En 2018, otros 2,5 millones de argentinos cayeron bajo la línea de pobreza

La Canasta Básica Total que mide el umbral de la pobreza llegó a $ 25.943 para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños y acumuló una suba interanual del 52,9 por ciento.

El dato se conoció la semana que pasó y fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De este modo, los precios de los bienes y servicios que necesita una familia para no ser considerada pobre subieron por encima de los valores generales de la economía que, según el mismo organismo, en el período se incrementaron un 47,6 por ciento.

El dato oficial de pobreza del segundo semestre de 2018 se conocerá recién el 28 de marzo cuando lo publique el Indec. Sin embargo, sobre la base de esos indicadores que ya están disponibles, diferentes especialistas ya dieron a conocer sus proyecciones.

Martín González Rozada, director de la Maestría en Econometría y de la de Economía Aplicada de la Universidad Torcuato Di Tella, publicó un adelanto que indica que el porcentaje de pobreza alcanzó en el mes de diciembre al 32% de los argentinos.

En ese caso, 12.893.773 personas se encontrarían en esa situación cuando, según el Indec, en el segundo semestre de 2017 el flagelo alcanzaba al 25,7% de la población equivalente a 10,35 millones de personas que vivían en el 17,9% de los hogares del país.

Así las cosas, según las estimaciones de González Rozada, son 2,54 millones los nuevos pobres que la política económica del gobierno ha generado durante el año 2018 y cuyos hogares no llegan a reunir los $ 25.943 que se necesitan para superar ese umbral. Según el especialista, «por ahora es una estimación, a mitad de febrero con los datos oficiales de CBT y los microdatos haré una nueva proyección que va a ser más precisa».

El porcentaje es casi idéntico al 32,2% relativo al primer semestre de 2016 que fuera anunciado por el Indec el 28 de septiembre de ese año y sobre la base del cual el propio presidente Mauricio Macri, en conferencia de prensa, desafió a la población: «Quiero decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente».

En rigor, por el crecimiento vegetativo de la población, en términos absolutos, la situación es prácticamente la misma que entonces.

Aquel informe recogió lo acontecido durante el primer semestre de aquel año signado por la devaluación de diciembre de 2015 y las decenas de miles de despidos en el sector público y el privado  pero no pudo ser contrastado con datos previos toda vez que la gestión del Indec del gobierno anterior, en el contexto de las denuncias por manipulación de datos de IPC y EPH, había decidido dejar de publicar esos datos desde el año 2013.

Para el oficialismo fue una oportunidad para ponerse a sí mismo una vara bien alta.

Con todo, según los datos de pobreza que elabora el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, durante el período que va desde enero a junio de 2016, 1,4 millones de personas habían caído en esa situación.

Por otro lado, e incluso con resultados más gravosos, el economista de la CTA Autónoma y director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyP), Caludio Lozano, señaló a Tiempo que «tenemos una estimación parecida. Nos da un 33% a diciembre de este año. Esto implicaría que, en el curso de este año, la pobreza aumentó casi 8 puntos porcentuales».

Por eso, según el exdiputado, «tenemos 3 millones de pobres más en el marco del derrumbe de la actividad económica y del salario que cayó un 12% además de una suba del desempleo, respecto del año 2015, de prácticamente un 50 por ciento». Otro elemento que destacó el economista a la hora de explicar el fenómeno es «el aumento de la informalidad laboral».

Las raíces del salto

Si bien es cierto que el solo dato que muestra que los productos de primera necesidad que componen la Canasta Básica Total, como los alimentos, el transporte y la energía, subieron por encima del valor general de la inflación, bastaría para que el fenómeno de la pobreza se desarrole, lo que realmente importa analizar son los ingresos de la población. En este punto existen diferentes datos oficiales que permiten confirmar la tendencia y que ratifican las proyecciones de los especialistas.

En primer lugar, el índice de salarios, a octubre de este año (último dato disponible)  indica que, en general, las remuneraciones se incrementaron en el período que va de enero a octubre un 21,58% cuando la Canasta Básica Total, en el mismo período, lo hizo en un 42,82 por ciento.

