Guzmán busca trabar el planteo del FMI de un ajuste fiscal en el nuevo acuerdo

El pedido oficial para iniciar la renegociación de la deuda de U$S 44 mil millones con el FMI ocupa apenas tres líneas de la nota firmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. En cambio, la mayor parte de las dos carillas de la misiva enviada el miércoles fueron ocupadas en destacar las secuelas económicas del coronavirus y las críticas al acuerdo firmado en 2018 entre la anterior administración local y la también cesada conducción del organismo.

El cuidadoso relato sirvió al gobierno para marcar la cancha en la discusión que se inicia. Su objetivo es usar un «conjunto diferente de políticas», bastante alejadas a las mencionadas en el stand by de hace dos años, al que se califica de «cancelado y descarrilado». Los funcionarios resaltaron que aquel programa tuvo «defectuosos presupuestos» y que demostró su «incapacidad para restaurar tanto la confianza como para generar robustez».

La avanzada alteró el casi siempre tranquilo discurso de Guzmán. En las redes sociales, el ministro dijo que aquel stand by fue «realizado a espaldas de la sociedad» y que «el camino para llegar a un programa que ayude a Argentina lo recorreremos de frente a la sociedad».

En cambio, la respuesta del FMI fue la estándar: «Estamos preparados para desempeñar nuestro papel (…) para apoyar a Argentina en estos tiempos desafiantes». Es sabido que sus manuales determinan que una refinanciación dispara el reclamo de ajustes económicos. El mecanismo con mayores posibilidades de aplicarse en el caso argentino es el Servicio Ampliado (SAF, también conocido como EFF, por sus siglas en inglés). Pero como lo otorga a países que enfrentan «graves problemas de balanza de pagos debido a deficiencias estructurales», el FMI exige planes de reformas económicas. Ese es el terreno que la Casa Rosada pretende delimitar.

El marasmo en que cayó la economía mundial, pandemia mediante, jugará a favor de esa estrategia. El Fondo ha avalado los desequilibrios fiscales y la emisión monetaria en que incurrieron muchos países (incluso potencias europeas) para sostener la actividad. Argentina no fue la excepción. Eso no significa que ambos temas no figuren en la agenda, pero el gobierno sabe que tendrá cierto margen para ir encauzando esas cuestiones sin hacer crujir una economía que ya antes del coronavirus venía de dos años en declive.

«Hay medidas fiscales que no se van a poder tomar. Lo importante es tener un sendero lógico que no afecte las posibilidades de recuperación económica. Será importante tener un diálogo y también la conciencia que tenga el Fondo al respecto», dijo Sergio Chodos, representante argentino ante el organismo, en una entrevista radial con la señal El Destape. El funcionario también espera flexibilidad en torno a los controles en el mercado cambiario, sobre los que en los últimos días corrieron rumores de profundización: «Ahora ellos tienen una visión muy distinta de los controles de capitales. Lo que antes era una herejía, ahora lo consideran una herramienta», graficó.

A largo plazo

Los EFF prevén la devolución del dinero hasta en diez años, con cuatro de gracia, en cuotas semestrales. Es el tipo de ayuda que esta semana recibió Ecuador, por un monto de U$S 6500 millones, después de un proceso de conversaciones que llevó un mes. Por ejemplo, si el Fondo accediera al pedido argentino a comienzos del año entrante, los pagos de capital se realizarían entre 2025 y 2030. En el cronograma vigente hasta ahora, las amortizaciones arrancan en septiembre próximo, se concentran en los dos años siguientes (U$S 18 mil millones en cada ejercicio) y finalizan en 2024.

Las cuestiones internas del Fondo también se cuelan en la historia. Su directorio recibe una fuerte influencia de Estados Unidos, que tendrá elecciones presidenciales en noviembre: las encuestas ponen en duda la reelección de Donald Trump. Además, en Washington son conscientes de que Christine Lagarde, la exdirectora del organismo, respaldó a Macri más de lo que la situación lo aconsejaba y que esto obliga a una mirada más indulgente hacia la actual gestión. No es casual el cambio de nombres en la misión técnica: Alejandro Werner y Roberto Cardarelli fueron desplazados con elegancia y sus lugares en la negociación serán tomados por Julie Kozak y Luis Cubeddu.

Auguran un canje con muy elevada aceptación

Al cierre de esta edición se aguardaba el informe de la SEC estadounidense sobre el nivel de aceptación al canje de bonos de deuda pública bajo legislación Nueva York. En el Ministerio de Economía informaron que los resultados se sabrán mañana. La operación involucra títulos por U$S 66.800 millones.

Entre las autoridades había optimismo en superar el umbral del 85% en los bonos Par y Discount, y del 66% en los Global. Esto permitiría disparar las cláusulas de acción colectiva que extienden el canje incluso a quienes no manifiesten su conformidad. En el mercado creen que es muy posible que ello ocurra, luego de que los fondos de inversión más poderosos anunciaran su adhesión.

Alcanzar esos niveles sería para el gobierno un triunfo, luego de cuatro meses de negociación, porque pondría en marcha el canje por el cual se ahorraría pagos por U$S 25 mil millones y despejaría el frente externo de compromisos importantes al menos hasta 2025. También sería un alivio, porque se eliminaría el riesgo de reclamos judiciales ante los tribunales de Nueva York por parte de quienes quisieran cobrar en las condiciones originales. De hecho, los incumplimientos en los intereses ocurridos en los últimos meses se tornarían abstractos porque esos papeles en default serían reemplazados.

Además de los intereses, los nuevos títulos reemplazarán específicamente a los Par y Discount emitidos en las reestructuraciones de 2005 y 2010, y a los Global lanzados durante la gestión de Mauricio Macri.

Además, el martes vencerá el plazo de aceptación temprana para el canje de los bonos en dólares bajo legislación nacional. Los inversores que no expresen su consentimiento antes de esa fecha podrán hacerlo hasta el martes 15, pero al momento de la liquidación sólo se les reconocerán los intereses corridos hasta abril.