En todos los sectores acuerdan con el trazo grueso: reducción del déficit fiscal y del tamaño del Estado. Ahora quieren reformas puntuales que, de concretarse, afectarían la recaudación.
La conformidad prácticamente atravesó al empresariado que, con excepción de sectores puntuales, como algunos de la industria, celebró el espíritu desregulador del DNU 70/23 y de la Ley Bases como el umbral de una nueva era, con niveles descendentes de intervención estatal en la economía y mayores oportunidades para los inversores del país y del mundo.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) es la entidad patronal que más claramente apoya el camino que propone la administración de Javier Milei, y proyecta una profundización de reformas, como la eliminación total del cepo y la reducción de los impuestos que pagan las empresas.
Esta semana, el titular de CAC, Natalio Grinman, aprovechó la reglamentación de la «Transparencia fiscal» (la discriminación del IVA en las facturas), para poner a la presión tributaria en el centro de la mira.
El empresario la definió como “una rémora para el crecimiento de las empresas, la generación de empleo y el progreso económico y social” a la que asoció a los gobiernos anteriores y dijo que “evidenciar la excesiva carga tributaria es el primer paso para una futura reducción”, en el camino de una reducción de los impuestos que pagan las empresas.
La posición de la CAC se sostuvo a pesar de la presión que ejerció en el humor del sector el derrumbe innegable de las ventas minoristas y mayoristas. La entidad, que relativizó el impacto de la política de Milei en el consumo y le tiró parte de la responsabilidad a la gestión anterior, destacó que existen ramas de la actividad que evidencian una posible recuperación.
El comercio mayorista agrupado en la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayorista (CADAM), hizo una defensa particular de lo que llamó “el éxito del plan macroeconómico y el anuncio de apertura de importaciones” del gobierno nacional. También agregó elogios para la derogación de la Ley de Góndolas, la política antipiquetes del Ministerio de Seguridad y las reformas introducidas en el marco de la Ley Bases.
Con la mirada en 2025, CADAM hizo votos por una salida rápida del cepo, por la eliminación de las trabas arancelarias y un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Asimismo pidió “motosierra profunda” sobre aspectos del costo laboral.
Ambigüedad industrial
Por el lado de la industria, hay ambigüedad. En general las empresas destacan la orientación política y económica del gobierno nacional, pero existe preocupación por la apertura importadora y las condiciones de las empresas locales para competir.
La la Unión Industrial Argentina (UIA) quiere que el gobierno intervenga en áreas como logística, transporte, comercio y financiamiento, a fin de reducir costos. Y con la cuestión tributaria también en el centro de la agenda, presentó el informe Presión tributaria, saldos a favor y problemas de competitividad, en el que analiza la superposición de los niveles del Estado y el impacto en la formalidad del sector.
El tema impositivo, además, tiene un lugar preponderante en el proyecto de ley de promoción de inversiones para pymes (el “Mini RIGI”).
La propuesta es del interés de la UIA, que ya le aseguró al Ejecutivo que hará gestiones con legisladores y gobernadores para asegurar su aprobación en el Parlamento. Pero Industriales Pymes Argentinos (IPA) y otras entidades reclaman que el proyecto no incluye el tema de los costos y consideran que no aborda el problema de la competitividad frente al exterior. «
La industria de la construcción fue la más castigada en el primer tramo del gobierno de Javier Milei, que congeló la obra pública y llevó -recesión mediante- a un enfriamiento de la obra privada y de los pequeños trabajos que suelen aportar dinamismo a la actividad.
Con los números de catástrofe del año en curso sobre la mesa, en el sector creen que este panorama se mantendrá en 2025.
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, observó que el estancamiento seguirá porque el objetivo principal del gobierno seguirá siendo el control de la inflación en el año de las elecciones legislativas.
En el caso de que se produzcan licitaciones, las inversiones no llegarán hasta 2026, calculó el empresario.
En el sector inmobiliario hay otra mirada y muestran que en 2024 hubo un 40% más de operaciones respecto al año anterior. Rodrigo Saldaña, de Oslo Propiedades, dijo a Tiempo que “si la economía continúa en recuperación el mercado cuenta con herramientas para consolidar un despegue definitivo”.
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