un artículo publicado en la web del organismo calcula que a nivel global los paquetes de ayuda estatal suman U$S 11 billones. «La política fiscal tendrá que seguir siendo flexible y proporcionando apoyo hasta que se garantice una salida segura y permanente a la crisis», señala.
Este giro en la visión del Fondo serviría como paraguas para Argentina, al menos en el corto plazo. Según estimó días atrás la consultora internacional Focus Economics, el déficit fiscal que tendría Argentina este año (8,7% del PBI) sería inferior al de la zona euro y otros países de la región como Brasil y Chile. Además, no llegaría siquiera a la mitad del que se prevé para Estados Unidos, del 17,5 por ciento.
La negociación no se basará en lo que pasó sino en el futuro. El FMI cuenta con dos alternativas de planes: el stand by -del tipo que aplicó Macri- y el Programa de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) a 10 años, en el que suele exigir ajustes en el sistema previsional y laboral. En Hacienda insisten en que plantearán una agenda propia. «No se tiene que descartar que ese tipo de pedidos puedan empezar a manifestarse. Pero no vamos a hacer nada que vaya en contra de un sendero de desarrollo virtuoso y estable para la Argentina», dijo Guzmán.
El martes se presenta la oferta de canje en EEUU
Las modificaciones a la oferta oficial para el canje de bonos en dólares bajo legislación extranjera están listas y serían elevadas este martes a la SEC estadounidense. Por esa razón, el cierre del plazo para ingresar en la operación se postergaría hasta el viernes 28, aunque la liquidación de los nuevos instrumentos se mantendría para el 4 de septiembre. Según trascendió, el acuerdo entre los abogados del Ministerio de Economía y los fondos de inversión contempla que los bonistas tengan cinco días para retirarse de la operación si el gobierno aplica la reasignación (su derecho a retirar series de la oferta para asegurarse la aceptación mayoritaria en el resto de los títulos). Además, habría un compromiso de no usar por tres años la cláusula Pac-Man que, a través de sucesivas mejoras, se va «comiendo» a quienes se mantienen fuera de la operación.
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