El tipo de cambio cerró el viernes pasado en un valor de $ 38,16, luego de superar la barrera de los $ 40 el martes. El riesgo país, por su parte, bajó unos 185 puntos básicos durante el mes y se ubicó en los 590.

¿Qué ocurrió para que los mercados redujeran su presión financiera sobre Argentina? Si para el gobierno el problema eran principalmente los shocks externos, ¿qué pasó con el mundo hostil de hace unas semanas, con la agresividad de la FED o la guerra comercial entre Estados Unidos y China? Nada ha cambiado en ese punto.

Un dólar en baja parece ideal para preceder a la noticia de que, en el nuevo acuerdo, el FMI permitiría ir hacia un sistema de flotación administrada del tipo de cambio entre bandas (crawling peg), se comenta, en torno al valor actual del dólar. Un sistema que mucho no gusta a los funcionarios del FMI, afectos a la flotación irrestricta del tipo de cambio, como la practicada hasta el momento en Argentina y que llevó a una gran devaluación con fuerte pérdida de divisas.

¿Logrará el BCRA mantener el tipo de cambio dentro de las bandas previstas? Difícil saberlo, pero claramente le resultará muy complicado con las normas de total liberalización de los flujos externos tomadas desde el inicio del gobierno de Macri, en especial el levantamiento de la obligación de liquidar divisas a los exportadores. Si ya se estaría dando un pasito atrás en la extrema liberalización con las bandas cambiarias, ¿no sería ahora el momento de colocar un plazo razonable para que los exportadores liquiden la totalidad de sus divisas? Una decisión esencial para librar la flotación del tipo de cambio (más ahora que sería administrada) de la especulación de los grandes exportadores.

El relativo «buen humor» de los mercados en la semana contrastó con la acumulación de malas noticias vinculadas con otras variables importantes. La actividad económica mostró una caída del PBI en el segundo trimestre (-4,2 por ciento). El desempleo se situó cerca de los dos dígitos (9,6%), y seguramente siga subiendo. Una falta de empleo con dos caras: es una fotografía de la aceleración del proceso de ajuste, y también intenta ser un elemento disuasivo de la combatividad de quienes reclaman por sus derechos. En tanto, la canasta básica aumentó más que el índice de precios a nivel general, indicando cómo los aumentos de precios de los alimentos (muy vinculados al tipo de cambio) perjudican a los más pobres.

Los «mercados», sabemos, reparan poco en estas variables. En realidad la única noticia que los hace reaccionar es la chance cada vez más cercana de que el FMI adelante, y eventualmente amplíe, los fondos del actual acuerdo, tras la presentación de un proyecto de Presupuesto que elaboró el gobierno y se ajusta a sus demandas.

El vocero del FMI, Gerry Rice, afirmó que el proyecto «representa una parte fundamental del programa de las autoridades para reforzar la política económica y dinamizar la economía (…). Es un elemento clave en un período de dificultades financieras».

Los mercados están acompañando al aparato comunicacional para tratar de instalar la falsa idea de «es esto o el abismo». No se sabe si el FMI esperará a que se trate el Presupuesto para firmar el nuevo documento, o si adelantará algunos fondos primero. Sea cual sea la secuencia, nada se modifica en lo esencial. Si el Presupuesto no se aprueba, los responsables de que no lleguen los préstamos del FMI serían presentados como los partidarios del «caos».

La estabilización de las variables económicas, de ocurrir, no debiera llevar a confusión: es un elemento clave para tratar de mostrar, desde el gobierno, que los mercados han empezado de una vez a valorar los esfuerzos. El tándem FMI-gobierno trata así de maximizar sus chances electorales. Con vistas al tratamiento del Presupuesto en el Congreso, cabe evitar que el ajuste y el endeudamiento se vuelvan una política de Estado. Es preciso saber escapar del círculo de chantaje permanente.

Presupuestando el ajuste

El proyecto de Presupuesto 2019 se caracteriza por la dureza del ajuste, así como por las discutibles estimaciones que aplica. No nos olvidemos de que los «presupuestos de la verdad», denominados así por el gobierno macrista, arrojaron cifras muy alejadas de la realidad. Para 2017, la inflación se proyectó entre el 12% al 17%, y terminó en el 24,8 por ciento. Para 2018, el crecimiento presupuestado del PBI del 3,5% estaría terminando en una caída hasta el -2,4%, es decir 5,9% puntos del PBI de error. Por citar algunos ejemplos entre tantos.

Una cuestión esencial que vengo comentando desde hace tiempo y que apareció en el debate presupuestario en Diputados: el déficit a tomar en cuenta es el financiero, que en este caso es del 3,2% del PBI, correspondiente exclusivamente a los pagos por intereses de la deuda, los que aumentarían un 48,9 por ciento.

Las estimaciones reconocen una caída del PBI para 2019 del 0,5%; no obstante la cifra negativa, puede decirse que es una proyección más que optimista: con la caída de este año, el PBI tendría que crecer entre un 2% al 4% en los últimos dos trimestres de 2019 para promediar el año con el -0,5 por ciento. Pero más allá de los anabólicos que intenten darle a la economía antes de las elecciones, el ajuste que se propone en el Presupuesto 2019 dejará poco margen para un crecimiento de esa magnitud al final del año.

Nicolás Dujovne sostuvo en Diputados: «en la Argentina de Macri no va a haber ninguna reestructuración de la deuda ni un ‘megacanje'». Habría que recordar que Macri es el presidente de la Argentina ejerciendo su mandato, y no el dueño de la Argentina. Dando por cierta la promesa del ministro, acerca de que no habrá reestructuración, no se entiende por qué figura el artículo 53 en el Presupuesto. Este autoriza al Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión o renegociación, «atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero». Esta última frase reemplaza a la actual: «En la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales». Es decir, reestructurar de acuerdo a los parámetros del mercado, independientemente de que ello mejore o empeore la situación de deuda del país.

Ante el ajuste, los paliativos ideados por el gobierno son insuficientes. Se intenta ajustar por el 2.6% del PBI (unos $ 500 mil millones) y sólo se incrementarán las prestaciones sociales (jubilaciones y pensiones contributivas y asignaciones familiares –incluida la AUH) apenas el 0,2% del PBI, es decir, unos $ 37 mil millones. Para comparar, el gasto anual en estos conceptos previsto para 2019 es de $ 1.867.000 millones.

Un dato que evidencia el alcance del recorte de gastos: los fondos para infraestructura y equipamiento del sistema educativo caen un 72% en términos nominales. Considerando la inflación, en 2019 serán una quinta parte de los que se destinaron en 2018. En especial, los recursos asignados a infraestructura de los jardines de infantes se reducen en un 58 por ciento. Un cruel recorte.

Para finalizar, el ajuste reduce la economía y socava los recursos fiscales, con lo cual sostener el equilibrio del déficit primario requiere cada vez mayores esfuerzos. De allí que, o no se cumpliría con la meta de déficit primario cero, o se debería realizar un ajuste mayor aun al previsto.

No parece justificable, bajo ningún punto de vista, aprobar un Presupuesto nacional en estas condiciones. Hay que ir más allá. Se requiere la elaboración de un programa de compromisos concretos, sobre qué hacer y qué no hacer, con amplio respaldo popular, para revertir esta situación. «