En una entrevista radial, la diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pidió «discutir con la verdad sobre la mesa», tras lo cual señaló: «Cuando ves el tema de la deuda, nosotros hoy estamos discutiendo la renegociación de la deuda de 44 mil millones de dólares del Fondo, pero la deuda global de Argentina es de 340 mil millones, y el gobierno actual sigue tomando deuda, más allá de que la tome en el mercado interno, es deuda igual, se tiene que pagar igual».
Es el discurso que bajan los referentes económicos del principal espacio opositor, según el cual, daría lo mismo tomar deuda en pesos que en dólares (a la que se recurrió entre 2016 y 2019), una moneda que nuestro país no emite. Según esta particular visión, tampoco habría diferencias entre un acreedor doméstico y un organismo de crédito internacional como es el FMI. No hay dudas de que siguen sin hacerse cargo de la hipoteca que le dejaron al país.
Respecto del destino de los dólares que prestó el FMI, la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires señaló: «No creo que esa plata se haya ido a fuga, fue a pagar deuda con bonistas privados, deuda incluso del gobierno anterior (…) y déficit, y eso es demostrable». Tratan de defender lo indefendible ya que en el caso del déficit, la moneda que predomina en las operaciones del sector público es el peso, no los dólares, salvo la parte de los intereses de la deuda externa en moneda extranjera, que ellos mismos generaron. Y en cuanto a la «deuda de la administración kirchnerista», la misma fue heredada y refinanciada con elevadas quitas.
Respecto de la fuga, ni siquiera el propio FMI la niega. En su reciente evaluación sobre lo ocurrido en Argentina con el programa que estuvo vigente entre 2018 y 2019, los equipos técnicos reconocieron que el mismo «no alcanzó los objetivos, a pesar de las significativas correcciones de las políticas económicas. Los crecientes pagos netos de deuda privada, sumados a la fuga de los capitales de residentes, sometieron al tipo de cambio a una presión considerable. A pesar de intervenciones cambiarias que superaron las disposiciones del programa (…)». Acto seguido, el directorio del organismo evaluó que los límites impuestos por el gobierno de aquel entonces pueden haber «descartado medidas que podrían haber sido críticas para el programa, tales como una operación de deuda y el uso de medidas de gestión de los flujos de capital», una referencia concreta a la necesidad de controles para evitar la salida de fondos hacia el exterior.
Otro intento de esquivar responsabilidades se observó alrededor del llamado del Gobierno nacional a una mesa de trabajo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para definir el traspaso de la gestión de 32 líneas de colectivos que operan exclusivamente en el ámbito de la CABA. La primera reacción del gobierno porteño fue tratar de asustar a los ciudadanos y ciudadanas, diciendo que el precio del boleto podría pasar de 18 a 45 pesos. También se dijo que era un avance contra la autonomía distrital. Otra forma de no hacerse cargo de las responsabilidades y de evitar discutir las cuestiones de fondo.
En cuanto a la distribución de los recursos por las 32 líneas de colectivos en cuestión, la Ciudad recibió unos 14.600 millones de pesos en 2021. En tanto, el gobierno nacional aportó 28.000 millones de pesos al Fondo Compensador de Transporte para subsidiar parte de los gastos de transporte en el resto de las provincias del interior. Es preciso seguir avanzando por la senda del federalismo y resolver las asimetrías existentes, ya que hay localidades provinciales en las que el boleto mínimo está muy por encima del valor del AMBA.
Soy un diputado electo por la Ciudad de Buenos Aires, y no estoy de acuerdo con que el boleto aumente. La Ciudad es una de las jurisdicciones más ricas del país y posee los recursos presupuestarios suficientes para hacerse cargo de lo que hoy le gira el Estado Nacional. Es el manejo presupuestario del Gobierno porteño, incluida la errónea asignación de gastos, lo que se debe corregir.
Consolidar la recuperación
Los últimos datos de la producción industrial (IPI), a diciembre de 2021, muestran valores algo mayores a los de abril de 2018; es decir, que se está recuperando lo perdido desde la pandemia de Covid-19 y desde el anuncio del acuerdo con el FMI (mayo de ese año), que profundizó el ajuste que la anterior gestión ya estaba llevando a cabo.
En concreto, la producción manufacturera que mide el INDEC registró al cierre de 2021 un valor 11,5% mayor al de febrero de 2020. Comparando con el modelo previo, en el acumulado de todo 2021 el nivel se encuentra un 7,1% por encima de 2019 y 0,3% respecto de 2018.
Además, en diciembre, 15 de las 16 divisiones industriales produjeron más que en el mismo mes de 2019, lo que muestra que la recuperación es generalizada. En este marco, en la actualidad (noviembre de 2021) el sector cuenta con 35.800 puestos de trabajo más que a fines de 2019. Por el lado de la construcción (ISAC), en el año 2021 se registró un crecimiento de la producción del 30,8% respecto a 2020 y se superó en 5,4% a la del año 2019.
Según el Ministerio de Desarrollo Productivo, «todas estas mejoras no son fruto del azar, sino producto de que recuperamos las políticas productivas, como el crédito accesible, el desarrollo de proveedores nacionales y el fomento a parques industriales, entre muchas otras iniciativas. De hecho, el crédito en pesos a las empresas alcanzó el mayor nivel desde 2018. Las pymes fueron priorizadas: hoy explican el 52% del crédito a las empresas, un récord histórico».
Hay mayor actividad y más incorporación de empleo, y este es el camino a profundizar junto con las necesarias políticas redistributivas, más cuando aún no se recuperaron las pérdidas de ingresos del anterior período y hay amplios segmentos que siguen rezagados, en particular los que trabajan en la informalidad.
Por el frente externo, las condiciones climáticas adversas representan para este año algunos riesgos. Hay estimaciones que señalan impactos en la soja, aunque en el maíz es temprano para saber los efectos del clima. Sin embargo, las proyecciones privadas suelen subestimar la cosecha total y sobreestiman el impacto de los eventos climáticos. De todas maneras, se espera que los mayores precios compensen en ingreso de dólares las eventuales bajas en exportaciones.
Lo paradójico es que los mayores precios de las materias primas, que colaboran desde el lado de las divisas, también generan presiones por el lado de los precios domésticos. Por eso, y para no terminar siendo «víctimas de nuestras ventajas», queda en evidencia la necesidad de seguir apuntando a lograr el desacople, a través de acuerdos de precios y distintas regulaciones. En materia estructural, el desarrollo de las exportaciones con mayor valor agregado será crucial en el futuro para no depender tanto del clima y otros eventos externos.
La existencia de un Estado nacional que no le quita el cuerpo a sus responsabilidades es fundamental para consolidar la recuperación y avanzar en las transformaciones de fondo que al país le hacen falta, y que deben estar dedicadas a mejorar el bienestar de la inmensa mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país.
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