Serviría para hacer más atractivos los títulos de deuda del Tesoro y evitar presiones sobre el dólar. Pero podría enfriar la actividad y aumentar el déficit cuasifiscal del BCRA.
Lo que se modificaría es la tasa de referencia que usa la entidad para pagarle a los bancos por las letras (Leliq) y pases activos que coloca para absorber los excesos de liquidez. Indirectamente, ese nivel marca el piso al que esas entidades prestan a sus clientes y también el techo que abonan a sus depositantes. Actualmente esa tasa es de 38% anual, unos 13 puntos por debajo de la inflación, y se mantiene sin variantes desde marzo de 2020.
La iniciativa podría servir para incrementar la demanda de pesos y desalentar la compra de divisas, sobre todo en una época del año donde por cuestiones estacionales hay un excedente de dinero en plaza. Pero detrás de esa disyuntiva para los individuos y las empresas (gastar la plata, ponerla a plazo fijo o comprar dólares), a nivel macroeconómico la medida puede generar el encarecimiento de los proyectos de inversión y por ende un enfriamiento de la actividad, algo que hasta ahora el gobierno siempre se había negado a aceptar. Ese había sido el criterio por el cual, al asumir la conducción del Banco Central, redujo la tasa de referencia desde el 63% anual en que la había dejado su anterior titular, Guido Sandleris, hasta el nivel presente.
Lejos de cualquier casualidad, la discusión se produce apenas unos días después de que el Fondo Monetario Internacional, en un comunicado, aludiera a la necesidad de establecer “una política monetaria adecuada con tasas de interés reales positivas”, entre otros requisitos para acordar un programa que permita renegociar la deuda de U$S 45 mil millones con ese organismo. En la visión del FMI, la suba de la tasa haría más atractivas las colocaciones de bonos en pesos por parte del gobierno y reduciría la necesidad de financiamiento a través de las transferencias del Banco Central, que (cree el organismo) son fuente de mayor inflación.
Las versiones indican que la corrección no sería muy fuerte porque la tasa efectiva (la que surge de realizar una colocación a 30 días y renovarla mensualmente, capitalizando los intereses) es de algo más del 44%. Si se lo considera de ese modo, la brecha con la inflación actual se reduciría a seis puntos anuales.
De todos modos, una decisión de ese tipo tendría impactos sustantivos en las cuentas fiscales. Si la mayor tasa se traslada al mercado, se incrementarían los intereses que los inversores exigirán para comprar los títulos de la deuda: en los diez primeros meses del año el Tesoro abonó algo más de $ 560 mil millones por ese concepto. También se abultaría el déficit cuasifiscal, que es el resultado de las operaciones financieras del BCRA. La masa de pases y Leliq supera los $ 4 billones y cada punto de interés adicional representaría unos $ 3.500 millones por mes.
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