La asistencia estatal ingresa en la etapa de la «sintonía fina» por su impacto fiscal

Por: Martín Ferreyra

El gobierno achicará el monto destinado al programa ATP en julio. Especialistas aseguran que la ayuda debe estar más focalizada en el futuro.

Después de dos meses consecutivos de asistir a las empresas privadas con el 50% de los salarios de abril y mayo con el programa ATP, el gobierno anunció la semana última el achicamiento de ese porcentaje de ayuda más algunas medidas de racionalización según tamaño de empresa, sector de la economía y ubicación geográfica.

Los cambios se dieron a conocer a pesar de los reclamos de la dirigencia empresarial, que intentó convencer a las autoridades de que apliquen el ATP para el pago de los aguinaldos.

Sintonía fina

Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), destacó en diálogo con Tiempo los anuncios en la antesala de un nuevo desafío de «empezar a focalizar y dirigir los fondos hacia sectores donde no llegaron esas políticas» y remarcó el caso de las cooperativas, «donde hay un déficit importante de respuestas en particular».

En cuanto al sector privado registrado, desde esta perspectiva no sólo tiene que haber diferencias geográficas, por sector y ramas de actividad «sino que también hay informes de Afip que hablan de una heterogeneidad importante al interior de cada rama, porque depende mucho según la empresa de qué carteras de clientes tiene o de cómo esté armada la estructura del negocio» la necesidad o la indicación del acompañamiento por parte del Estado.

«A veces, en una rama hay un 25% de empresas que no pudo facturar prácticamente nada y otro 25% que incluso aumentó la facturación, por eso al interior de cada rama hay que focalizar a las más comprometidas. Es el caso de los distribuidores de alimentos y golosinas, que si tienen clientes en los barrios en los que los trabajadores hicieron cuarentena ganaron y si venden a comercios del centro se fundieron hace tres meses», ejemplificó.

Todo tiene un límite

Orlando Ferreres, de la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados (OJF), también consideró los cambios en el programa de asistencia como racionales, pero pidió que la asistencia se retire paulatinamente en el contexto de políticas tendientes a la reapertura de la economía y de una normalización de los negocios.

En diálogo con este medio, rescató que el gobierno acompañe la reducción de los ATP con medidas impositivas que resultan atractivas para las empresas, y señaló la extensión de la protección social como un factor clave.

«Es cierto que están disminuyendo porcentajes de asistencia, pero también piensan dar ventajas impositivas a manera de compensación. Evidentemente, todo tiene su límite. Es el límite de la enfermedad, que no va a durar cien años. Es larga la pandemia, pero no va a ser siempre así», reflexionó.

La consultora OJF se destaca por su llegada a los sectores privados, tiene mucha información de las empresas y es una de las más escuchadas por los hombres de negocios. Con ese feedback en su haber, el economista se manifestó seguro de que los cambios anunciados por el gobierno no mueven la aguja en las oficinas donde se toman las decisiones.

«Los empresarios están muy preocupados por el cierre de la economía y por la falta de la actividad» más que por al continuidad de los ATP, indicó. «En algún momento hay que empezar a reactivar, porque continuar con estas políticas y estas medidas no tiene sentido económico ni sanitario», concluyó.

Para el CESO, la posición de las grandes empresas es llamativa en el contexto de la crisis y de los pronósticos de recesión a futuro, pero Pertierra también la consideró «sanas porque son empresas que tienen muchos más recursos para readaptar su forma de trabajo».

En ese orden, comparó: «En una empresa con diez empleados estás obligado a poner dos personas a rediseñar todo el proceso y es el 20% de los trabajadores. En cambio, en una empresa con mil empleados se puede destinar 20 personas a la tarea y sería el 2%. La capacidad de respuesta es mucho mayor». Un informe del CESO con información de la Afip a marzo mostró que en el país hay 1377 empleadores con más de 500 trabajadores sobre un total de 542 mil.

De todos modos, la impresión es que el análisis de Ferreres está orientado a un equilibrio de la balanza más que a la decisión de lanzar un beneficio orientado a lo universal, finalizó Pertierra.

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