Los diferentes gremios están realizando un paro en la provincia de Buenos Aires para exigir a la gobernadora María Eugenia Vidal que convoque a negociar un aumento salarial.
Trabajadores de la administración pública, judiciales y médicos se unen el reclamo ante la falta de convocatoria a paritarias de Ley 10.430 y exige recomponer el poder adquisitivo perdido en el último tiempo, la reincorporación y el cese de los despidos y el pase a planta permanente de todos los precarizados.
El secretario general de ATE y la CTA Autónoma bonaerense, Oscar de Isasi, indicó: “La insensibilidad de la gobernadora Vidal y el desprecio con el que maneja las relaciones laborales hacia los estatales bonaerenses vuelve a prevalecer en esta etapa y eso nos obliga a profundizar el plan de acción”.
Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense reclama hace meses un llamado para recomponer el poder adquisitivo de los salarios perdido en 2018 y una propuesta para 2019 que incluya una cláusula de actualización automática por inflación. Además, plantean discutir “la crisis de infraestructura” que atraviesan, así como la necesidad de creación de cargos y puesta en funcionamiento de decenas de organismos judiciales ya creados por ley.
Pablo Abramovich, secretario general de la AJB, expresó que “este año realizamos varias presentaciones al Ministro de Trabajo, reclamando el inicio de la paritaria, que al día de la fecha no han tenido respuesta”, y añadió que “la ausencia de un acuerdo paritario genera que la inflación acumulada en los tres primeros meses de 2019 se vaya sumando al enorme deterioro salarial producido durante 2018″.
En tanto, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) realizará un paro este miércoles por 24 horas y otro de 48 horas los días 24 y 25 de este mes. El reclamo es ante la falta de cierre de paritaria 2018 y por la no convocatoria para la discusión de 2019.
Desde el sindicato manifestaron que “el gobierno provincial demora, una vez más, la convocatoria a la paritaria de la Ley 10471, ámbito establecido legalmente para la discusión integral de nuestros salarios y condiciones de trabajo. Después de haber incumplido el acuerdo de reabrirla en diciembre de 2018, se hace imprescindible que, habiendo transcurrido más de tres meses del año 2019, traigan a la mesa de negociación una propuesta que no sólo contemple la pérdida padecida, sino que además garantice salarios dignos, con adecuación automática a la inflación del año en curso, único modo de no perder poder adquisitivo frente a cifras que, a esta altura del año, superan el 10 % sin perspectivas de disminuir su impacto sobre el nivel de vida de los trabajadores».
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