Falsedades en la campaña de Juntos por el Cambio

El clima electoral está más presente que nunca en estos días. Algo que torna más interesante el debate político, pero además constituye una buena oportunidad para poner blanco sobre negro los distintos proyectos de país que se proponen. Citando una de las recientes intervenciones de Alberto Fernández: “Ellos creen mucho más en el mercado que en el Estado presente”, dijo en clara referencia a la oposición y se diferenció: “creemos que el Estado debe estar al lado de los más postergados” porque si no es un país donde “algunos pocos ganan mucho y algunos muchos ganan poco”.

En una de sus recientes incursiones periodísticas, el expresidente Mauricio Macri manifestó: “cuando uno mira la deuda antes del crédito del Fondo y el día que me fui, es la misma deuda”. El exmandatario pretendió justificar esta afirmación mostrando un cuadro en el que se describe, según su título, el “aumento de deuda pública” en promedio anual durante el segundo mandato de Cristina Fernández, el suyo y el de la administración actual. E intenta demostrar que en su período se tomó muchísima menos deuda que en los otros dos.

Un breve análisis de los aspectos fundamentales de este cuadro da cuenta de que no tiene ningún asidero con la realidad. E incluso no resulta necesario dedicar espacio de esta columna para entrar en las peripecias del cálculo que hace Macri sobre la deuda: a primera vista ya salta la incoherencia de lo que se muestra. En verdad, lo que burdamente trata de ocultar es que su gobierno dejó una pesada carga de deuda con un volumen y un perfil de vencimientos imposible de cumplir.

En lo que va del gobierno de Alberto Fernández no se ha tomado deuda en dólares, más bien se ha convertido una parte de las letras del sector privado (que no entraron al canje) en obligaciones en pesos. En cuanto al canje con los acreedores privados, se achicó la deuda gracias a la exitosa renegociación del año pasado que permitió una quita de más de U$S 37.000 millones y una baja de la tasa de interés. Y los funcionarios del actual gobierno se encuentran renegociando el acuerdo, que contiene condiciones imposibles de afrontar, que efectuó la administración macrista con el FMI.

En definitiva, el análisis de Macri sobre la deuda es una muestra más de posverdad en su máxima expresión.

Incluso, si hacemos memoria, el propio ministro de Economía de Macri, Nicolás Dujovne, admitía poco después de asumir que “la administración anterior nos dejó una bendición (…) niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno como de las empresas y las familias”. Claro que lo justificaba en el hecho de que nadie quería prestarle a la Argentina porque “los mercados” no confiaban en su economía. Algo que para el exministro era una ventaja porque así podrían endeudarse a raudales, lo que efectivamente hicieron.

Peor aún, el endeudamiento se transformó principalmente en fuga de capitales, que alcanzó a los U$S 88 mil millones en los cuatro años macristas. La deuda pública emitida no fue utilizada para inversiones productivas, lo que, al menos, habría dejado cierta capacidad de repago.

Por otro lado, la reducción del déficit fiscal primario durante el macrismo, a lo que también hizo alusión el expresidente Macri, respondió a un claro ajuste tradicional. Se obtuvo por el lado de la reducción del gasto y de la inversión pública. Para tomar un ejemplo, en 2019 se observan fuertes caídas reales en las prestaciones sociales (-7%), salarios estatales (-13,3%), gastos en infraestructura y educación (-57,2%) y para vivienda (-36,6%). Además, el déficit total, es decir, el primario más el financiero, se incrementó. Gran parte de ese “ahorro” se dedicó a pagar la mayor carga de intereses por el endeudamiento, que pasaron de constituir el 6,7% del PIB en 2016 al 18% en 2019. Es decir, mientras se bregaba por la “necesidad” de reducir el gasto público primario, se incrementaba la exigencia de contar con recursos para hacer frente al creciente pago de intereses, fruto del proceso de endeudamiento público que ellos mismos generaron.

En contraste, actualmente se pudo reducir el déficit fiscal como consecuencia de un aumento en los ingresos tributarios. De hecho, ya se revirtió la caída de la recaudación sufrida en los peores momentos de la pandemia del año pasado. Es verdad que los ingresos derivados de las exportaciones fueron altos en precio y volumen: en julio de 2021 las exportaciones registraron el valor más alto desde junio de 2013. Pero a estos ingresos se adicionó el aumento de la recaudación tributaria por la recuperación de la actividad en varios sectores, aunque también este aumento se debió a medidas específicas derivadas, entre otras, de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en diciembre de 2019.

Todo sin el “ajuste” que desde algunos medios pretenden hacernos creer que se implementa. Porque, incluso en pandemia, nunca se dejó de invertir. Ejemplo de ello fueron todas las medidas de ayuda durante la misma y que, en muchos casos, continúan.

Lo realizado en materia de obra pública es sólo un ejemplo. Durante 2020 se direccionó el gasto de capital a los fines de garantizar la infraestructura sanitaria para contener la emergencia. La ejecución de capital del sector salud pasó de representar un 0,5% de la inversión total en infraestructura en 2019 a un 5,1% del total en 2020. Se construyeron 12 hospitales modulares y se creó una Red de Emergencia Sanitaria con 120 obras que sumaron 2.032 camas al sistema público de salud para hacer frente al Covid-19. En 2021, por otro lado, el Presupuesto prevé un gasto de capital equivalente a un 2,2% del PBI, nivel que no se alcanzaba desde 2015.

Además del beneficio directo a los sectores que involucran, estas medidas implican erogaciones del Estado Nacional que reactivan la economía y generan el círculo virtuoso de empleo y demanda agregada que necesita la Argentina para poder terminar de salir de los efectos que generó la pandemia. Como dijo Cristina Fernández esta semana: “Todos tenemos que saber que la vida que queremos, la de disfrutar con nuestro hijos, la de tener un trabajo con un salario que nos alcance” se logra —recalcó— “a partir de un modelo de desarrollo y de crecimiento productivo, de creer en el trabajo como principal ordenador y de saber también que nuestra economía necesita imperiosamente de la demanda agregada, del consumo para crecer”.

Estas políticas, que constituyen un verdadero “cebador” de la economía, requieren del apoyo político necesario y, en ese sentido, las próximas elecciones resultan clave. Permitirán lograr la sanción en el Congreso de nuevas iniciativas que profundicen el modelo.

Entre otras tantas medidas y acciones, se aprobaron leyes como las modificaciones en Ganancias para sociedades y personas físicas que beneficiaron a las empresas medianas y pequeñas y a gran parte de los trabajadores registrados. La fórmula de cálculo de la movilidad previsional para septiembre de este año arrojó un valor del 12,39%, superior a la inflación (11%) del periodo de abril a junio que se toma de referencia para el cálculo de los ingresos tributarios y de los salarios, que componen la fórmula: es decir, le está comenzando a ganar a la inflación. El Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas ya se hizo realidad y se está aplicando en los destinos que prevé la Ley. Pero todavía falta y por ello es fundamental seguir en el mismo camino y tener apoyo parlamentario para aprobar leyes que beneficien a los que más lo necesitan.