Internet, cable y telefonía: las claves de la nueva prestación básica universal

La aplicación de la prestación básica universal obligatoria en telecomunicaciones desde el 1 de enero pondrá a prueba la idea más establecida de ese sector, expresada en la frase de que «sólo puede funcionar bien si no se lo regula».

El gobierno lanzó el viernes pasado una suerte de tarifa social para las prestaciones de telecomunicaciones que si bien alivian la carga económica en los consumidores de menores recursos, no deja de tener un impacto en el bolsillo.

El gobierno rodeó el anuncio con alusiones a la política de ampliación de derechos y al carácter «histórico» de la decisión. Además, destacó que se llevaba a cabo «luego de múltiples reuniones con diversos actores del mercado y la industria» de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Por el lado de las empresas prestadoras, hubo reclamos y rechazos a la idea de que la salida anunciada hubiera tenido que ver con un diálogo. Un directivo de una firma del sector le dijo a Tiempo: «Es claro que el anuncio es solo del gobierno. Por eso es que no hubo ningún representante de empresas en la foto».

Entre las organizaciones de defensa del consumidor se saludó la iniciativa, aunque, hubo preguntas acerca del control de la calidad de la prestación otorgada, en especial en el caso de Internet para el hogar.

El anuncio del viernes incluyó el aviso de que desde el 1 de enero las empresas del sector subirán sus precios en un 5%, aunque las autoridades aclararon que aun no está determinado un sendero de precios a mayor plazo. «Dependerá de la marcha de la economía», dijeron (ver aparte).

Reglas de juego

La nueva tarifa social de telcomunicaciones es la consecuencia del DNU 690, de agosto pasado que estableció dos cosas: de un lado, que se debía generar una prestación básica universal y obligatoria destinada a los sectores de menores ingresos; del otro, que las tarifas de todos los servicios de comunicaciones quedaban congeladas desde el 1 de agosto y hasta fin de año.

El DNU dejó en manos de una futura reglamentación los detalles de la aplicación de la prestación básica: calidad, precios, público al que estará destinada.

La confección de esa reglamentación llevó cuatro meses y medio, durante los cuales hubo reuniones entre las autoridades del Enacom -constituido como autoridad de aplicación- y las empresas (grandes, chicas, cooperativas, integradas o no) y organizaciones de defensa del consumidor o vinculadas al tema de las telecomunicaciones. El resultado «no va aponer contentos a todos, algunos están más felices y otros menos», le dijo a Tiempo el presidente del Enacom, Claudio Ambrosini. «Esta industria de las telcomunicaciones pasó de importante a imprescindible por la pandemia. Ellas siguieron trabajando y facturando», agregó para aventar de antemano los reclamos que sabe que se están juntando en los despachos de las firmas. En ese sentido, Ambrosini cargó las tintas al señalar que las empresas venían de una «dinámica de aumentos por encima de la inflación» y que seguían en esa tendencia en este año de pandemia.

Desde Telefónica le dijeron a Tiempo que hay un cambio «en las reglas de juego» y que los representantes de la empresa acercaron propuestas a la mesa de negociaciones en el Enacom para atender la demanda de sectores vulnerables, pero que no fueron tomadas en cuenta. «Esta es una decisión que se tomó unilateralmente», dijo la fuente.

 En tanto, Telecom dijo que «el DNU 690/20 cambió drásticamente las reglas de juego del sector» y que el encuadramiento de servicio público en competencia y el congelamiento de precios «no existe en ninguna parte del mundo». Tras señalar que «los planes de conectividad inclusiva de Telecom alcanzan a 600.000 clientes», la firma de Cablevisión, y que comparte propietarios con el Grupo Clarín, indicó que «esta industria no pudo contar con el Estado como su socio estratégico para generar consensos».

El faro del 5G

El reclamo de las empresas más grandes no sólo corre por el plan universal sino también porque el sector quedó en la mira de las autoridades, las que en virtud de la declaración de servicio público en competencia podrán pedir datos a las empresas antes de aprobar un aumento. «Estamos corrigiendo asimetrías», dijo Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública. «Si quieren aumentos, las empresas deberán sentarse y demostrar los costos que tienen», agregó. Ambrosini completó: «Podemos estudiar casos puntuales en los que las empresas nos expliquen por qué tal servicio tiene costos superiores a los del resto de la competencia».

Para el presidente del Enacom, con estas decisiones se está sentando las bases del despliegue más homogéneo de las futuras tecnologías de comunicaciones en la Argentina. «Tenemos el faro del 5G y no podemos quedarnos anclados en esta etapa. Hay que seguir», indicó en relación a la posibilidad de que las empresas retaceen inversiones si el gobierno no desmonta la nueva política regulatoria en el sector que, por ahora, vino para quedarse.  «

Quejas de las grandes empresas por suba del 5%

Además de establecer la prestación básica universal y obligatoria de telecomunicaciones, el gobierno determinó que las empresas de TV paga, Internet y telefonía fija y móvil podrán incrementar sus precios en un 5% el 1 de enero. Respecto de cómo sigue el tema, Ambrosini señaló que «no hay nada establecido» y que dependerá «de la marcha del conjunto de la economía».

«No hay plazo para un nuevo aumento», reforzó Gustavo López, el vice del Enacom.

Desde las empresas más grandes aseguraron que ese incremento es inferior a sus «necesidades». Una fuente de la española Telefónica indicó que «entre los costos en dólares más la inflación, el 5% no cubre nada». Telecom, en tanto, aseguró que el aumento «no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora».

Los números

El Enacom regulará los nuevos precios de la prestación básica.

Móvil: tendrá un valor de $ 150 y dará 500 minutos de comunicaciones a la misma empresa y 50 minutos con otras empresas. La aplicación WhatsApp solo texto será gratuita.

A este plan se puede agregar por $ 200 pesos un giga de datos móviles.

Telefonía fija: por $ 380 el cliente dispondrá de 300 minutos para llamadas locales y de larga distancia nacional.

Internet fija: para el AMBA y las grandes ciudades del país servidas por grandes empresas, un paquete de 10 megas por segundo tendrá un valor de $ 700. A medida que las empresas son más chicas, se les permite paquetes con menos prestaciones y más baratos.

TV paga: los clientes podrán disponer de descuentos de entre el 20% y el 30% respecto de los precios «normales».

Quiénes: podrán solicitar estas prestaciones los beneficiarios de la AUH, Embarazo, receptores de pensiones no contributivas, monotributistas sociales y trabajadores y jubilados con ingresos menores a dos salarios mínimos, entre otros.