Columna de Adrián Murano, periodista.
Hasta la llegada de Mauricio Macri al gobierno, la fábrica producía unos 2 millones de bolitas a la semana. Más o menos la mitad iba a kioscos y jugueterías. Otra parte se destinaba a la industria. En especial a fábricas de contenidos envasados en aerosol, que requieren de las bolitas como agente removedor.
Un gran cliente de Tinka es Aerolom, fabricante de Rey Momo, un clásico entre las espumas de Carnaval. Ubicada en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Aerolom solía comprarle a Tinka unas 20 millones de bolitas al año. Pero este 2016 compró poco y nada: la devaluación y la apertura de las importaciones redujo la producción local de espuma. Por lo tanto, Aerolom no demandó las bolitas de Tinka, que vendió menos. Y vio trepar sus costos por el tarifazo en el gas. Una tormenta perfecta que, lejos de ser un desastre natural, fue provocada por decisiones de política económica.
El drama de Tinka se replica en miles de pymes argentinas. Un informe de Fedecámaras indicó que, para la mitad de este año, ya habían cerrado unas 5000 industrias y comercios. El último informe de la Fundación Observatorio Pyme muestra que el panorama no mejoró durante el mentado segundo semestre: las ventas del sector cayeron un 6,5%, mientras que se duplicó la tasa de pérdida anual del empleo industrial pyme, que se redujo un -3,2% frente al -1,8% del trimestre anterior.
El derrumbe del comercio y las pymes industriales sectores que proveen el 60% de empleos privados en la Argentina- contrasta con la fiesta que viven los bancos, mineras, agroexportadores y especuladores financieros, grandes ganadores del primer año de gestión PRO.
El resultado no fue «magia», como dijo Macri parafraseando a su antecesora, sino producto de una política pública deliberada que busca reinstalar en la Argentina un modelo económico basado en la exportación agrícola y la provisión de servicios, con un Estado que alivia impuestos a los sectores más dinámicos y se endeuda hasta el cuello para financiar fuga de capitales especulativos y obra pública ejecutada por una elite de contratistas amigos. La idea no es nueva. La dictadura cívico-militar buscó algo parecido, con consecuencias que todavía persisten. También lo intentó Carlos Menem durante el boom neoliberal. Y dejó un desastre. Pero no hay caso, parece. En el país del nomeacuerdo, como dijo María Elena, siempre se da un pasito para atrás. «
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