Un informe del Ministerio de Economía de 2011 informaba que apenas el 6% de los productores generaba la mitad de la soja del país. Ese proceso de concentración se ha acentuado. Para acceder al nuevo nivel de rentabilidad tras la quita de retenciones, el productor debe lograr un piso de inversión de capital constante que no está hoy al alcance de cualquiera. Por eso es que los productores más chicos que son dueños de la tierra terminan arrendándola a los grandes capitales. Esto es una diferencia con los ’90, cuando lo que había eran remates de campos.

La concentración de la producción es más fuerte en el maíz, donde la inversión de capital necesaria es más fuerte que en el caso de la soja.

En ese escenario, el gobierno, las asociaciones rurales y el sindicato UATRE firmaron acuerdos de flexibilización laboral que hay que criticar. En primer lugar, porque intentan reemplazar el costo de vida como parámetro del nivel salarial del trabajador por el nivel de productividad empresaria, con lo que se busca dejar afuera el reclamo por salarios y por despidos en nombre del incremento de la productividad.

En segundo lugar, cuando aumentó la productividad en los años ’90 quince veces por las inversiones, el salario rural no se movió a pesar de que la posición oficial era que el salario debería acompañar los incrementos de productividad.

En tercer lugar, el salario rural es el más bajo de todas las actividades económicas, además de que es la actividad con mayor cantidad de trabajadores no registrados.

Se trata de una señal del gobierno hacia empresarios y sindicalistas de que las relaciones laborales van en ese sentido y que los que peleen quedarán en off side. «