La danza, un sector olvidado que reclama subsistencia

Por: Jonathan Raed

La actividad cerró desde el inicio de la cuarentena y sus actores no encajan en ninguna línea de subsidio. Bailarines y profesores se unen en distintas organizaciones con el objetivo de visibilizar la delicada situación que involucra a cientos de familias.

La legendaria bailarina estadounidense Isadora Duncan, entre varias de sus frases célebres, dijo algo así como “bailo porque no lo puedo decir en palabras”. Con humor, el coreógrafo argentino Ricardo “Ricky” Pashkus ironizó: “Y así, nos callamos la boca durante tantos años”. Sin un marco legal específico que los ampare, las y los bailarines y estudios de danza constituyen uno de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria. “Nadie tiene idea de la cantidad de gente que se está perjudicando”, apuntó Pashkus.

Ricky Pashkus es un referente del Colectivo de Estudios de Danza, dentro del cual surgió también el armado del Colectivo de Estudios de Educación Artística de Danza y Teatro Musical (CEADyTEM), que tiene en el armado a artistas de la talla de Valeria Lynch, Laura Fidalgo, Paula Schapiro, las Twins Tap, Juan Rodó, Noemí Coelho, Margarita Fernández y Reina Reech, entre otros, con el fin de “potenciar el colectivo general de danzas, a través de la visibilidad que puedan dar al sector nuestros apellidos”.

En ese marco, el coreógrafo diferenció: “No tenemos Ley Nacional de la Danza. El teatro, sí. Los actores tienen su sindicato, los bailarines no. Por fortuna, hoy SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes) incluye a los bailarines, pero estamos dispersos en diferentes sindicatos. Si estás en el Colón, estás en el sindicato de estatales; si estás en la danza folclórica, nada; si sos tanguero, te apoya el sindicato de las tanguerías. Ese limbo tiene que ver con el no nombramiento de nuestra actividad”.

En esta crisis sanitaria, los protocolos hablan de “práctica escénica”. Hoy, no está habilitado que alguien de clases, pero se nombra que podrán ingresar al teatro 20 actores o actrices, hacer práctica escénica y hacerlo vía streaming. En ese contexto del campo de acción de la danza, “el no nombramiento obliga a decodificar, a entender y a hacer tu propia interpretación de dónde estás incluido; si nos parecemos a los gimnasios, a los estudios de teatro o a quién”.

Los artistas de renombre sufren la situación de una manera, pero “otra mucho más grave es para los que tienen estudios de danza y no saben hacia dónde correr”, advirtió Pashkus. En ese sentido, si bien la actividad comenzó a trabajar en distintas provincias donde la cuarentena se encuentra en fases más laxas, tanto en Ciudad como en Provincia de Buenos Aires la situación continúa como en el primer día de la cuarentena.

Tal es así, que la Provincia se encuentra en plena evaluación de un protocolo de habilitación, a partir de un petitorio de unos 40 salones de danza de San Isidro, unidos por primera vez producto de la profunda crisis del sector. Por la propia dinámica de la actividad, en verano se trabaja poco y la actividad comienza fuerte en marzo. Así las cosas, estas microempresas trabajaron durante 20 días en los más de nueve meses que lleva el año. Hoy, está en manos de la Provincia una resolución que afecta a decenas de estudios y a cientos de familias en el Conurbano bonaerense.

Uno de esos salones es el Estudio RC, conducido por Rocío Nicola Otero, quien contó su caso particular, el cual a su vez se asemeja al de muchos otros estudios. «De 40 alumnas regulares que asisten al salón, quedaron 12 tomando clases online». Las clases online, si bien actúan como salvavidas, «están lejos de ser lo ideal», ya que «no todas las alumnas tienen los elementos en su casa como puede ser un piso flotante o una barra o buena conexión a internet o espacio para desplazarse; esto puede provocar hasta lesiones». Aun así, «las individuales podrían llegar a funcionar, pero las grupales son mucho más difíciles porque cuesta más controlar los movimientos y correcciones para no dañar al alumno; además, es más difícil la coordinación en sintonía con la música producto de los cortes que tiene internet».

Sobre la situación en la Ciudad, Pashkus afirmó: “Ha habido aperturas o están en agenda otras actividades de dinámicas similares, pero los estudios de danza no sabemos. Nuestra habilitación en Capital es la misma que tiene un instituto de inglés. No somos nombrados en los protocolos, en las aperturas de las distintas fases, en las habilitaciones, en la quita de impuestos, en la llegada de otro tipo de asistencia. Al ni siquiera estar nombrado, no se tiene idea de la cantidad de gente a la que se perjudica. Estamos hablando no solo de danza clásica, sino también folclóricos, tangueros, urbanos, una población mucho más grande de la que van a los gimnasios. Y también incluye el pago de docentes, de administrativos, etc. No pretendemos bailar tango, sino que los estudios estén abiertos”.

Asimismo, el Frente de Emergencia de la Danza publicó este martes un comunicado en el cual aseguró que “luego de haber tenido 10 reuniones consecutivas con el Ministerio de Cultura de CABA y el Directorio de PRODANZA y a 5 meses de la declaración de emergencia del sector informa que el Ministerio” no brindó ninguna de las soluciones charladas en esas reuniones. Entre las mismas, se encuentran programas y líneas de subsidios, relevamientos que ayuden a cuantificar la problemática ni planificaciones atentas a brindar respuestas al sector.

En cuanto a los subsidios estatales, Ricky afirmó que “los bailarines y los estudios de danza quedamos afuera; de hecho, muchos han quedado fuera del IFE por alguna factura eventual que han hecho en los últimos meses”.

Festivales como Cosquín y Baradero, infinidad de obras de teatro, programas de TV con mucho rating. Las y los bailarines ocupan muchos espacios dentro del ámbito de la cultura argentina, pero al mismo tiempo no ocupan un espacio específico en los papeles. La falta de un marco legal provoca, entonces, no solo el cierre de la actividad (como ocurrió con tantas otras), sino también la imposibilidad de acceder a ayudas estatales que sirvieron como paliativos en otros sectores.

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