La norma establece que el Poder Legislativo debe convalidar los compromisos que se pacten en moneda extranjera. "La sostenibilidad de la deuda pública debe ser política de Estado", dijo Guzmán.
El proyecto se enmarca en una iniciativa oficial para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Según informaron desde el Ministerio de Economía, el objetivo es “fortalecer el rol del Congreso en la definición de las políticas de endeudamiento público nacional, mejorar la transparencia y construir un sendero de estabilidad”.
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El primer artículo dispone que el Presupuesto Nacional “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio” y que el excedente sobre ese cupo deberá ser autorizado expresamente por una ley. El segundo obliga la autorización expresa del Congreso para “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones”.
En el Palacio de Hacienda buscan evitar procesos como los ocurridos en años recientes, basados en la emisión de títulos de deuda por encima de las posibilidades de pago. El abuso de este método provocó la desconfianza del mercado y desencadenó una crisis cambiaria que derivó en un pedido de ayuda al FMI. Una misión del organismo llegó esta semana a Buenos Aires para renegociar la devolución de los U$S 44 mil millones prestados durante la gestión de Mauricio Macri, que deberían empezar a ser cancelados en septiembre del año que viene. Si la ley es sancionada, esa renegociación debería ser refrendada por ambas cámaras legislativas.
“El proyecto define reglas para proteger a la Argentina de los procesos de sobreendeudamiento en moneda extranjera, que socavan las oportunidades de desarrollo. La sostenibilidad de la deuda pública debe ser política de Estado”, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, al confirmar su envío al Parlamento.
Celeste López y Mariano Gorini serían los nombres de los agresores.
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