La intervención estatal es más necesaria que nunca

El calendario dejó atrás el 2020, un año trágico que se ganó un triste lugar en la historia. Iniciamos el 2021 con renovadas expectativas, aunque las dificultades serán muy importantes. Ya sabíamos que sería el año de la vacunación y de la reactivación de la economía argentina y mundial. Sin embargo, comenzó con amenazas de toda índole, desde el avance de las nuevas olas y cepas del virus, hasta los episodios dantescos de la sucesión del Poder Ejecutivo en los Estados Unidos que desnudan la crisis de legitimidad de la deteriorada democracia norteamericana y la sensación de que la primera potencia del mundo ingresa en una fase de decadencia.

En el terreno local, este cuadro de incertidumbre mundial nos encuentra en discusiones sobre problemas que vienen del modelo aplicado por la derecha neoliberal como la disponibilidad de divisas y la inflación.

El aumento de los precios en la Argentina está cediendo. Macri había dejado una tasa de IPC anual de 53,8 por ciento. Hoy, se estima una inflación anual en torno al 35,5 por ciento. Es decir, en un año se bajó 18 puntos de inflación. Claro que el objetivo es continuar ese sendero decreciente, pero con mayor énfasis en los precios de los bienes fundamentales para la vida, particularmente los alimentos ya que la acción de los grandes oligopolios formadores de precios termina repercutiendo directamente en la línea de pobreza e indigencia. De allí que las autoridades nacionales estén desplegando una batería de políticas para hacer más efectiva la acción sobre esos rubros sensibles. Ello incluye nuevos Precios Cuidados que agranda la canasta. Se renuevan también los Precios Máximos, se avanza en un acuerdo para la cadena cárnica de modo de asegurar precios populares en varios cortes, y se está a la espera de la crucial definición acerca de la implementación de la demorada Ley de góndolas.

De allí que el presidente de la nación señaló que se encuentra “en una lucha con la producción de alimentos en Argentina” al cuestionar “¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un alemán?”. En economía no se trata de una lucha etérea, abstracta. La discrepancia es con el poder económico concentrado, que no es imaginario ni inmanente, sino que es organizado. Y no solo se pronuncia en defensa de sus intereses corporativos, sino que actúa como lobista económico y en campañas ideológicas y políticas justificando su cerrada actitud crítica al gobierno democrático como en el caso de la Mesa de tres Enlaces, revelada contra la voluntad del gobierno por defender el precio de los alimentos para la ciudadanía. En el último tiempo, en medio de la pandemia, mientras sufrimos contagios y muertes y la gran mayoría de la sociedad se sumía a un esfuerzo económico y afectivo inédito en la historia del país, las cámaras de los grandes empresarios y sus expresiones televisivas enfrentaban el proyecto de Ley de Aporte Solidario de las Grandes Fortunas.

Cabe señalar que no se trata de una avanzada aislada, sino que estos sectores cuentan con aliados en el sistema político. En concreto, mientras el gobierno nacional toma medidas drásticas para frenar el aumento del costo de vida en una situación de pandemia, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó un tarifazo afectando a la ciudadanía porteña con un argumento engañoso, aduciendo que lo hace para protegerla de la adecuación del monto coparticipable en su disputa con la nación y las provincias del país. Así comenzó el año en la ciudad, con impuesto a los sellos del 1,2% en los consumos con tarjetas de débito y crédito, en una sociedad con pandemia donde la población se vio obligada más que nunca a evitar el manejo del efectivo y el uso de cajeros automáticos por una cuestión sanitaria, además que la crisis refuerza el recurso de la tarjeta para comprar comida.

Después de un año de restricciones al uso del transporte, la Ciudad dispuso aumentos de tarifas de taxis del 44 por ciento. También se resolvió una suba desproporcionada de las multas de tránsito del 82,5%, además de incrementos del 43 en el subte, del VTV del 45, de los peajes del 55 y de los parquímetros del 100 por ciento.

Completa el combo de ajuste larretista de la ciudad más rica del país un frenazo en la obra pública. Otra vez se aprecia una clara contraposición a la política nacional, ya que, mientras el presidente Alberto Fernández declaró la semana pasada el rol fundamental que ésta tendría en la reactivación del país, el gobierno de la ciudad amenaza con reducirlas a un “mantenimiento mínimo” y hasta revisar los contratos de la recolección de residuos, justo cuando la higiene se ha convertido en la norma fundamental para atravesar la pandemia. Los aumentos son tan elocuentes que el discurso engañoso del jefe de Gobierno porteño queda totalmente desvirtuado.

El presidente Fernández también se manifestó sobre el sensible tema de aumento de tarifas de servicios. Al respecto fue muy claro: “Estamos renaciendo de las cenizas y todo lo que podamos hacer para cuidar el bolsillo lo vamos a hacer”. Como señalamos, ese hacer es contrapesar el poder democrático a la insensibilidad del poder económico.

El año 2020 fue traumático para la población mundial. A las muertes y confinamientos se sumó la caída abrupta del comercio internacional y el freno en la producción, con la consecuente pérdida de empleo e ingresos en buena parte de la población. Ante esa situación los estados nacionales volvieron a ocupar un rol central, con políticas de intervención pública de toda índole, desde las imprescindibles restricciones para la circulación de las personas, hasta la provisión de salud a escala masiva y el sostenimiento de las economías y los ingresos de trabajadores y pymes a través de paquetes de gasto inéditos sobre la demanda y la oferta. Ante una crisis humanitaria de este calibre no hay otra institución más que el Estado que pueda dar respuestas en la escala necesaria. Así se impuso de manera inapelable la lógica estatal, incluso en países donde el credo neoliberal era venerado.

Pero este 2021 si bien nos trajo la esperanza real de la vacuna, aún requiere ser transitado con el mayor de los cuidados. Por lo tanto, deberá continuar un fuerte rol del Estado ante los diversos agentes económicos. El Banco Mundial así lo señaló esta semana, advirtiendo que la economía no va a experimentar el gran rebote que muchos esperaban. Y esa moderación no se debe al primer mundo ni a China, sino a los países en desarrollo y a los países pobres, entre ellos el nuestro. Por eso desde los organismos supranacionales –evidenciando un nuevo rol ante la catástrofe de la pandemia– se inclinan por recomendar que “si un país tiene margen fiscal, tiene que utilizarlo”. Ese margen fiscal que a la Argentina no le sobra, lo ha utilizado entre otras cosas para sostener la economía, congelando tarifas, otorgando subsidios como los ATP, dólar favorable, y créditos blandos para la producción, IFE para apuntalar el consumo, etcétera. Los receptores de esos beneficios incluyeron también a las grandes empresas que una vez más son renuentes a compartir el esfuerzo con los sectores más necesitados como reclama el papa Francisco y la mayoría de los gobiernos democráticos y populares. «