La mano visible del Estado

En la semana se conocieron los últimos datos de la distribución del ingreso en Argentina y la principal novedad es que, tras los efectos que trajeron las dos pandemias, los deciles más pobres comenzaron a recuperar participación en el ingreso total. La mejora no oculta el hecho de que los niveles de desigualdad son preocupantes, pero da una pauta del camino que hay que seguir transitando.

En materia de distribución del ingreso, uno de los indicadores más utilizados es la relación que existe entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre. Con datos al cuarto trimestre de 2021, provistos por el INDEC, la misma alcanzó un valor de 17 veces. Es un valor idéntico al de finales de 2017, con lo que se revierte el aumento de cuatro puntos que se evidenció entre ese momento y fines de 2019. Las diferencias de modelos están más que claras.

En este marco se explica también la baja de la pobreza, que entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 2021 cayó 4,7 puntos porcentuales, aunque sigue afectando al 37,3% de la población, niveles que siguen siendo inaceptables, pero que, lentamente, van mejorando.

La recuperación de la economía y el empleo, y la presencia de un Estado activo a través de distintas herramientas de apoyo, como es el caso de la Tarjeta Alimentar o los Precios Cuidados, son elementos clave en un marco de fuertes condicionamientos que ha ido imponiendo el contexto. La contención de la inflación es ahora el principal desafío para consolidar la recuperación de los indicadores, en un mundo en el que las actitudes especulativas, que aprovechan los efectos de la guerra, impulsan el aumento de los precios de manera acelerada.

Además de convivir con fuertes subas de los precios de las materias primas internacionales, se convive con los típicos comportamientos de puja distributiva, por medio de los cuales hay sectores empresarios concentrados que generan estrategias para trasladar los valores internacionales al mercado interno en un marco de mayor actividad económica.

Este tipo de maniobras no son nuevas. En la semana se conoció que la Secretaría de Comercio Interior multó a una conocida empresa del sector harinero, a una cámara empresaria y a otros participantes del sector. Según figura en la resolución, “las conductas anticompetitivas imputadas tuvieron lugar en todo el territorio nacional en el período comprendido, desde el mes de octubre de 2014 hasta, al menos, el mes de abril de 2017”. Esas conductas configuraron “una práctica colusiva horizontal entre las imputadas, para la fijación de precios mínimos de venta e intercambio de información sensible, con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, resultando perjudicial para la libre competencia y el interés económico general”. Esta multa es una muestra de los principales mecanismos que, en otros períodos y sin duda en la actualidad (pensemos en las demoras en las entregas de insumos a la espera de aplicar mayores precios que han sufrido muchas empresas, especialmente desde el mes pasado, y las carencias en las góndolas que han soportado los consumidores), fomentan la inflación. Además, desarma los argumentos de las cámaras representantes de las grandes empresas, en cuanto a que la inflación es un tema macroeconómico y es ajeno a las conductas empresarias.

El Gobierno nacional continúa impulsando iniciativas tendientes a minimizar, en lo inmediato, el impacto que tiene el aumento del precio de los alimentos en el bolsillo de aquellos sectores que justamente dedican gran parte de su ingreso a estos productos. Entre ellas está el anuncio del adelantamiento de las negociaciones paritarias, para que los salarios puedan ganarle a la inflación.

A su vez, se renovó el programa Precios Cuidados, un acuerdo con más de 150 empresas y pymes que comercializan mercancías de consumo masivo y que contempla una canasta de 1359 productos. A ellos se sumaron más de 400 artículos elaborados a partir del trigo, con la aplicación del fideicomiso que subsidia el precio de este cereal. Un programa que es financiado por las retenciones aplicadas a los exportadores y apunta a desacoplar los precios internos de los internacionales. Hasta el próximo 7 de julio los precios de estos productos tendrán una pauta de revisión del 6,37% promedio para todo el trimestre. También se renovó el programa “Cortes Cuidados”, que incluye siete cortes de carne vacuna a precios acordados para el consumo interno, mientras que por resolución oficial conjunta de los ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca se limitarían las exportaciones de los frigoríficos que no cumplan con dicho programa. Por último, se lanza desde el próximo lunes una nueva Canasta de Comercios de Proximidad con 60 productos esenciales acordados con establecimientos que en su gran mayoría quedaban afuera del programa Precios Cuidados.

En la misma línea se inscribe el aumento del 50% en el valor acreditado mensualmente en la Tarjeta Alimentar. Recordemos que ésta fue creada en enero de 2020, justo antes de la irrupción de la pandemia en estas latitudes y a pocos días de haber asumido la actual gestión. Luego, en 2021, se amplió el universo de beneficiarios incluyendo a familias con hijos/as de hasta 14 años. Se estima que el beneficio alcanza a un universo de 4 millones de personas.

Es cierto que el problema de la inflación va más allá de los programas y los acuerdos. Su resolución implica, entre otras cuestiones, una importante tensión con los grupos de poder económico de nuestro país. Especialmente en el sector alimentos, cuya concentración excede a la de otros rubros.

En cuanto a los datos más recientes de la economía, los de la actividad industrial del INDEC muestran que en el primer bimestre del año se registró un incremento interanual del 3,9%. Se destacaron, según su incidencia en el índice, los sectores de sustancias y productos químicos, maquinaria y equipo, equipo de transporte y prendas de vestir, cuero y calzado. En el mes de febrero, se alcanzó el mayor nivel desde el mismo mes de 2016.

Por su parte, la actividad de la construcción, según el INDEC, registró en el primer bimestre una suba interanual del 1,5% y, en febrero la variación mensual con respecto a enero fue del 7,2%. También es importante destacar las perspectivas que se reflejaron en la encuesta que se realiza a las grandes empresas del sector, tanto en las que se dedican a obras públicas como privadas. El 62,3% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 29,5% estima que aumentará. Entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 50,7% opina que el nivel de la actividad no cambiará durante el período marzo 2022-mayo 2022, mientras que 45,3% cree que aumentará.

En resumen, la esencia de las políticas económicas, que terminan impactando en las condiciones de vida de las personas, reside siempre en cómo se acumula y cómo se distribuye. Para que se pueda consolidar una distribución progresiva es preciso que la economía crezca. Y para que la economía crezca y se convierta en desarrollo también hace falta distribuir, ya que se necesita un mercado interno vigoroso y un Estado presente. Las dos cuestiones van de la mano.