Pero si se tomara sólo el segmento del salario privado no registrado, presumiendo que abarca al sector más expuesto a la pobreza, el incremento en ese lapso apenas llegó hasta un 14,64%, consagrando una pérdida del poder adquisitivo de 24,5 puntos porcentuales para el sector en apenas diez meses del año.

Otro indicador válido para ratificar la profundidad del proceso es la referencia del salario mínimo vital y móvil (SMVM) que, además de impactar sobre los ingresos de medio millón de asalariados, oficia de pauta para establecer los montos de los ingresos que perciben los beneficiarios de los programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.

En este caso, durante todo 2018, el SMVM se incrementó un 18,94%, al pasar desde los $ 9500 de enero hasta los $ 11.300 de diciembre último. Mientras, en el mismo período, la Canasta Básica Total lo hizo en un 50,2%. El retraso consagró una pérdida del poder adquisitivo del haber mínimo con relación a la canasta de pobreza de 26,27 puntos porcentuales.

De hecho, en diciembre se necesitaron 2,25 haberes mínimos para reunir los ingresos necesarios para hacer frente a la CBT cuando en enero la relación era de 1,78.

Hace dos años, en enero de 2017, se necesitaban 1,65 SMVM para no caer en esa situación. De hecho, en los últimos dos años la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo con relación a la canasta básica asciende a un 36,5 por ciento.

Por último, los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del tercer trimestre de 2018 (último disponible)también reflejan un deterioro marcado de las condiciones de vida de la población.

Por caso, mientras la Canasta Básica Total para una familia tipo en septiembre de 2018 costaba $ 22.558, en el tercer trimestre de ese año un 40% de los hogares reunían ingresos por debajo de los $ 22 mil. El dato no refleja directamente una situación de pobreza porque la misma depende de la composición de cada uno de los hogares pero sirve a los efectos de una comparación.

Un año antes, mientras los bienes y servicios que componen la canasta de pobreza para una familia tipo costaban $ 15.451, el 40% de los hogares reunían hasta $ 18 mil por mes y el 30% llegaba a $ 15 mil.

Así las cosas, parece difícil que Cambiemos pueda prometer «pobreza cero» para las próximas elecciones sin caer en el ridículo. «

Organizaciones sociales se movilizan

Diversas organizaciones preparan medidas para enfrentar lo que perciben en los barrios de todo el país como un flagelo creciente

El llamado triunvirato de San Cayetano, compuesto por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), anunció la realización de asambleas conjuntas en todo el país para el próximo 30 de enero con el propósito de organizar una jornada de lucha nacional para el 13 de febrero en la que aspiran a reunir un centenar de miles de personas en la avenida 9 de Julio y otros puntos en todo el país.

Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, explicó a Tiempo que «termina un año muy malo con un 50% de inflación, aumento de la pobreza y consolidación del hambre. Nosotros no podemos esperar las elecciones. El gobierno tiene que tomar medidas hoy». El dirigente detalló que reclaman «un aumento de los planes de empleo acorde al poder adquisitivo y el fortalecimiento de los planes alimentarios. Exigimos la creación de un consejo de emergencia económica y social para evaluar el deterioro social que existe».

Por otro lado, el Polo Obrero junto al MTR, la otra fracción de Barrios de Pie y una decena de organizaciones sociales preparan medidas para el 30 de enero y el 7 de febrero. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, le dijo a este diario que en la primera de ellas se movilizarán a las secretarias de Transporte y de Energía. Luego, el 7 de febrero, impulsarán una jornada nacional de lucha en reclamo del aumento de los planes sociales al monto del salario mínimo vital y móvil, el aumento y la variedad de la partida de alimentos para los comedores, la apertura de los programas y la anulación de los tarifazos. Belliboni señaló que «el gobierno no se toma vacaciones. Queremos quebrar la tregua de la CGT y las organizaciones sociales del Vaticano, que permiten que el gobierno avance con el ajuste.
El año comenzó con tarifazos brutales luego de un 2018 en el que los trabajadores sufrimos una pérdida del poder adquisitivo de más de 15 puntos, mientras los especuladores financieros y los bancos ganaron fortunas en dólares».