Junto a diputados nacionales y distintas asociaciones buscan que se “frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”.
«La iniciativa, en el primer día hábil judicial, responde a la promesa de poner un freno a las políticas de ajuste del gobierno nacional y evitar un nuevo tarifazo», se lee en un comunicado que difundió la Munipalidad de San Matín, cuyo intendente, Gabriel Katopodis afirmó: “Queremos que el gobierno tenga muy en claro que los intendentes vamos a defender a los clubes, a las PyMES y a todos nuestros vecinos que no pueden pagar las facturas y encima se quedan sin servicio por falta de inversión. Hace tres años que Macri le pide a la gente que haga un sacrificio, pero sin cumplir ni una sola promesa”.
La presentación judicial contra el Poder Ejecutivo Nacional –impugna las resoluciones de la secretaría de Gobierno de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad- considera que los nuevos aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y señala además que “no se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública”, lo que va en contra del artículo 42 de la Constitución Nacional.
La medida solicita a los jueces de la Nación que “frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”. Además requiere la suspensión de las Resoluciones 366/2018 de la Secretaría de Energía y las resoluciones del ENRE. Y que ambas reparticiones del Estado Nacional “se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, con inicio el 1 de febrero de 2019, hasta tanto se dicte sentencia de fondo”.
Participaron los intendentes Fernando Gray (Esteban Echeverría), Juan Zabaleta (Hurlingham), Verónica Magario (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gabriel Katopodis (San Martín), Julio Zamora (Tigre), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Marcelo Santillán (Adolfo González Chaves) y el Intendente interino de Colón, Pablo Pino.
Además, estuvieron las diputadas nacionales Cristina Álvarez Rodríguez y Victoria Donda; los diputados nacionales Felipe Solá, Leonardo Grosso, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino; el titular del Centro de Estudios CEPIS, Mariano Lovelli, y el diputado provincial Julio Pereyra, entre otros. También, los representantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), de Barrios de Pie, de Cámaras Empresariales, y de la multisectorial de usuarios y consumidores.
Celeste López y Mariano Gorini serían los nombres de los agresores.
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