La nación no pondrá plata para cubrir la deuda bonaerense

La negociación de las autoridades bonaerenses para reestructurar la deuda provincial seguirá adelante sin ayuda económica del gobierno federal. Así se desprende de los dichos del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. No obstante, el funcionario manifestó todo su apoyo a la renegociación que está encarando el gobernador Axel Kicillof, comparando el camino a seguir con el que se está encarando a nivel nacional.

De esa manera cobra más relevancia la convocatoria a los acreedores que realizó el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial, que anunció una ronda de diálogo con los tenedores del bono con vencimiento en 2021 (BP21, en la jerga financiera) para “compartir sus puntos de vista respecto de la manera de alcanzar un alivio financiero transitorio para la Provincia”. El título, por 750 millones de dólares, fue emitido en 2011. El primer tercio ya fue devuelto en 2019 y el que desvela a Kicillof y sus colaboradores es el segundo, que debe ser abonado el 26 de este mes. El capital y los intereses suman U$S 277 millones.

“No estamos contemplando hacer un salvataje financiero. La Provincia de Buenos Aires está llevando a cabo sus propias gestiones, que me consta que están basadas en principios similares a los de la Nación. Nosotros apoyamos esas gestiones”, dijo Guzmán al diario Clarín.

Así quedó descartado un auxilio económico de corto plazo por parte de Economía. La semana pasada, esa cartera había ayudado a un grupo de provincias (Chubut, Chaco, Río Negro, Tucumán y Santa Cruz) por una suma global de $ 5.650 millones, que será deducido de los futuros giros por coparticipación. Ese monto, de todas maneras, sería de apenas un tercio de lo que Buenos Aires necesita disponer a fines de la semana que viene.

Las declaraciones, como era de esperar, no fueron bien tomadas por los mercados. Los bonos bonaerenses registraron importantes descensos en sus cotizaciones bursátiles. El PBY 22, que vence dentro de dos años, cayó 3,3%, mientras que el PBA 25 perdió 2,6%. A diferencia de esos dos títulos, emitidos en pesos, el que vence la semana que viene es en dólares y sujeto a la ley estadounidense, lo que obliga al consenso mayoritario de sus poseedores para proceder a una refinanciación. En medios financieros trascendió que los acreedores ya se agruparon bajo la coordinación de dos fondos de inversión, Mens Sana y Broad Span Capital, que a su vez contrataron dos estudios jurídicos, uno con sede en Washington y otro en el barrio porteño de Catalinas, para representarlos en las negociaciones.

El último domingo, en su edición impresa, Tiempo dio cuenta de la importancia de la decisión de Buenos Aires como caso piloto de la reestructuración de las deudas provinciales. En particular, la provincia más grande del país es también la que tiene un pasivo más grande, estimado al 31 de diciembre en U$S 10.711 millones, equivalente al 9,2% del producto bruto geográfico. También tiene las mayores urgencias: a lo largo de 2020 deberá afrontar pagos por U$S 2.705 millones. Los números conducen a pensar en que será imposible cumplir el cronograma de pagos previsto.

La situación es delicada, considerando que la negociación provincial convive con la nacional que, lejos de las luces y los micrófonos, ya viene llevando adelante Guzmán bajo la mirada atenta del presidente Alberto Fernández. “Sería muy arriesgado dejar caer a la provincia de Buenos Aires mientras se negocia la deuda soberana y se trata de estabilizar las variables nominales. En este contexto debería primar el riesgo sistémico por sobre el riesgo moral, sobre todo teniendo en cuenta los montos manejables de vencimientos de corto plazo con el sector privado. El potencial spillover (derrame) podría ser complicado para la negociación de la deuda soberana y la estabilidad nominal”, reflexionó a través de las redes sociales el economista Federico Furiase, director del estudio Eco Go.

Con ese panorama se especula que Kicillof podría ofrecer a los acreedores un nuevo bono o letra para reemplazar el que está por vencer. De la misma manera, pediría al Fondo de Garantía de la Sustentabilidad, perteneciente a la Anses, renovar la letra a su nombre que vence antes de fin de mes por otros U$S 250 millones. Por tratarse de un préstamo de un organismo estatal, el resultado favorable de esta última gestión se da por seguro.