Interpelarán a Avruj ante la CIDH por violación de DDHH laborales

La política del gobierno de Mauricio Macri será analizada por el organismo de Derechos Humanos a raíz de una presentación realizada en conjunto por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La presentación de la misma había sido parte de las resoluciones de un plenario realizado el 5 de julio convocado por la primera de esas organizaciones días después de una grave acusación que, en boca del propio Mauricio Macri, sufrió la entidad.

El presidente había dicho que los abogados del fuero laboral constituyen una “mafia de los juicios laborales” y apuntó sus cañones en particular contra el abogado Héctor Recalde que encabeza la lista opositora a la conducción de la Asociación que, de cualquier forma, lo interpretó como un ataque a toda la entidad así como al conjunto de las organizaciones sindicales y los trabajadores en general. 

Aquella acusación representó una escalón más de un derrotero contra la justicia del trabajo que había comenzado en agosto del 2016 cuando el presidente cargó contra el fuero laboral sugiriendo que los fallos de los jueces laboralistas que favorecían a los trabajadores ahuyentaban las inversiones externas y que sería necesaria una justicia laboral «más equitativa».

De ese modo, desde diversas instancias del ejecutivo se avanzó contra los letrados del fuero laboral llegando a solicitar juicio político a cinco de ellos que habían dictado reinstalaciones de trabajadores a sus lugares de trabajo o, por ejemplo, intimado a las patronales bancarias a acatar las paritarias que ellos mismos habían suscripto. Se trata de los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gibert para el caso de La Bancaria, Diana Cañal y Luis Raffaghelli que habían dictado un fallo de reinstalación de trabajadores del ENACOM y la jueza Mirta González Burbridge que reinstaló a un trabajador despedido de Vialidad Nacional.  

En la misma línea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires había recusado a la jueza Dora Temis que había ordenado la restitución de los días descontados por el gobierno bonaerense a los docentes que habían hecho uso de su derecho a huelga.

De la audiencia pública en la ciudad de Montevideo participarán los organismos mencionados acompañados de organizaciones sindicales y de Derecho Humanos tales como las dos  CTA, la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), la Federación Judicial Argentina, ATE, SUTEBA, Aceiteros, Sipreba, Actores, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas, la APDH, entre otros.

Es que la ofensiva oficial incluyó la intervención de cinco sindicatos algo que también considerará la entidad de Derechos Humanos.

Para Matías Cremonte la Asociación de Abogados Laboralistas “se trata de un hecho histórico. Es la primera vez que la CIDH habilita una audiencia pública para tratar violaciones de derechos laborales. Lo hacía mayormente por los derechos humanos tradicionales vinculados con las libertades individuales. Ya arrancó hoy con la de Brasil y luego la de mañana nuestra. Es alentador.”.

Cremonte explicó que estamos ante «un ataque a la vigencia de los derechos laborales. Se ataca la representación de los trabajadores para que la defensa sea individual y no de manera colectiva a través de las garantías del derecho laboral». 

A la hora de solicitar la audiencia, la entidad señaló que las políticas del ejecutivo representan maniobras que apuntan al objetivo de fondo de “alterar en forma sustancial los derechos de los trabajadores”. Ante la estrategia del gobierno de avanzar en una reforma laboral sector por sector el dirigente descartó que altere el fondo de la cuestión: «más allá de la forma, en cómo se intente llegar a donde se quiere llegar, no hay duda de lo que se busca. No dicen que no quieren una reforma laboral como la de Brasil sino que no será mediante una reforma legislativa. Triaca dijo en el Rotary Club que ‘el elefante se come de a bocados’.» 

El reglamento de la CIDH establece en el inciso 3 del artículo 66 que, en casos de este tipo, «cuando la Comisión acceda a solicitudes de audiencia sobre la situación de los derechos humanos en un país, convocará al Estado interesado.». En el día de hoy se realizó una audiencia a pedido de la Central Única de Trabajadores (CUT) brasilera, la asociación de jueces para tratar el alcance de la Reforma Laboral que resolvió en el parlamento de ese país y el gobierno de Michel Temer envió a sus representantes.

Según pudo saber Tiempo Argentino de fuente oficiales, por el gobierno argentino participará el mismo secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj acompañado por Brian Schapira subsecretario de protección de Derechos Humanos. 

El Sipreba llevará la denuncia de los trabajadores de prensa

La delegación argentina estará compuesta también por representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) que además de un posición solidaria con la AAL llevará sus propias denuncias: «por un lado desde el punto de vista de la representación de los trabajadores y por el otro por la afectación de la misma actividad periodística». 

Entre ambas esferas se llevará la denuncia por la criminalización de los delegados de Editorial Perfil que serán llevados a juicio penal, el desafuero de los delegados de Diario Uno de Mendoza, el manejo discrecional de la pauta oficial que es descargado sobre los trabajadores de prensa en diarios como Página 12 o Ámbito Financiero,  así como el ataque a la redacción de Tiempo Argentino y Radio América del 4 de julio de 2016, y el «accionar represivo sobre la prensa en varias coberturas periodísticas», entre otros hechos.