La opción menos mala

El viernes por la madrugada, la Cámara baja le dio media sanción al proyecto de ley para aprobar las operaciones de crédito público contenidas en el “Programa de Facilidades Extendidas” a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para la cancelación del Acuerdo Stand By del 2018.

Se llegó a un nuevo texto del proyecto de ley que refleja los objetivos del gobierno y la discusión se ha dado con total transparencia, entre todas las bancadas parlamentarias, sobre todos los aspectos que integran el acuerdo para refinanciar una deuda que pesa sobre todos los/as argentinos/as. La Constitución Nacional y la Ley 27.612 (de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública) garantizan que el texto finalmente acordado es fruto institucional del debate y del conocimiento de las condiciones de manera integral.

Los cambios que se realizaron para garantizar la refinanciación no alteran el espíritu del proyecto original, ni el programa económico que las autoridades llegaron a acordar con el FMI, tras arduas negociaciones tendientes a evitar el ajuste.

Si bien no es posible disociar el programa económico del esquema de financiamiento, finalmente sólo se dejó en el texto una mención explícita a que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente (la operación de crédito público)”. Con ello, la oposición da vía libre para la refinanciación de la deuda y al decir “no queremos que se vaya a un default” también reconoce implícitamente la herencia financiera que Cambiemos le dejó al país. A su vez, el intentar quitar toda referencia al programa es coherente con su idea de que sólo hay un plan “serio”, aquel que conlleva ajuste: la misma lógica que estuvo presente en el fallido Standy By del período 2018-2019.

Varios legisladores y legisladoras de JxC criticaron las políticas contenidas en el memorándum de entendimiento, pero eluden que esas metas y políticas han sido acordadas con el FMI, el mismo organismo en el cual nos metió Cambiemos en busca de “ayuda financiera” luego de que se le cerraran todos los canales financieros por el excesivo endeudamiento externo.

Entre los argumentos más usuales de rechazo al programa por parte de la principal oposición estuvo el de un supuesto aumento de impuestos, típica bandera del Tea Party de Estados Unidos, que no se respetó en ocasión de la primera revisión del Stand By de Mauricio Macri (octubre de 2018). En aquel entonces, y ante las primeras evidencias claras de incumplimientos del Stand By, las autoridades argentinas afirmaban en la Carta de Intención: “bajo nuestro programa, pretendemos introducir un impuesto sobre la riqueza sobre los hogares para asegurar una contribución significativa a nuestros esfuerzos por parte de quienes se encuentran en el segmento superior de la distribución del ingreso. Hemos establecido derechos sobre las exportaciones, tomando en cuenta que los exportadores se han beneficiado por la reciente depreciación de la moneda”. Esto es algo que los legisladores de JxC no sólo obvian por completo, sino que está en las antípodas de lo que plantean.

Este acuerdo es la opción menos mala dentro del abanico de opciones disponibles. Se logra refinanciar una deuda agobiante en el corto plazo, evita el ajuste y las condicionalidades estructurales que pudieran reducir derechos, como la reforma previsional o la laboral. Muy lejos de las habituales prácticas del FMI.

En el memorando de políticas acordado con el FMI se señala que “la mejora de las finanzas públicas se logrará en virtud de un programa equilibrado de medidas de ingreso y de gasto, garantizando al mismo tiempo que el crecimiento del gasto real (…) siga siendo positivo en términos reales, y el gasto corriente sea focalizado de forma que permita ampliar las inversiones en infraestructura y ciencia y tecnología”.

Por el lado de los recursos fiscales, en el mismo texto se expresa: “nuestros esfuerzos continuarán movilizando los ingresos y fortaleciendo su progresividad. A corto plazo, se espera que la recuperación del empleo y los salarios favorezcan la recaudación, en tanto que las medidas de política tributaria y las iniciativas en curso en materia de administración tributaria y aduanera deberían ayudar a movilizar ingresos adicionales a mediano plazo y a respaldar la consolidación fiscal”. El propio FMI sostiene en su comunicado sobre el acuerdo que “igualmente importante será el énfasis del programa en mejorar de manera creíble las finanzas públicas. Esto se basará en un conjunto equilibrado de políticas de ingresos —con énfasis en la progresividad, la eficiencia y el cumplimiento tributario—”.

No hay motivos para festejar, aunque considero que sí existen razones para valorar que se está logrando refinanciar los impagables compromisos del anterior programa. Y no es cierto, como se ha dicho en alguna intervención en la Cámara, que la historia argentina es un continuo refinanciar de deudas pasadas. El anterior gobierno recibió un país con bajos niveles de deuda pública externa, pero dejó una deuda de grandes magnitudes, y hasta terminó “reperfilando” deuda en pesos, una forma sutil de evitar la palabra default.

No hay duda de qué es lo que habría hecho esa oposición de haber conseguido la reelección: arreglar con un fuerte ajuste y seguir entregando soberanía. Tampoco de que no tendrían reparo en volver a hacerlo, y de manera mucho más profunda, en el caso hipotético de llegar a ser gobierno. Las intervenciones de JxC en el Parlamento lo demuestran. No quieren votar un programa que no proponga un fuerte ajuste.

En el acuerdo se detalla el cronograma de pagos, pero fundamentalmente implica que cada uno de esos desembolsos se comienza a pagar cuatro años y medio después de que ocurra, en doce cuotas equivalentes semestrales. De esa forma, el último pago ocurrirá a mediados de 2034.

Con este acuerdo, la problemática de la deuda no se soluciona, pero se extiende una ventana de tiempo sin necesidad de realizar pagos al FMI hasta el segundo semestre de 2026, y la economía del país podrá seguir creciendo con equidad. Además, con el primer pago se podrán incrementar las Reservas en U$S 6.200 millones, contribuyendo a despejar expectativas devaluatorias. Intencionadamente se trató de decir que este gobierno toma nueva deuda con el organismo, cuando son en realidad fondos que incluyen una devolución de los pagos del Stand By ya realizados, mientras se estaba negociando, para evitar caer en mora.

Vuelvo a repetir: no elegimos este camino, no estamos proponiendo más financiamiento, estamos renegociando el Stand By acordado en 2018, y cuyos plazos de pago son visiblemente imposibles de cumplir. También seguiremos insistiendo en la irracionalidad de los sobrecargos que el FMI aplica, y que son costosísimos para nuestro país. Es el mejor acuerdo de refinanciación que se puede conseguir. El default conllevaría grandes problemas económicos, sociales e institucionales, que, estoy convencido, debemos evitar a toda costa. El problema de base fue que Macri haya metido al FMI entre nosotros, luego de que Néstor Kirchner nos había librado de su presencia.