El plan del gobierno para recuperar la economía, entre el bolsillo y la macro

La oposición de derecha critica el hiperactivismo del gobierno como «puro humo» y asegura que, de última, solo es «plata en los bolsillos de la gente» para hoy y hambre para después de las elecciones de noviembre. Sin embargo, una atenta mirada a las medidas que impulsa el Poder Ejecutivo indica que muchas de las que ya se han puesto en práctica están dirigidas a «fomentar» o «estimular» la inversión de capital en distintas ramas de la producción de bienes y servicios. Lo mismo sucede con los compromisos que surgen de los proyectos de ley que ya se enviaron al Congreso. Otra cantidad de los anuncios ha estado dirigida, en efecto, al bolsillo de distintos fragmentos de la población, desde los sectores más vulnerables hasta los medios.

Pero existe una diferencia sustancial entre las medidas que están dirigidas hacia un sector y hacia el otro. Por caso, el proyecto de ley de fomento de la producción de hidrocarburos promete medidas tributarias que mantendrían su vigencia por 20 años. En tanto, el salario mínimo superará a la inflación solo si la carestía no se dispara en el próximo verano, antes del próximo aumento previsto para marzo de 2022.

Si bien se trata de extremos, la distancia entre una medida estructural y otra coyuntural grafica la diferencia entre la estabilidad que adoptan las iniciativas destinadas a las empresas y la volatilidad de aquellas que están dirigidas al bolsillo.

Chau pandemia

Una de las primeras medidas que adoptó el entonces flamante nuevo Gabinete fue la eliminación de buena parte de las restricciones a la movilidad y a la presencia de personas en lugares cerrados. La decisión era necesaria para poder llevar la reactivación económica a los sectores de servicios que aún no pudieron recuperarse, como la industria y el comercio de productos de consumo masivo.

La demostración de ello ha sido el éxito económico de este fin de semana extralargo, que llevó el impulso económico al sector turístico y de la gastronomía por primera vez desde la caída del segundo trimestre de 2020. Aún no hay cálculos de cuánta plata se moverá hasta mañana en el evento turístico más destacado del año después del último período vacacional estival, pero estimaciones del sector hablaban de más de 4 millones de personas circulando.

En la semana que inicia se procesará otra prueba de los efectos de las medidas que anunció el gobierno. El domingo que viene será el Día de la Madre, y de San Juan a Santa Fe, y de Resistencia a Trelew, los comerciantes anuncian la expectativa que tienen con las ventas. En ese sentido, desde el sector fabril se informa que hay una fuerte inversión y stockeo por parte de las grandes cadenas de supermercados y de electrodomésticos con vistas a esta fecha.

Si el resultado de las ventas es el esperado, contrastará con un consumo que hasta septiembre no había logrado repuntar del todo. Según los datos de ventas de comercios pequeños y medianos de CAME, las del mes pasado aún están un 10,3% por debajo de las de septiembre de 2019 en la medición a precios constantes.

Bolsillos flacos

La debilidad del consumo se explica por el retroceso enorme de la participación del salario en la distribución de la riqueza del país: en un año retrocedió casi cuatro puntos porcentuales según el Indec, lo que equivale a unos $ 600 mil millones de pesos que cada trimestre dejan de estar en los bolsillos de la gente.

Contra ese mar de dinero faltante, las propuestas del gobierno no dejan de ser islas de recursos. «Si los estímulos son limitados, los resultados también lo son: las sumas por única vez no resuelven el deterioro de los ingresos reales», advierte un informe de la consultora Abeceb, que promueve una salida liberal de la economía.

Según Abeceb, los efectos de estas transferencias de recursos y medidas destinadas al bolsillo «tienen rendimientos decrecientes» porque no revierten la caída socioeconómica estructural ni el excesivo endeudamiento de las familias. Por otro lado, los elevados niveles de inflación, aunque en leve descenso, también golpean la capacidad de consumo. A propósito, la asunción de Roberto Feletti en la Secretaría de Comercio Interior, en los hechos, el viceministro de Desarrollo Productivo, apunta a poner un pie encima de la inflación. Feletti ha sido muy crítico de la política económica del ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien adjudica haber realizado un fuerte ajuste fiscal para estabilizar las variables macroeconómicas a falta de dólares y crédito.

