Gasoducto: el gobierno apuesta a apurar los tiempos de la Justicia y reducir el ruido interno

Si el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) logra ser finalizado durante esta gestión, entonces será la obra más importante del gobierno de Alberto Fernández. Así lo aseguran desde las entrañas del oficialismo, argumentando una serie de cifras económicas auspiciosas proyectadas a partir de 2023.

La megaobra es parte nodal de un plan integral de proyectos que busca nada menos que la soberanía energética nacional y posicionar al país como proveedor de energía a nivel mundial. El entendimiento sobre el gasoducto como infraestructura estratégica es unívoco en todo el Frente de Todos y en la oposición también. Tanto es así que, hasta el momento, solo los senadores Waldo Wolff y Graciela Ocaña presentaron una denuncia en Comodoro Py para ampliar el off trascendido desde el Ministerio de Producción, que infería irregularidades en el proceso licitatorio entre Integración Energética (Ieasa, antes Enarsa) y Techint.

Pero esa actuación no contó con respaldo en parte de Juntos por el Cambio. Hasta el ex ministro de Energía macrista, Juan José Aranguren, aseguró que la licitación «está a la vista del público desde el 24 de febrero y no es distinta a ninguna otra». Paolo Rocca, dueño de la multinacional ítalo-argentina y sindicado como el beneficiario de las licitaciones, respondió de igual manera: «No hubo ni hecho de corrupción ni direccionamiento del pliego. El sentido común se fue perdiendo en la grieta.»

El viernes pasado, Agustín Gerez, titular de Ieasa, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el secretario de Energía, Darío Martínez, mantuvieron un encuentro en el quinto piso del Palacio de Hacienda para dar a luz una Comisión Evaluadora que realice un seguimiento integral del proceso de licitación y construcción del gasoducto. «La idea es que la máxima autoridad -Guzmán- tenga participación directa en todas las instancias del proyecto», aseguran desde el organismo dirigido por Gerez. Días atrás, el ministro ratificó la transparencia de la licitación.

Por la magnitud del plan, el deseo conjunto es que la Justicia logre quitar el velo de corrupción posado sobre el proyecto lo antes posible y no altere el cronograma de inicio de las obras, calculado para agosto. El gasoducto tendrá como objetivo transportar más de 40 millones de metros cúbicos (m3) por día producido en la Cuenca Neuquina (Neuquén, Mendoza y La Pampa).

El primer tramo contempla transferir en Salliqueló parte de ese volumen al gasoducto Neuba II y así alimentar a Bahía Blanca y el AMBA, sustituyendo importaciones de GNL (gas por barco) y llevando gas natural a centrales termoeléctricas y al polo petroquímico. El segundo tramo irá hasta San Jerónimo, en Santa Fe, para abastecer de gas natural al norte del GBA y el Litoral en grandes centros de consumo.

«Para poner en perspectiva, esto implica alrededor del 40% de la demanda del mercado interno en verano. En términos económicos, tener esta obra completada implica la posibilidad de sustituir importaciones, fundamentalmente en el pico de invierno que demanda importación de GNL a precios muy superiores a los de producción en Vaca Muerta, e incluso generar un excedente exportable a países limítrofes», refleja Pablo Neira, economista especializado en desarrollo económico. Como destinos directos aparecen Brasil, Uruguay y Chile, país con el que se arribó a un acuerdo de integración energética para aumentar las exportaciones argentinas de gas de 400 mil a 4 millones de metros cúbicos diarios.

Con el proyecto finalizado, se especula sustituir dos tercios de las importaciones totales de energía: las provenientes de Bolivia, que muestran un declive y están estabilizadas en torno de los 14 millones de m3; las de GNL, cuyo precio se disparó con la guerra europea; y las de combustibles líquidos. Sin embargo, según Neira, hoy Argentina importa cerca de 70 millones de m3 en invierno debido a factores estacionales,  por lo que «no podría alcanzar la soberanía energética plena», a menos que cuente con una planta de licuefacción de gas, proyecto que dejó trascender el presidente Fernández durante su última gira por Europa. «A este precio del GNL -U$S 30 por millón de BTU (unidad internacional de medida comercial)-, la inversión puede ser rentable, pero no queda claro cuánto perdurarán estos precios internacionales. El principal horizonte es el mercado interno y regional», explica el economista a Tiempo.

