Según un reciente informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una combinación letal de conflictos, crisis económica derivada del Covid-19 y cambio climático, ha elevado hasta “193 millones la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en 53 países del mundo durante 2021. Esta cifra representa un incremento de unos 40 millones de personas más sufriendo hambre severa con respecto a 2020. De dichas personas, más de medio millón de personas (570 mil) habían alcanzado la fase más grave de inseguridad alimentaria aguda”, concluye el documento. La fotografía es preocupante y más aún porque no contempla los efectos económicos y sociales de todo lo que está sucediendo este año.
Esta semana, la FED (el Banco Central estadounidense) incrementó la tasa de interés de referencia para tratar de controlar la inflación, en 50 puntos básicos (pasó del 0,5% al 1,0%), el primer aumento de esta magnitud desde el año 2000. Es de prever que haya nuevas subas y algunos analistas ya hablan de recesión en Estados Unidos para 2023. El Banco Central de Inglaterra realizó un movimiento de tasas en la misma dirección. La suba de la tasa de referencia de los principales bancos centrales siempre tiene un impacto sobre la economía del mundo en general.
Además, la suba de tasas de la FED suele estar asociada a episodios de “vuelo a la calidad” (las inversiones se refugian en los títulos públicos estadounidenses) y las consiguientes subas de tasas en varios países emergentes, intentando retener esos capitales. En la semana, por caso, el Banco Central de Brasil subió su tasa al 12,75% (+50 puntos básicos). En el “Informe de Perspectivas de la Economía Mundial” del FMI se estima que “con contadas excepciones, el empleo y el producto se mantendrán por debajo de las tendencias prepandémicas hasta 2026 inclusive”. A lo que agrega: “se prevé que las cicatrices sean mucho mayores en las economías de mercados emergentes y en desarrollo que en las economías avanzadas, dado que las políticas de apoyo son más limitadas y la inmunización es en general más lenta”. Por su parte, la CEPAL redujo recientemente la previsión anterior de crecimiento para 2022 del 2,1% al 1,8%, aunque para Argentina la subió (del 2,2% al 3%), una suba en el pronóstico que también realizó el FMI (del 3% al 4% entre enero y abril). Parece ser que estamos dentro del grupo de las “contadas excepciones”, lo que no es poco.
La economía argentina ha venido mostrando una recomposición importante de la actividad, recuperando no sólo los niveles prepandemia, sino que también ya ha regresado a los valores de principios de 2018 en varios sectores. En materia laboral, en el cuarto trimestre de 2021, comparado contra finales de 2019, se redujo el empleo no registrado (113 mil puestos) y subió el empleo registrado (456 mil). Estos datos indican que hay más trabajo de calidad, lo cual no quiere decir que sea suficiente, pero lo interesante es la tendencia.
A su vez, durante el primer bimestre de este año, a pesar de los efectos de la ola de Covid presente en enero, la actividad registró un crecimiento del 7,1% con respecto a 2021 y si se compara con el primer bimestre 2020, justo antes de la pandemia sanitaria, también hubo una variación positiva (4,7%). Vale detenerse un segundo y notar que en dicho lapso la industria creció más que la economía en general: un 7%. Además, si se toma un periodo equivalente, pero de la gestión macrista (entre el primer bimestre de 2016 y el primero de 2018), casualmente se observa que la economía creció el mismo porcentaje, 4,7% (pero sin pandemia sanitaria), aunque en esa ocasión la industria registró una variación cercana a cero.
Las diferencias de modelo están a la vista: para que haya crecimiento de la manufactura tiene que haber política industrial, y para que ello ocurra se precisa de un Estado activo y con recursos.
Las medidas de gasto público fueron un componente clave de las políticas públicas, no sólo a través de programas como el REPRO, que permitieron que las empresas no cerraran sus puertas y estuvieran en condiciones de ser parte del proceso de recuperación. Según la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, la moratoria que estuvo vigente hasta abril permitió que más de 800.000 contribuyentes regularicen sus deudas y “más del 70 por ciento de las empresas que accedieron a las medidas de alivio fiscal destinadas a apuntalar la recuperación económica son pymes”. Un apoyo vital y que debe ser valorado, más aún cuando hay voces intencionadas que afirman que en el país hay un esquema tributario que “no permite producir”.
Los niveles de recaudación fiscal del primer cuatrimestre del año dan cuenta de esta evolución favorable de la actividad. El mes de abril, con una variación del 64% interanual, se convirtió, en términos reales, en el mejor mes desde 2015. El tributo que más contribuyó fue Ganancias (incremento que se produce incluso bajo el efecto de las reformas implementadas en 2021 para aliviar la carga tributaria de los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia, más los cambios en ganancias de empresas, con rebaja para PyMEs y aumento para muy grandes empresas). También se destaca Seguridad Social, a pesar de las exenciones otorgadas para “aliviar la carga tributaria al sector de la salud, a los sectores críticos del programa REPRO 2 y a las provincias del Norte Grande”, según aclara el comunicado del Ministerio de Economía. Todo un reflejo de las mejoras registradas en el mercado laboral y del crecimiento sostenido de la actividad económica.
¿Es suficiente con esto? Por supuesto que no. Siempre será manifiestamente insuficiente mientras no estén resueltos todos los problemas que tiene la población y sigan existiendo necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, lo que debe quedar claro es que es “por acá”, que no quiere decir que todo está bien, pero sí que éste debe ser el rumbo.
No sólo es importante que se implementen políticas para la creación del empleo y la actividad, sino también para la generación de iniciativas que apunten, por ejemplo, a recomponer el ingreso de aquellas personas que se encuentran al margen de la formalidad laboral. Todo esto en el marco de un contexto inflacionario que hay que revertir rápidamente, para que la política de ingresos no quede neutralizada por la suba de los precios.
En este contexto, adquiere relevancia la necesidad de que la coalición que gobierna encuentre la forma de congeniar las visiones sobre distintos temas. Unidad no es uniformidad. El Frente de Todos es una coalición y la existencia de enfoques diversos es normal. Pero el éxito o el fracaso final dependen de la capacidad de la coalición para resolver estas diferencias. La clave es entender que por más matices que existan al interior de la coalición, las verdaderas diferencias son con las fuerzas políticas de la oposición neoliberal, con su modelo y sus propuestas, que disputan el podio para ver cuál es la que más propone recortar derechos.
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