En este cuadro, el consumo masivo continuará reponiéndose desde niveles muy bajos por la mejora puntual en los ingresos. Las políticas de control de precios (Súper Cerca, Precios Cuidados) seguirán vigentes, aunque habrá que ver cuál es el plan de Feletti.

En un reciente informe, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) señaló que «el programa de reactivación debe ir acompañado de un programa de estabilización heterodoxo para atacar la inercia inflacionaria y avanzar en alternativas de ahorro para sectores informales que les permita cubrirse de la inflación sin necesidad de tener al dólar como única alternativa».

Buscando osadía

CESO pide cambios «osados» en la política económica: una fuerte intervención en la construcción, congelamiento de tarifas, precios y salarios (previa recuperación de lo perdido) e intervención cambiaria. Además, descree de la perspectiva exportadora de iniciativas como el programa de hidrocarburos o el de automóviles.

El gobierno, en cambio, apuesta a cambios de largo plazo en sectores productivos tocados por su política. Sin embargo, los analistas cercanos al establishment aseguran que no habrá inversiones hasta que el gobierno acuerde con el FMI, libere el mercado cambiario y modifique las regulaciones laborales y tributarias. Es decir, critican la poca plata que la política gubernamental derivará a los bolsillos de la población como desestabilizante de la macroeconomía y presionan por cambios neoliberales amparados en un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Las próximas semanas indicarán el resultado de la pulseada.

La AFIP ya recuperó $ 600 millones

La explotación de la información sobre cuentas financieras de argentinos en el exterior ya le permitió a la Afip recaudar más de $ 600 millones en impuestos evadidos. Además, existen unos 20 contribuyentes a quienes se les detectaron colocaciones financieras no declaradas en el exterior que perdieron los beneficios del blanqueo de 2016.

Los datos utilizados por el organismo para cobrar impuestos evadidos a empresas e individuos provienen de más de 90 países que comparten sus registros en forma automática como parte de un mecanismo global de intercambio de información sobre colocaciones bancarias.

A lo largo de los últimos dos años, la administración tributaria argentina comenzó a analizar en profundidad los reportes oficiales remitidos anualmente como parte de los mecanismos previstos por el G-20 y la OCDE para hacer frente al daño que producen las guaridas fiscales.

La Afip inició con el procesamiento de las bases de datos sobre cuentas de argentinos en el exterior correspondientes a 2016 y 2017. Después de analizar más de 1600 casos referidos a esos años, las distintas áreas del organismo identificaron irregularidades en 470, que permitieron recaudar los $ 600 millones en impuestos evadidos.

El organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont está investigando otras 1400 cuentas financieras que tienen inconsistencias con sus declaraciones juradas, que forman parte de un universo de medio millón de registros bancarios a estudiar.

LAS INICIATIVAS

Para las empresas:

Eliminación de las retenciones a las exportaciones de servicios.

Eliminación de las retenciones a las exportaciones incrementales de autos y autopartes.

Extensión de la moratoria fiscal para pymes.

Ampliación de diversas líneas de crédito para empresas.

Extensión del Repro.

Proyectos: de promoción de la inversión de hidrocarburos; de promoción de las exportaciones agroindustriales; de subsidios a las empresas que tomen trabajadores beneficiarios de planes sociales.

Para las personas:

Suba del piso del Impuesto a las Ganancias que pagan los asalariados.

Jubilación anticipada para los trabajadores con 30 años de aportes y que, faltándoles cinco años para jubilarse, se encuentran desocupados.

Subsidios al empleador que blanquea al personal doméstico.

Aumento del salario mínimo.

Aumento de las asignaciones familiares.