Es por eso que, a diferencia del “reperfilamiento” macrista, en esta oportunidad el conjunto de los empresarios y las cámaras que los representan salieron en coro a presionar al deudor –no al acreedor- para impedir que se produzca un default, es decir, se avenga de una u otra forma al reclamo de los bonistas.
Una de las causas de esta actitud es el nivel de deuda externa que tienen las propias empresas y bancos con el exterior. Ese stock alcanza a los 80.326 millones de dólares a diciembre de 2019, último dato conocido publicado por el Banco Central en base a las investigaciones del Indec. Hace cuatro años, esa deuda era del orden de los 64 mil millones de dólares. Tuvo una expansión del 22%, un ritmo bastante menor al que tuvo el crecimiento de la deuda pública.
El reclamo privado por evitar el default advierte explícitamente que en un escenario así, las empresas verían mucho más complicado su acceso a los mercados de deuda en dólares, sean nacionales o internacionales. Concretamente, si las firmas argentinas quisieran refinanciar un vencimiento o mejorar la secuencia de vencimientos de deuda en moneda extranjera, se encontrarían con un mercado de deuda que podría pedirles tasas de interés prohibitivas. Las empresas deberían destinar más recursos a sostener sus pasivos financieros lo cual derivaría en una nueva baja de la calificación de riesgos, más aún en una recesión profunda de la economía local y mundial. La espiral descendente podría ser abismal.
Pero no sólo se trata de las empresas argentinas. Hay un eslabón más en esta cadena de deudas que también podría verse dañado: las casas matrices de las filiales, sucursales y representantes en la Argentina, que son acreedoras de sus dependencias por 22.850 millones de dólares. Y una crisis de deuda en sus filiales les cambiaría la calificación de toda esa masa de dinero.
Las casas matrices suelen financiar a sus sucursales. En algunos casos ese financiamiento se transforma en expolio por medio de deudas usurarias con las que se justifican los balances deficitarios de las sucursales. Sucedió en Argentina con las empresas de servicios públicos privatizados.
Para colmo de males, la mitad de la deuda entre filiales y casas matrices es “de pago inmediato”, es decir, créditos de muy corto plazo que se refinancian permanentemente aunque las sucursales cumplen con el pago de los intereses. En un contexto de default nacional, las casas matrices deberían subirle las tasas de interés a los préstamos tomados por sus filiales, lo cual haría más complejo sostener ese flujo de fondos.
El stock de los préstamos desde las casas matrices hacia las filiales argentinas ha descendido levemente y se mantiene con altibajos en los últimos años. Era de 27.412 millones de dólares en diciembre de 2013. El declive marca que ésta no ha sido la vía elegida por las empresas argentinas para financiarse.
La emisión de títulos de deuda en moneda extranjera también tuvo su momento de gloria y luego perdió su brillo de la mano de la corrida cambiaria de 2018. Entre 2014 y 2017 el stock de deuda acumulada vía este instrumento creció un 140% hasta alcanzar los 14 mil millones de dólares. Desde ese pico, las emisiones se hicieron cada vez más espaciadas. Ahora el acumulado ronda los 12.500 millones de dólares.
Los préstamos directos de organismos internacionales o entidades comerciales recibidos por las firmas locales también están en retroceso. Llegaron a un pico de 9500 millones de dólares a fines de 2018 y un año después ese stock había caído un 13 por ciento.
En cambio, el stock de créditos y anticipos comerciales sí creció con fuerza desde 2016, un 85% hasta acumular 27.566 millones de dólares. La progresión sería razonable si el comercio exterior argentino hubiese crecido en la misma magnitud en estos cuatro años, pero no ha sido así. De hecho, las exportaciones de 2019 recuperaron el nivel de 2013 tras las bruscas caídas que tuvieron en el medio, mientras que las importaciones son 23% menores a las de seis años atrás.
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