En lo que va del año el gobierno ajustó en un 85% el gasto para comedores e incrementó el de espionaje un 216%

Las prioridades del gobierno nacional a diez meses de su asunción quedan claras en el discurso de sus funcionarios, pero todavía más en los números de ejecución del presupuesto nacional.

Diferentes informes que se conocieron, basados en datos oficiales, coincidieron en que el ajuste del gasto general de la administración pública se contrajo en términos interanuales en el orden del 30%. Así lo señala un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y el de la Oficina de presupuesto del Congreso (OPC).

Con mínimas diferencias fundamentadas en la proyección del dato de inflación del mes de septiembre cuyo número oficial todavía no se conoce, los tres informes coinciden en destacar una reducción drástica de la ejecución presupuestaria con especial impacto en el gasto social, la educación, la ciencia y la obra pública. A la vez, revelan un incremento sensible en los fondos destinados a la Secretaría de Inteligencia y una merma muy inferior al promedio en los servicios de la deuda pública.

Menos ingresos, menos gasto

En general, en el acumulado de enero a septiembre, se destaca una contracción de la recaudación que, en línea con la recesión que atraviesa la economía, la OPC cuantifica en un 4,2% interanual. A la vez, el mismo informe, asegura que el gasto se contrajo en un 27,6%. Una cifra similar puntualiza la ASAP (27,7%) que eleva hasta el 30,1% “si se detraen los pagos en concepto de intereses”.

Al mismo tiempo el centro de estudios conducido por el economista Hernán Letcher señala que “se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos” en la medida en que “dicha función representó nada menos que el 12% del total de gastos”. Se trata del segundo ítem dentro del total del gasto luego de la seguridad social que representa el 51% del total del gasto público.

La salud en coma

En el marco del conflicto sindical suscitado por el anuncio del gobierno de su intención de dar cierre al hospital de Salud mental Laura Bonaparte destaca el ajuste del 20% de su presupuesto en términos reales en el marco de un ajuste general sobre los sectores de la salud que tiene su punto más alto en los fondos destinados a la Superintendencia de Servicios de Salud  que llega al 67%.

Se trata del organismo encargado de regular y administrar los fondos de las obras sociales sindicales. Pero el ajuste en salud llega al 19% para la ANMAT, al 29% para el Instituto Nacional del Cáncer y al 15% para la Agencia Nacional de Discapacidad. A la vez existen programas puntuales que “están virtualmente paralizados por falta de fondos”.

El informe destaca el ajuste del 58% en el Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica o en los programas de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra que perdieron un 75%. La Atención Sanitaria en el Territorio cayó un 96% y los fondos ejecutados para el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud representan un 90% menos de los que  se habían liberado en los primeros nueves meses de 2023.

Un cero en educación y ciencia

Un destino similar sufrieron los organismos vinculados con la producción científica. El CEPA destaca “fuertes caídas” en la “Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU”.

Lo mismo ocurre con las partidas destinadas a educación en las que algunos ítems se encuentran prácticamente anulados. La ejecución de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Incentivo Docente perdieron un 98% y del presupuesto destinado al Programa Conectar Igualdad se ejecutó un 85% menos que en 2023. Lo mismo ocurrió con el programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación que resignó un 94% de sus partidas.

Jubilados indigentes

A pesar de representar el principal ítem del gasto, los organismos dependientes del presupuesto de seguridad social también sufrieron fuertes recortes. La ANSES acumula un ajuste del 18% respecto de 2023 mientras que el INAES, organismo encargado de la economía social y el cooperativismo, sufrió un recorte del 65% en los nueve primeros meses del año. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia perdió un 41% de sus recursos en términos reales.

Al mismo tiempo el impacto más duro del ajuste se verifica en los programas dependientes de la cartera de Desarrollo Social conducida por Sandra Pettovello. Allí se concentraron hoy miles de manifestantes del conjunto de las organizaciones sociales en lo que denominaron “La Fila del Hambre”.

Según el CEPA, “el programa Potenciar Trabajo recortó un 79% de su ejecución” al igual que el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia. Por último, más dramático aún en un contexto de crecimiento de la pobreza y la indigencia, los “Comedores Comunitarios y Merenderos sufren un ajuste real superior al 85%”.

A la vez, indica el informe, las partidas para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) sufrió un ajuste del 43% mientras que las pensiones no contributivas resignaron un 28% y las transferencias a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados, fundamentalmente el PAMI, perdieron un 44%.

Todo parado

En la obra pública, un sector con una fuerte tracción en materia de empleo y actividad sobre otros rubros, para el CEPA, “el escenario es de una paralización casi total de las partidas presupuestarias”. Para el centro de investigación se verifican “caídas cercanas al 100% en programas como Apoyo para Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales, y Desarrollo de Infraestructura Hidráulica”.

Finalmente, en materia de transferencias del Tesoro Nacional a las provincias y municipios, los ajustes son muy marcados, encabezados por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%), y la Asistencia Técnica a Municipios (-92%).

El trato preferencial que reciben los servicios de inteligencia, sin embargo, no se extiende al conjunto de las fuerzas de seguridad en tanto, destaca el CEPA, “tienen marcadas caídas en su ejecución, especialmente las fuerzas federales”. La Policía Federal y la Gendarmería Nacional dispusieron de un 26% menos de recursos en términos reales mientras que la Prefectura Naval recibió un 25% menos y la Policía de Seguridad Aeroportuaria resignó un 17% de su presupuesto. El ejército también sufrió ajustes en sus partidas que van del 15% para el ejército hasta la armada que resignó un 16%. La fuerza aérea perdió un 19%. Sin embargo, el “Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tuvo un incremento real del 19%”.

Por su parte, ASAP, destaca que, a la fecha, la administración nacional “devengó el 65,2% del presupuesto vigente” y que, el mismo implica que “el porcentaje de ejecución del Presupuesto a septiembre de 2024 se encuentra 6,1 puntos porcentuales por debajo del promedio 2015-2023”.