El gobierno nacional y entidades del sector agroindustrial iniciaron una nueva pulseada a partir de la decisión del Ministerio de Agricultura de impulsar saldos máximos exportables de maíz y trigo (que equivalen en los hechos a cupos) y de constituir fideicomisos con los cuales subsidiar el precio del mercado local.

Las medidas apuntan a separar el precio local del internacional, tanto del trigo como del maíz. Como todas las medidas intervencionistas que no van a la raíz del problema, estas también quedan sometidas a la buena voluntad de los integrantes de ambas cadenas de valor, los que ya amenzan con contraer la producción a la búsqueda de una mejor ecuación financiera.

Equilibrio

La fijación de “volúmenes de equilibrio”, por los cuales se otorgarán Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) hasta llegar al 90% del cálculo establecido para exportar, otroga previsibilidad a los productores, según el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, quien asegura que de esta forma evitarán las presiones de las cerealeras. Como con el conflicto de la carne, el gobierno apunta a separar a los productores de los intermediarios, los industriales y los exportadores. Juntos, forman las cadenas de valor del trigo y del maíz. Pero la realidad es que tienen intereses enfrentados: los pesos que gana uno se los saca al otro.

Para los productores de trigo y maíz, el gobierno juega para los exportadores, como lo hizo en el caso de la carne con el Consorcio ABC, que agrupa a las grandes firmas con ventas en el exterior. Y aseguran que al ralentizar el ritmo de aprobación de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de trigo, el precio que paga la industria y la exportación cayó un 7%; en el caso del maíz, el descenso sería del 10 por ciento.

Con ese contexto, el comunicado conjunto que emitieron las mesas del trigo y del maíz expresó algunas coincidencias básicas de las empresas que actúan en cada segmento, pero no pudo expresar cuestiones de más de fondo por estas contradicciones. Las dos cadenas se manifestaron en contra «de medidas intervencionistas o distorsivas en los mercados de producción, consumo y exportación». Y a reglón seguido, plantearon que quieren una reunión con el gobierno, algo sobre lo que no había consenso pero que es el único mecanismo de lobby conjunto que pueden expresar: «Las Mesas desean acercar a las autoridades Nacionales una serie de propuestas que incluyen desde la utilización de mecanismos de cobertura, financiación, y sobretodo propuestas para llegar a los sectores de bajos ingresos o desocupados a través de tarjetas de alimentos. Es por ello que las Mesas han solicitado una audiencia al Ministro de Agricultura, Dr. Julián Domínguez, así como al Secretario de Comercio, Dr Roberto Feletti», reza el texto. En Agricultura esperan poder concretar los encuentros en enero.

Fideicomisos

Por otro lado, el gobierno hizo trascender que aplicará sendos fideicomisos en las cadenas de trigo y maíz por los cuales los exportadores generarán para la compra de 3,13 millones de toneladas de trigo y 1,5 millones de toneladas de maíz, que se venderá a precios más bajos. Se trata de un mecanismo algo diferente al que se aplica con el aceite, pero que no pudo evitar que subiera más de un 70% en el año que va de octubre de 2020 al mismo mes de 2021.

Según los productores, los exportadores trasladan cada pérdida de ganancia al precio que le pagan al productor. En este caso, al aplicar un fideicomiso para subsidiar, con el aporte de la exportación, la compra de harina, fideos y pollo para los sectores de menores recursos, aseguran que el costo recaerá finalmente sobre sus espaldas. «

El gobierno nacional

El Plan Gan.Ar que anunciaron los ministros Matías Kulfas, de Desarrollo Productivo, y Julián Domínguez, de Agricultura, Ganadería y Pesca, prevé una línea de financiamiento por 100.000 millones de pesos a tasa bonificada, que estará vigentes para los productores ganaderos y la industria de la carne, a partir de febrero de 2022.
A pesar del beneficio, la Mesa de Enlace decidió no participar del lanzamiento como medida de protesta ante la aparición de la Resolución 276 que impone saldos máximos de exportación de trigo y maíz.
Los empresarios del sector rural están divididos en relación con la actitud a adoptar respecto del gobierno: hay autoconvocados que están pidiendo medidas, mientras las grandes empresas prefieren la calma.