Hay sectores que participaron de la redacción y otros que se quedaron afuera y buscarán cambios durante el tratamiento para sumar temas como el precio de la energía y de los insumos.
El texto, cuya fecha de tratamiento está en duda aunque las fuentes consultadas opinan que será en 2025, motivó el reconocimiento de entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que ya adelantaron su apoyo al proyecto. La UIA, en particular, se comprometió muy enfáticamente a mediar con los legisladores en forma directa y a través de los gobernadores de las provincias.
El presidente de la CAME, Alfredo González, destacó a Tiempo que la entidad fue una de las consultadas por los equipos técnicos del gobierno, y agregó que “en líneas generales” están de acuerdo con lo que se propone.
En cambio, el proyecto de ley cosechó cuestionamientos de asociaciones como Industriales Pymes Argentinos (IPA) y otras entidades representativas del universo pyme nacional.
Esa parte de la dirigencia también se lanzará a la danza de la rosca, pero arrancará algunos escalones abajo: a diferencia de la UIA y la CAME, aseguran que no fueron consultados para la redacción del proyecto de ley y tienen reclamos que ni siquiera están contemplados en la iniciativa que ingresó al Congreso el viernes.
En particular, el presidente de IPA, Daniel Rosato, aseguró a este medio que el proyecto del gobierno “no tiene contemplada la baja de costos a la producción, más allá de lo impositivo. Para generar trabajo la clave son los costos, especialmente el energético y el de los insumos difundidos, que son cruciales para competir”, señaló.
El secretario de Coordinación de Producción, del Ministerio de Economía, Juan Pazo, representó el miércoles al gobierno nacional en la 30° Conferencia Industrial de la UIA de la que se ausentaron el presidente Javier Milei y su ministro de Hacienda, Luis Caputo.
El faltazo se interpretó como un desaire de las autoridades en medio de la escalada con la industria por el estancamiento de la actividad y por la apertura importadora de las políticas de Balcarce 50.
Pero Pazo no fue con las manos vacías y llevó la novedad del proyecto de ley que ingresó al parlamento dos días más tarde.
Secundado por el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y por el presidente del evento y de la Unión Industrial bonaerense, Martín Rappallini, el funcionario reconoció que el texto “recepta muchas cosas que hablamos con ustedes sobre crecimiento y empleo” y argumentó que la incorporación de esos contenidos obedece a que el gobierno “escucha al sector privado sin prejuicios” (ver aparte).
Pazo destacó en primer lugar que el proyecto establece la creación de un régimen de incentivos a las inversiones productivas, que está inspirado en el RIGI pero sin la obligación de que la inversión supere los U$S 200 millones, para que la iniciativa “pueda tener una capilaridad mayor a fin de acompañar el desarrollo de proveedores de industrias”.
El proyecto que se presentó aclara que estará destinado a las empresas que realicen inversiones productivas en bienes de capital, tangibles e intangibles, inmuebles y obras de infraestructura, durante los dos primeros años de vigencia.
El monto mínimo de inversión será de U$S 150 mil para microempresas; de U$S 600 mil para las pequeñas; de U$S 3,5 millones para las medianas tramo 1 (en los términos de la Ley 24.467); y de U$S 9 millones para las medianas tramo 2. Para el resto de las empresas, aclara el texto, la inversión mínima será de U$S 30 millones.
Pazo hizo especial hincapié en la parte laboral y de fomento del empleo de la iniciativa, a la que definió como “la parte más importante” de todo el proyecto. En síntesis, dijo que el proyecto contiene “todo lo que estaba en el DNU 70 que se judicializó, excepto las cuestiones sindicales”. El funcionario enumeró los detalles de esa parte de la propuesta, lo que motivó a Funes de Rioja a alentar varias veces el aplauso del auditorio.
Cuando trascendió en los albores del gobierno de La Libertad Avanza que había manos empresarias redactando los artículos de las leyes que impulsaba el Ejecutivo para pasar la motosierra por la economía estalló un escándalo.
Un año después, la sensibilidad en relación al tema parece estar en niveles mínimos. Al menos es la sensación que quedó el miércoles en la 30° Conferencia Industrial de la UIA cuando el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, confió desde el palco que el proyecto de incentivo a las inversiones de las pymes contenía los aportes de la UIA que estaban contemplados en el DNU 70.
No está demás recordar que el estudio de abogados Brochou & Funes de Rioja estuvo en el centro de atención en los primeros días del gobierno libertario acusado de haber redactado los capítulos laborales del decreto judicializado y también de la llamada Ley Bases. Aunque el bufete lleva su apellido, el presidente de la UIA se desentendió públicamente del tema y remitió a los socios a cargo.
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