El gobierno piensa en una amplia moratoria impositiva para paliar los efectos económicos de la pandemia. La moratoria irá de la mano de una reducción de la asistencia estatal a las empresas, lo que ya fue anunciado con la restricción del ATP a las empresas de menos de 800 empleados, las ubicadas en zonas donde siga el aislamiento social y a las que están en sectores que siguen vedados a la actividad, como la hotelería y el turismo más en general.

En el esquema oficial, la moratoria apuntaría a poner un paréntesis a los tributos que vencieron hasta el 31 de mayo pasado. Es decir, incluirá la enorme suma de deudas tributarias acumuladas por las empresas desde marzo, cuando arrancó la cuarentena por el coronavirus.

El gobierno enviará la propuesta al Congreso en los próximos días. A diferencia de los planes de pago que se lanzan sin pasar por el Congreso, la moratoria permite a la Afip perdonar parte de las deudas. Por eso requiere de la aprobación del Poder Legislativo.

La propuesta del gobierno incluirá tanto las deudas previsionales como las tributarias y aduaneras, es decir de todo el espectro. El plazo de adhesión vencería el 31 de agosto y las cuotas empezarían a pagarse recién en noviembre.

Esta moratoria amplia en los hechos la establecida en la Ley de Solidaridad que se votó al principio del gobierno de Alberto Fernández.

A diferencia de otras moratorias, en esta podrán participar todos los contribuyentes: las grandes empresas, las medianas, las pequeñas y las micro; también los autónomos y los monotributistas. Si podría haber diferencias en los plazos de gracias y los montos a pagar en función del tamaño de la empresa y los ingresos de las personas físicas.

Para los funcionarios del gobierno, la moratoria se explica en que «el Estado debe estar más presente que nunca en este momento», para lo cual busca «facilitar a las empresas, en especial las pymes, el cumplimiento de sus obligaciones, sin asfixiarlas», según expresó un funcionario del gobierno que participa en la confección del proyecto.

Por una cuestión de calendario, podría suceder que Ganancias no ingrese en la moratoria. Esto porque su vencimiento por el año fiscal 2019 sucederá en julio. El organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont postergó la presentación de marzo por la pandemia. Algo similar podría suceder con Bienes Personales.

En tanto, está por verse cómo se tramitaría la moratoria en el caso de la Seguridad Social. El gobierno dispuso una reducción de las contribuciones patronales al mínimo desde marzo como parte de la asistencia estatal ante la pandemia. Pero muchas empresas retuvieron los descuentos a sus trabajadores para el aporte personal a la Seguridad Social.

El aporte a las obras sociales no entraría en la moratoria por la oposición sindical a perder ingresos.

Aunque la iniciativa aun no vio la luz, ya generó polémica. La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), solicitó que se extienda hasta el final de la cuarentena el plazo dentro del cual están alcanzados los tributos que ingresarán enb la moratoria. En medios oficiales se consideró inviable el planteo ya que implicaría una invitación a no pagar.

En tanto, el principal impuesto que se cobra en el país, el IVA, también entraría en la moratoria, sólo que desde el interés de las empresas que lo retuvieron indebidamente. Los consumidores lo pagaron al momento de adquirir un paquete de fideos.