Los beneficios de la construcción del gasoducto presentados por la Secretaría de Energía son contundentes. El proyecto, que contempla una inversión de U$S 1.600 millones, demandará en la obra 1500 puestos de trabajo directos y 1500 indirectos. Permitirá sustituir importacinoes por unos 12 millones de m3 diarios y U$S 1800 millones al año, con la posibilidad de que ese monto ascienda hasta los U$S 6000 millones. Generará regalías adicionales para las provincias productoras, en al menos, U$S 90 millones anuales. Además, para Cristian Folgar, economista y productor agropecuario, «disminuiría el subsidio del Estado por la baja de costos», aunque no necesariamente se traduciría en la boleta de gas.

De todos modos, el economista ve con cierto escepticismo que la obra esté finalizada para agosto del año que viene, tal como se contempla. «No hay manera de que se llegue al inicio del invierno 2023», asegura. Previo al blanqueo de las internas dentro del área energética y el episodio que envuelve a Kulfas, quien negó en los tribunales haber denunciado actos de corrupción, «se suponía que con mucha suerte se podía llegar a agosto/septiembre», pero bajo este escenario «como mucho se tendría para la primavera del año entrante», especula. Por el contrario, Neira apuesta a que el factor político no demore significativamente la obra porque «comenzar la Presidencia con o sin el gasoducto es una diferencia crucial».

Dentro y cerca de la gestión, las visiones se encuentran divididas. Fuentes de Ieasa aseguran que la licitación pública para la obra civil del gasoducto finalizará el 8 de julio y el cronograma se desarrollará según los tiempos previstos «siempre y cuando no haya algún inconveniente en la causa judicial.» De acuerdo a los requisitos solicitados, las adjudicatarias podrían ser cuatro: Techint Ingeniería y Construcción, Sacde, Contreras hermanos y BTU, aunque también podría sumarse Víctor Contreras. Sobre el estorbo generado en el proceso por los dichos atribuidos a Kulfas, opinan que «fue un ex ministro impulsivo, que no fue preciso» y que «demoró en firmar el DNU que habilita a Enarsa a construir el gasoducto.»

Por lo pronto, sí está adjudicada la realización de los caños a la única empresa que se presentó, Siat Tenaris (Techint) por unos U$S 500 millones, aunque aún no está firmado el contrato con la empresa. También falta definir la adjudicación de válvulas, entre otros ítems menores pero importantes.

Desde otro sector allegado a la coalición gobernante, la mirada es tajantemente más pesimista. «El Estado tiene serias dificultades para hacer las obras en tiempo y forma, más allá de los problemas coyunturales. No es una obra compleja, pero no sorprendería si el gasoducto tarda tres, cuatro o cinco años en hacerse», advierte un especialista cercano al presidente.

Según la fuente consultada, esto es así porque históricamente «el Estado se compromete a financiar más obras de las que puede y luego va viendo cómo llevarlas a cabo, la dinámica burocrática hace que los expedientes no se muevan rápido, los funcionarios tienen miedo a la judicialización de la política y ser citados en Comodoro Py por interpretaciones tergiversadas y no quieren firmar las cosas, y además la inflación implica readecuar costos todo el tiempo». Además, agrega un dato no menor: «Las internas pudren todo en los Ministerios de Producción y Energía».

De todos modos, si alcanza el gobierno a construirlo para mediados del año que viene, “podrá aprovecharlo en términos políticos, pero no económicos” por los tiempos naturales de asentamiento del proyecto. «