La delegación argentina, encabezada por Sergio Chodos, se reúne desde hoy en Washington. Tratan de despejar el camino para que se eleve el programa al directorio. La agenda recargada de diciembre: sobretasas, evaluación de la entidad por el stand by de 2018 y un vencimiento por U$S 1900 millones.
La comitiva es liderada por Sergio Chodos, representante del Cono Sur en el directorio del Fondo y mano derecha del ministro de Economía, Martín Guzmán, en esta negociación. El titular del Palacio de Hacienda no viajó y se quedó en Buenos Aires perfeccionando el plan plurianual que debe presentar al Congreso y en el que, en teoría, deberían estar incorporados los puntos de acuerdo con el Fondo. Pero a falta suya, toda la plana mayor del ministerio estará sentada en la mesa de discusión: concurren los secretarios de Política Económica, Fernando Morra; de Hacienda, Raúl Rigo; y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi. También forman parte de la delegación dos altos funcionarios del Banco Central: el vice segundo, Jorge Carrera, y el subgerente general de Investigaciones Económicas, Germán Feldman.
La premura del gobierno por cerrar un trato para reemplazar el stand by de 2018 (y librarse de esa manera del oneroso cronograma que incluye vencimientos de capital por U$S 19 mil millones para el año entrante y una cifra similar para 2023) se choca con la meticulosidad del Fondo, cuyo equipo técnico es liderado por Julie Kozack y Luis Cubeddu. Ambos quieren que de una vez afloren las precisiones que escasearon en los últimos meses, en los que se debatieron más cuestiones conceptuales (sobretasas, plazos máximos y responsabilidades políticas) que los números que serán claves para firmar un eventual acuerdo de facilidades extendidas a diez años. Eso explica que en la delegación vayan los hombres del equipo económico con mayor jerarquía por debajo del ministro y quienes conocen mejor que nadie los números y las proyecciones bajo las cuales se podría cerrar trato.
Entre otras cosas, en las conversaciones (que serán monitoreadas a la distancia por Guzmán, de trato telefónico casi diario con Kozack) se tratarán el déficit fiscal, la emisión monetaria, la brecha cambiaria y la situación de las reservas internacionales. En los últimos días, el Banco Central dio señales de que intensificará el ritmo de devaluación diaria controlada (el “crawling peg”) para evitar que el retraso del dólar frente a la inflación se profundice. En cuanto al gasto público, desde ambas partes coinciden en que un acuerdo favorecerá el apoyo financiero de organismos internacionales (BID, Banco Mundial) para llevar adelante el plan de obras públicas que el gobierno no quiere resignar, como también la participación en esos emprendimientos de empresas extranjeras con respaldo provisto por sus propios gobiernos.
Fechas
Claro que el calendario juega en contra de las pretensiones oficiales. Sobre todo porque el acuerdo político, el técnico y la firma de un nuevo programa tienen tiempos diferentes. El optimismo inicial que dejaron trascender en Economía sobre la posible firma del acuerdo antes de fin de año, incluido un trámite exprés para lograr el respaldo del Congreso exigido en la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, mutó por la expectativa de lograr para Navidad al menos el “staff level agreement”, esto es, el visto bueno de los economistas que deben elevar el caso al directorio para su aprobación.
En ese sentido, hay una fecha crucial: el 22 de este mes, cuando Argentina debe abonar la segunda amortización de capital por U$S 1900 millones. Uno de los objetivos de corto plazo es que se alcance el entendimiento antes de esa “deadline” de manera tal de incluir esa suma en la refinanciación y ahorrar el pago, con el visto bueno del staff.
De todas maneras, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, le puso un freno al apuro. «Todavía hay mucho por hacer», dijo en una entrevista con la agencia Reuters. “Lo que hemos logrado hasta ahora es un entendimiento común de la importancia de trabajar hacia un programa que mejore significativamente los fundamentos macroeconómicos de Argentina y coloque al país en un buen camino para recuperarse de esta crisis. Un programa que, como dijo el presidente Fernández después de las elecciones, cuente con un amplio apoyo social y político», afirmó, reiterando implícitamente el pedido de respaldo por el conjunto de los actores políticos, empresarios y gremiales. «Hemos trabajado hasta ahora de forma constructiva, pero queda mucho por hacer”, insistió Georgieva.
En todo caso, y como buen cierre de año, diciembre trae también consigo varias novedades que influirán directamente en el convenio. Uno de los elementos es la eliminación de las sobretasas que paga Argentina por haber tomado un crédito mayor que el límite avalado por los estatutos de la entidad. En las últimas horas, voceros del FMI adelantaron que el tema será tratado por el directorio el lunes 13 de este mes. Si finalmente esas tasas extra se derogan (algo que parecía que iba a ocurrir en octubre y no sucedió, pese a los planteos del G-20 en ese sentido), el nuevo acuerdo podría incorporar ese beneficio que redundaría en un ahorro superior a los U$S 1000 millones para Argentina.
La autocrítica
Otro de los puntos está vinculado a la evaluación ex-post que realizará el Fondo del programa celebrado con el macrismo, hace tres años y medio. Se trata de una especie de auditoría interna que se acostumbra realizar en los casos de los programas que incluyen “criterios excepcionales” como los que contenía el que se firmó en junio de 2018 y se enmendó en septiembre del mismo año. Esas consideraciones fueron incluidas por una sencilla razón: las habituales no alcanzaban para que el gobierno de Mauricio Macri se alzara con un préstamo de U$S 57 mil millones (de los que en definitiva se giró menos del 80 por ciento); sin embargo, los intereses de Estados Unidos y en particular de la gestión de Donald Trump, que se quería asegurar una conducción amiga en la región más austral del continente, lograron torcer cualquier obstáculo.
Esa evaluación propia podría desactivar la querella criminal que en marzo había anunciado el presidente Alberto Fernández, que tenía como objetivo “saber quiénes fueron responsables de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda”. En la última semana, en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina, el mandatario dio a entender que ese esperado documento del Fondo podría alcanzar para dejar en claro que “esos U$S 44 mil millones se mal-utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Eso (la autocrítica del Fondo) nos va a ayudar a terminar de entendernos. Es un paso necesario”. En el gobierno especulan que si el informe saca a la luz todas las anomalías que rodearon aquel préstamo, sería inevitable un mea culpa de la entidad que ayude a flexibilizar algunos requisitos.
Sin embargo, el Fondo le quita relevancia política a ese documento y lo presenta como un procedimiento habitual en estos casos. “Para los países donde se contempla un nuevo programa posterior, es deseable completar la evaluación ex-post antes de que el directorio ejecutivo lo considere. Como tal, esperamos que el directorio discuta el informe en la semana del 20 de diciembre», precisó un vocero del FMI citado por la agencia Télam.
Ese procedimiento, más la visita obligatoria de una misión del Fondo al país una vez que se eleve la carta de intención y el inevitable receso por las fiestas navideñas y de fin de año, tornarían casi imposible firmar el acuerdo antes de que finalice 2021, como quisiera el gobierno. Pero lo dejarían encaminado para concretarlo a comienzos del próximo año.
Regreso a la ortodoxia
Muchos observadores quedaron perplejos por la capacidad de adaptación del Fondo Monetario Internacional a las necesidades que impuso la pandemia. En particular, por su apoyo a la mayor liquidez global y su aliento a utilizar el déficit fiscal y la intervención estatal como recursos extraordinarios para reimpulsar la economía. Sin embargo, algunas señales indican que esos tiempos de flexibilidad de principios se están acabando y que el FMI está volviendo a una mayor rigidez ortodoxa.
En la última semana, el organismo hizo un llamamiento público a la Fed (la Reserva Federal estadounidense) para que reconsidere su política monetaria de manera tal de incrementar la tasa de interés, que había sido drásticamente reducida en 2020 para mejorar la actividad.
«Sería apropiado que la Reserva Federal acelerara el recorte de sus compras de activos y adelante los aumentos de tasas de interés», consideró el organismo. «La inflación podría ser más alta y durar más de lo que se pensaba», en particular en las economías que se recuperaron más rápidamente de la pandemia, como Estados Unidos, dijeron la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, y el director del Departamento de Mercados Monetarios del organismo, Tobias Adrian.
De acuerdo con los últimos guarismos, la inflación en Estados Unidos trepó al 6,2% en 12 meses, su nivel más alto en tres décadas. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también se declaró partidario de terminar con las compras de activos por parte de la entidad y de subir las tasas en el primer semestre de 2022.
Halcones y palomas, en torno a la Argentina
La depuración en el seno del FMI, que arrancó con la elegante salida de Christine Lagarde (la mujer de quien «todos los argentinos nos deberíamos enamorar», como recomendó Mauricio Macri) y la llegada de Kristalina Georgieva como directora gerente, continúa a pasos agigantados. En los últimos días hubo más sorpresas: se conoció que la economista india Gita Gopinath reemplazará a Geoffrey Okamoto como subdirector general de la entidad.
Okamoto era visto como uno de los halcones de Washington. Republicano ferviente, había llegado a la entidad en mayo de 2020 por recomendación directa del expresidente Donald Trump. Tiene línea directa con David Lipton, quien lo precedió en el cargo y había sido el hombre que dio luz verde al préstamo de 2018, incluso vulnerando las dudas de parte del staff técnico de la entidad, con el fin de sostener al macrismo en el poder.
Si el gobierno argentino se ve aliviado por la salida de Okamoto, tendrá en cambio otro motivo de preocupación con la llegada de Ilan Goldfajn, el brasileño que en enero asumirá como director para el Hemisferio Occidental en reemplazo del jubilado Alejandro Werner. El nuevo funcionario fue directivo del Banco Central de su país y allí dio cuenta de su visión rígidamente monetarista.
Se presume que Goldfajn será mucho más severo que Julie Kozack, subdirectora que había quedado a cargo del área y que como tal monitoreaba la relación con Argentina. Kozack mostró una mayor contemplación por las particularidades de la economía local. De todas maneras, será la estadounidense (de buena relación con Guzmán) la que cierre la negociación en marcha.
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